Un informe del programa Los Informantes, de Caracol, ha dejado en evidencia el desgarrador testimonio de decenas de indígenas que a diario se reúnen en el relleno sanitario de Puerto Carreño para buscar algo de comida. Una denuncia que, en el fondo, se extiende a las problemáticas sociales más profundas de Colombia: desnutrición y prostitución infantil, olvido estatal frente a los pueblos originarios, pobreza extrema, desplazamiento y ni mencionar las implicaciones sanitarias.
Como una burbuja aparte, mientras el mundo se preocupa por el covid-19, desde altas horas de la madrugada los indígenas del pueblo Amorúa se amontonan y hasta se pelean cuando ven llegar el camión de la basura. Las imágenes de Los Informantes, dan cuenta de cómo familias enteras se trepan en aquellos monstruos de metal para ser los primeros en coger algún tesoro que a alguien se le haya pasado. Y se dice tesoro porque lo que para algunos fue un desecho, para estas familias significa poder llevar comida a su familia.
“Encontré unos pedacitos de pan para poder alimentar a mi familia, los que están allá en la casa y este arrocito que me encontré (también) es para llevarlo a la casa. Para todos los que quedaron allá”, muestra a las cámara Alirio García, un indígena de edad avanzada, orgulloso del hallazgo que literalmente carga en bolsas de plástico.
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En medio del oscuro panorama, aparece una situación todavía más preocupante: decenas de niños a la deriva, seleccionando sus alimentos y los de sus familias entre los desechos, sin cubrebocas y condenados al olvido de las autoridades locales y nacionales. De por sí, una de las niñas a las que los periodistas entrevistaron, manifestó que llegó a Puerto Carreño desplazada por la guerrilla desde el lado venezolano de la frontera. Otro, no dudó en lamer un paquete de comida vacío que encontró entre la basura.
“A mi me querían agarrar y yo le dije que no, que yo no podía entrar porque yo soy una mujer y no quiero estar matando gente por ahí. A mi me da miedo eso y a mi papá casi lo matan por culpa mía”, una relato profundo, que se suma a la historia normalizada de un país en el que los niños muchas veces son obligados a madurar por la fuerza.
El denuncio del programa rápidamente generó una ola de indignación tremenda, entre otras cosas porque en el reportaje se mencionó que medios locales y la cabilda gobernadora Henny Gutiérrez, han hecho eco por mucho tiempo sobre la situación mientras las autoridades no les ponen atención y guardan absoluto silencio.
“Los niños están muriendo por desnutrición, habían tres casos de niños que murieron porque les daban unas diarreas crónicas (...) Me cansé de golpear puestas en Gobernación y Alcaldía, nadie hace nada, todo el mundo se muestra indolente”, manifestó Gutiérrez al medio.
Lo cierto es, que la ola de indignación no es para menos, teniendo en cuenta que las únicas alternativas para estos niños (en su mayoría indígenas o inmigrantes) es recoger alimentos entre la basura o recurrir a la prostitución, como quedó evidenciado en el recorrido por el malecón de Puerto Carreño de Los Informantes.
Sin embargo, lejos de ser un hecho aislado, esto corresponde a una línea de Gobierno que desde hace años (mucho más allá del mandato actual) invisibiliza a sus grupos originarios, los deja a la deriva de la guerra y no propone de forma oportuna proyectos productivos que les permitan alcanzar su soberanía alimentaria. Eso, al tiempo que internacionalmente el país suele jactarse de su riqueza étnica y cultural.
Un ejemplo entre muchos, es el niño indígena ambientalista asesinado recientemente en Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Un menor de edad de apenas 14 años que paseaba junto a su padre por la vereda cuando fue alcanzado por las balas de esta guerra ciega, sorda y muda. El hecho incluso mereció el pronunciamiento del presidente Iván Duque, que ha señalado en varias ocasiones la protección de los líderes ambientales como una prioridad de su mandato.
No obstante, es muy difícil creer en estas promesas de protección cuando los casos de asesinatos a líderes sociales e indígenas se suman a diario. Pero no solo eso, sino que como bien dijo la cabilda gobernadora en el reportaje, mientras a algunos indígenas los asesinan con armas a otros los condenan a morir por desnutrición. Si no, ¿cómo explicar los 32 niños wayuu que según Human Right Watch murieron en 2021 por no tener qué comer?