A pocos días de terminar el 2024 y en vísperas de Navidad, parece que el ‘regalo’ por parte del Gobierno para el país y los colombianos es una economía débil e inestable, producto de la mezcla de dudosas decisiones que crea un cóctel amargo en esta época decembrina y que empaña el panorama económico del 2025.
La presentación ante el Congreso de un presupuesto desfinanciado en $12 billones, que al no ser aprobado por el Legislativo será implementado por Decreto, sumado a un Proyecto de Ley de Financiamiento que lo único que busca es aumentar los impuestos en sectores clave para la economía colombiana, que podría tener efectos en el costo de la canasta familiar y, por tanto, en la inflación, son la combinación perfecta para este trago desagradable al paladar de la Nación.
Hace unas semanas J.P. Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, dejó en evidencia la desafortunada situación que enfrenta el país en materia económica, que nos tiene al borde de pasar de BB+ a BBB- con una perspectiva negativa para caer a la categoría ‘basura’ si así lo decide S&P. Esto se veía venir, pues en enero de 2024, esta misma calificadora de riesgo ya había ajustado la perspectiva de Colombia de estable a negativa, gracias a las débiles perspectivas de inversión y crecimiento, así como al aumento del déficit fiscal.
Recordemos que, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2024, el déficit fiscal podría llegar al 5,6% del PIB en 2024, mientras que el Banco J.P. Morgan estima que sea del 5,7% para finales de este año y del 5,4% para el siguiente. Esto, sumado al debilitamiento del peso colombiano, están llevando a una rebaja en la calificación crediticia del país.
¿Cuál es el impacto que sufriría Colombia si se rebaja la calificación crediticia?
La baja en la calificación por parte de las calificadoras de riesgos tendría implicaciones macroeconómicas significativas para el país. Primero, aumentaría el costo de financiamiento, ya que los inversionistas exigen mayores tasas de interés para compensar el alto riesgo percibido. Segundo, devaluaría la moneda debido a una menor confianza de los mercados internacionales, incrementando el costo de importaciones y presionando la inflación. Y finalmente, reduciría el atractivo del país como destino de inversión extranjera, limitando el flujo de capitales necesarios para impulsar el crecimiento económico y proyectos de desarrollo.
Adicionalmente, un mayor déficit fiscal que, como lo pronostica el Banco J.P Morgan, de llegar al 5,7% del PIB al cerrar el 2024, traería grandes riesgos fiscales y aumentaría la incertidumbre sobre el incumplimiento de la Regla Fiscal. Esto, a su vez, generaría mayores presiones sobre el riesgo del país, afectando, como lo mencionamos anteriormente, la inflación que se traduce en reducir el poder adquisitivo al debilitarse la moneda nacional, además de generar más dependencia del financiamiento externo y el incremento en la carga de la deuda pública.
En palabras sencillas, este desalentador escenario no solo afectaría al ciudadano de a pie, sino al sector privado impactando la seguridad de los inversionistas, la producción, la generación de empleo, así como el crecimiento y la competitividad de las empresas nacionales.
La situación financiera de Colombia también ha sido evaluada por la calificadora Fitch Ratings y aunque mantiene la calificación en BB+ con perspectiva estable, no titubeó en prender las alarmas sobre la estabilidad fiscal del país, lo que le indica al Gobierno que ‘el sol no se puede tapar con un dedo’ y creer que a punta de un bloque de reformas apresuradas se va a consolidar y arreglar la situación económica del país.
Más allá de la rebaja en la calificación crediticia que sin duda es alarmante, esta situación nos pone de cara a la realidad: la fragilidad y desgaste de las finanzas públicas frente a la escasa capacidad del Gobierno para enfrentar las dificultades económicas del país que, de seguir así, dentro de poco podría estar en cuidados intensivos.
Es urgente que se adopten medidas para evitar mayores afectaciones a futuro, que nos permitan como nación superar los retos fiscales, que sean sostenibles en el tiempo, que den como resultado una estabilidad económica con un ambiente favorable para las inversiones y el desarrollo productivo y que, a su vez, incentive la generación de empleo.
Por ahora, lo cierto es que Colombia cada vez más pierde su credibilidad económica y financiera, patrocinada por las decisiones de la actual administración que nos regalará a los colombianos una Navidad opacada por el incumplimiento de la meta en la regla fiscal del 2024 y nos entregará un Año Nuevo lleno de incertidumbre en este aspecto, en el que se prevé su repetición.
