Una discusión de grueso calibre se generó entre la ciudadanía al conocerse que la Alcaldía de Bogotá emitió nuevas normativas con la finalidad de combatir la inseguridad, entre estas, la prohibición del parrillero en las motos de domiciliarios y, de inmediato, los directos afectados se pronunciaron a través de las redes sociales.
Desde Rappi, por ejemplo, expresaron que la criminalidad no es responsabilidad de sus colaboradores y que las estrategias para combatirla no deben desencadenar en "discriminación y señalamientos injustificados", pues consideran que las recientes medidas estigmatizan a sus repartidores.
"Nos sentimos orgullosos de poder ofrecerle oportunidades de generación de ingresos a un amplio y diverso grupo de personas a través de nuestra plataforma y hacemos un llamado para que situaciones lamentables como las que se han hecho públicas esta semana, que no comprometen a ningún repartidor, no se conviertan en motivos de xenofobia, discriminación o señalamientos injustificados", señaló la compañía colombiana a través de un comunicado.
Además, aclaran que a pesar de su inconformidad van a acatar las normas de la Administración Distrital y están dispuestos a colaborar de manera permanente con todas las autoridades.
Sin embargo, advierten que cada colaborador que hace parte de su empresa ha pasado por rigurosos filtros de verificación por parte de expertos en el tema, con lo cual reiteraron que los hechos delictivos son llevados a cabo por criminales y no por sus repartidores.
"Quienes llevan a cabo estas acciones atentando contra la vida y la integridad de la ciudadanía son delincuentes y no repartidores, que se aprovechan del uso y los distintivos de diferentes marcas para camuflarse, engañar a las autoridades y cometer actos criminales que deben ser rechazados, condenados y judicializados con todo el peso de la ley".
Kienyke.com consultó la opinión de dos repartidores de la ciudad que no están de acuerdo con la norma, pues dicen que es poco efectiva y tendrá el mismo futuro de las restricciones al parrillero para motociclistas que ha tenido en anteriores ocasiones la capital:
"Yo llevo y recojo a mi esposa todos los días en su trabajo y de ahí sí salgo a hacer mis labores. Pero ahora resulta que ella va a tener que usar un transporte que la demora el triple y en el que hay mayor riesgo de contagio de Covid-19. Todo esto mientras yo tengo un puesto libre en mi moto", aseveró Hernando Justinico, ciudadano extranjero que encontró en los domicilios una salida económica a la crisis de la pandemia.
"¿No se supone que ya estaba demostrado que la restricción del parrillero no era una medida inservible? Por algo también la quitaron al poco tiempo de haberla puesto en Bogotá para combatir los hurtos y los fleteos. Es injusto que vuelvan a restringir el uso de algo que muchos compramos para trabajar y movilizar a nuestras familias", agregó Óscar Silva, estudiante universitario y trabajador de una de las aplicaciones que operan actualmente en el mercado colombiano.
Y es que como lo mencionó Silva, una investigación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes, analizó el impacto de medidas restrictivas impuestas a motociclistas entre 2010 y 2018 en cinco ciudades –entre ellas Bogotá–, y reveló que la restricción a parrillero no reduce el crimen.
Cabe mencionar que el decreto con el cual se oficializa la nueva normativa se emitirá el 13 de marzo y entrará en vigencia inmediatamente, como respuesta a los recientes hechos criminales ocurridos en Bogotá y que involucran a delincuentes disfrazados de domiciliarios.
