A inicios de este mes fue noticia en el mundo la interrupción del embarazo de una niña de 11 años en Bolivia. Una pequeña que previamente habría sido violada por su abuelastro de 61 años en el municipio de Yapacaní, a quien sus padres dejaban a cargo de su cuidado por sus frecuentes viajes laborales. Esta situación abrió un debate, y hasta cierto punto se puede decir que una herida, en uno de los países de Latinoamérica con más casos de violaciones a menores y embarazos tempranos.
La niña en cuestión, a quien se le descubrió en su momento que tenía más de 20 semanas de embarazo, extendió por medio de su madre una solicitud para realizar una Interrupción Legal del Embarazo, que en ese país cubre legalmente los casos de incesto, riesgo de salud para la madre, violación, estupro, malformación del feto y aquellos en los que la embarazada sea una niña o adolescente.
Sin embargo, de la letra al hecho hay mucho trecho. Luego de haber realizado la solicitud y de incluso empezar el proceso de interrupción, la presión social por parte de organizaciones religiosas y “pro vida”, así como de varios medios locales, terminaron haciendo desistir a la madre de la niña. Acto seguido, fue conducida a una casa de acogida religiosa y luego, tras toda una serie de acciones legales contra la iglesia, se confirmó que la menor logró interrumpir exitosamente el embarazo.
Aún así, el hecho de que el proceso de la niña haya estado tan lleno de trabas fue algo que generó malestar tanto internamente como a nivel global. La ONU, por ejemplo, no demoró en recordar que “someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura” y que es obligación del Estado garantizar el acceso oportuno a información y orientación científica para la toma de la decisión, así como procurar que la niña o adolescente esté lejos de presiones sociales que la pueden llegar a revictimizar.
El caso de Yapacaní es uno más de los cientos que se registran en dicho país sudamericano. En abril pasado el Ministerio Público boliviano denunció, solo por poner una cifra, que durante 2020 ocurrieron 1.308 violaciones de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como 51 infanticidios. Situación que en 2021 parece no ser mejor, teniendo en cuenta que para entonces la cifra de “vejámenes” contra la niñez ya alcanzaba los 800, según el Ministerio de Justicia.
De igual manera, el “Informe Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en la Adolescencia” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), señala que durante la cuarentena y hasta el 15 de abril de 2020, se registraron en Bolivia 33 casos de violaciones a menores de edad, así como el porcentaje de hijos deseados y planeados entre mujeres de 15 a 19 años roza apenas un 35%.
Esa misma entidad, señaló el mes pasado una situación todavía más preocupante: en este país se registraron un promedio de seis embarazos por día en menores de 15 años durante 2020, para un total de 39.999 (sin tomar en cuenta el subregistro de todas aquellas mujeres que, sea por la razón que sea, no accedieron a los servicios de salud y control).
Esta situación es todavía más grave cuando se tienen en cuenta las implicaciones de un embarazo de este tipo en una sociedad de corte tradicional como la boliviana. El medio local Urgente señala, por ejemplo, el caso de una niña del área rural de La Paz que quedó embarazada tras ser violada por uno de sus vecinos y luego fue obligada a vivir junto a su agresor.
“Dejando a un lado la mirada urbana, tenemos que hacer un análisis de lo que ocurre en el área rural, ahí se normaliza (el abuso sexual), cuando una niña resulta embarazada, la comunidad hace que la niña sea entregada al agresor porque la familia debe tener limpia la honra”, indicó al medio Carla Gutiérrez, directora del Centro Gregoria Apaza.
Embarazo no deseado en Colombia
Colombia no está al margen de toda esta situación. Según el informe del Unfpa, en este país el 35% de hijos de mujeres entre los 15 y 19 años de edad son deseados y planeados. A esto hay que sumar el reporte de septiembre del ICBF, que señaló que, para entonces, la entidad había “abierto más de 9.927 procesos para restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”, de los cuales 85.4% corresponden a casos relacionados con el sexo femenino.
Asimismo, el ICBF asegura que entre enero y julio de 2021 se abrieron 227 procesos de protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, de los que un 86% corresponden a niñas y adolescentes.
Además, el informe arroja un dato contundente: “Las niñas y las mujeres gestantes representan el 51% de la población atendida en las distintas modalidades para la Primera Infancia, esto es: 799.045 niñas y 48.900 mujeres gestantes beneficiarias”.
Tras de ello, las cifras de abuso sexual a menores dibujan un panorama cada vez más incierto para la niñez, en medio de una realidad no tan distinta a la boliviana. En una ciudad principal como Bogotá, por ejemplo, se registraron durante el primer semestre de 2021 un total de 3.012 niños y niñas víctimas de violencia sexual, de las cuales un poco más del 82% fueron niñas.
De igual manera, el país tuvo que sorprenderse con noticias como la niña de 10 años del Tolima que dio a luz a su bebé en 2020, fruto de la violación continuada que sufrió desde los ocho años por parte de dos hombres, entre ellos su padrastro. Una confirmación de las estadísticas que sitúan a la mayoría de victimarios de violencia sexual dentro de los círculos más cercanos de las víctimas.
Otro caso, más reciente, fue la niña de 12 años que se descubrió estaba embarazada por una golpiza propinada por su agresor, de 28, con quien presuntamente llevaba una relación sentimental. Un síntoma de una situación que se recrudece y sigue dejando en entredicho los derechos de la niñez en Colombia y el mundo.
