La situación en el Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la violencia en Colombia, sigue deteriorándose rápidamente, y la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta sobre el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales en la zona. En su último informe, la entidad destacó que, de las 112 personas que han dejado los grupos armados, al menos 20 de ellas son adolescentes, algunos de los cuales fueron recuperados por organizaciones sociales, mientras que otros decidieron desmovilizarse.
El Catatumbo, escenario de enfrentamientos continuos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, se ha convertido en un punto crítico de la crisis humanitaria que afecta a miles de personas en la región. De acuerdo con el informe de la Defensoría, 90 de las personas desmovilizadas hasta el momento eran parte del ELN, lo que refleja la intensidad de los combates y la prevalencia de este grupo en la zona.
El reclutamiento forzado de menores sigue siendo uno de los aspectos más alarmantes de este conflicto, lo que ha llevado a la Defensoría a exigir a los grupos armados que cesen inmediatamente esta práctica y permitan la desvinculación de los menores de edad involucrados. Además, la entidad calificó los enfrentamientos entre estos grupos ilegales como una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario (DIH), pues se han convertido en un irrespeto generalizado por las normas que protegen a la población civil.
Desplazamiento y confinamiento: cifras alarmantes
La crisis humanitaria se agrava con las cifras actualizadas de desplazamiento forzado. Según el último reporte del PMU (Puesto de Mando Unificado) de la Gobernación de Norte de Santander, ya son 47.084 las personas desplazadas debido a la violencia en la región, y el número sigue aumentando cada 24 horas. Además, más de 23.757 personas permanecen confinadas en sus hogares, especialmente en el municipio de Tibú, donde las comunidades enfrentan dificultades extremas para desplazarse debido al control territorial de los grupos armados.
Las Naciones Unidas, a través de su Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), también ha actualizado las cifras, señalando que más de 41.000 personas han sido desplazadas en la región y que alrededor de 12.520 siguen confinadas en sus viviendas, sin acceso a ayuda humanitaria ni a servicios básicos. La situación es particularmente grave en las zonas rurales más alejadas, donde el acceso de las autoridades y organizaciones humanitarias sigue siendo limitado.
Víctimas fatales y cuerpos sin recuperar
Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han dejado un saldo devastador de entre 60 y 80 muertos, según los conteos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander. Sin embargo, debido a la inestabilidad en las zonas rurales del Catatumbo, solo se han podido recuperar 41 cuerpos hasta el momento. La situación en estas áreas sigue siendo extremadamente peligrosa, lo que impide el acceso de las autoridades y dificulta las labores de rescate y asistencia humanitaria.
