El candidato de la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, atraviesa un momento difícil en su imagen por cuenta de una revelación de la Silla Vacía en la que se confirmó que en 1995 fue destituido en segunda instancia como concejal de Piedecuesta por la Procuraduría. Los hechos por los que se le acusó en aquel entonces, fue haber suscrito un contrato con el municipio por 30 millones de pesos (unos 4,3 mil millones de pesos actuales).
La situación se remonta a la elección de Hernández como concejal de Piedecuesta para el periodo de 1990 a 1992, puesto al que no llegó a posesionarse, sino que en cambio mandó una excusa al alcalde manifestando que le era imposible asistir a las sesiones y en cambio pidió que se le permitiera ejercer a su suplente, el señor Alex Humberto Díaz Castrillón. Por esta razón, para la Procuraduría Hernández si poseía investidura como concejal y “podía estar interviniendo en las decisiones del Consejo a través de su suplente”.
De acuerdo con el documento revelado por la Silla Vacía, siendo concejal y gerente de su firma constructora Hernández Gómez y CIA Ltda, Rodolfo Hernández sostuvo “contratos con entidades oficiales y con el municipio de Piedecuesta, violando así disposiciones legales”.
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“Suscribió con el municipio de Piedecuesta un contrato de obras de beneficio comunitario como pago anticipado de los impuestos de la delineación y urbanismo y predial, por un valor de 30 millones de pesos”, señala el documento de la Procuraduría.
Para la defensa de Hernández en su momento, que apeló la decisión de la entidad, el ingeniero nunca ostentó la calidad de concejal y renunció a la “investidura conferida” en julio de 1992 “con el fin de que pudiese el siguiente de la lista ocupar dicho cargo”. Mismo año del final de su periodo y un año después del acuerdo alcanzado.
“Concluye diciendo que su defendido no celebró contrato con obra pública propiamente dicho, como fruto de un proceso de contratación efectuado por parte de la Administración municipal, sino que se acogió a una forma de pago del impuesto de delineación y urbanismo, autorizada por el acuerdo 071 de diciembre 6 de 199”, manifiesta la resolución, refiriéndose a los argumentos de la defensa.
No obstante, la Procuraduría probó que el mencionado acuerdo “tiene las características de un verdadero contrato (...) toda vez que uno de ellos, (el contratante) se comprometía para con el otro (el contratista) a pagarse anticipadamente de una suma determinada por concepto de impuestos y a cambio recibía del contratista una serie de obras de servicio comunitario”. Eso, además de considerar que el acuerdo fue “hecho exclusivamente para favorecer los intereses del acusado” por la diferencia de apenas seis días entre la vida jurídica del beneficio y la firma del convenio con Hernández.
¿Una mentira en campaña?
En todo caso, lo que resulta llamativo de todo esto no el hecho como tal, sino que el ingeniero Rodolfo Hernández ha manifestado en medio de su aspiración presidencial que nunca ha contratado con el Estado. De por sí, en su página web oficial asegura que en “43 años de experiencia laboral, empresarial y profesional no ha tenido contrataciones con el estado”. Algo que quedaría desmentido con esta revelación.
De este hecho, aunque poco se ha hablado y Rodolfo Hernández jamás lo ha mencionado, existen registros de prensa locales que confirman la veracidad de la sanción y el impacto que tuvo en su momento. Así, se logra apreciar en el siguiente artículo de Vanguardia Liberal, escrito cuando se confirmó en segunda instancia su destitución como concejal.
En medio de todo esto, resulta también interesante que en ninguna página oficial de campaña destaque haber sido elegido como concejal de Piedecuesta (incluso si no ejerció). De acuerdo con lo que pudo confirmar la Silla Vacía, para Hernández este no sería un puesto de interés pues considera que “el que manda es el Alcalde”.
El medio también asegura que Rodolfo Hernández ya había sido concejal de Piedecuesta por allá en la década de los 70s “porque se lo pidieron algunos políticos del Partido Liberal”. Constructor insignia del municipio, el ingeniero resultaba de gran atractivo político para las fuerzas políticas locales.
No obstante, de ahí nacen un par de preguntas: ¿Acaso la frase “porque se lo pidieron” es una razón válida para postularse a un puesto de elección popular que puede tener incidencia en la vida de los ciudadanos? ¿Qué pasó en 1990, otro favor? ¿Qué otros favores ha realizado?
Por ahora se desconoce reacción alguna de Rodolfo Hernández frente al tema y es probable que así se mantenga. Sin embargo, lo que sí queda demostrado es que a comparación con lo que ha afirmado, el ingeniero sí ha tenido relaciones contractuales con el Estado y además en una época en la que ostentaba un cargo público. De esta manera, se suma una destitución hasta ahora desconocida al historial de sanciones disciplinarias de Hernández, que incluyen dos en segunda instancia por la cachetada al exconcejal John Claro y otra en 2019 por presunta participación en política (que derivó en su salida de la Alcaldía).
