El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, habló con Kienyke.com sobre los actuales intentos del gobierno nacional para cumplir la promesa de campaña de liberar a los jóvenes de la Primera Línea que han sido procesados por la justicia por temas relacionados con la protesta social. Un proyecto que, según el jurista, no es viable con el estado actual de la propuesta.
Cabe recordar que el pulso por esta situación se está dando en medio del avance del proyecto de “paz total” del gobierno, dentro del cual se buscaba inicialmente incluir dos artículos: uno que le diera la capacidad al gobierno para nombrar gestores de paz y convivencia a manifestantes procesados por delitos relacionados con el ejercicio de la protesta y otro que lo facultaba para otorgar indultos directos a personas condenadas. Ambos artículos ya se cayeron.
Para Bernate, la cosa se divide en dos: mientras por un lado opina que es buena idea integrar a los jóvenes procesados en la mediación de los estallidos sociales, también considera que en este momento no existe ningún mecanismo jurídico que permita llevarlo a la práctica e incluso ve en el tema de indultos la creación de un poder que podría transgredir la separación de poderes.
“No se ve viable el indulto, no se ve viable la amnistía. No es un solo plumazo el que va a permitir que se abran las puertas de la prisión para estas personas. El único legitimado para conceder amnistías o indultos en Colombia es el Congreso, y para hacerlo requiere una mayoría calificada (...) En Colombia los indultos no los da el presidente”, señaló el penalista.
De acuerdo con su visión, uno de los grandes problemas con el tema de los indultos a dedo y el nombrar a la Primera Línea como gestora de paz es que se abriría la puerta a que el Gobierno desconozca decisiones judiciales, irrespetando el equilibrio de poderes, cuando el camino real para no tener una percepción de impunidad es o bien utilizar los mecanismos ya existentes para lograrlo o tramitar una iniciativa legislativa que abra las puertas a nuevas medidas de aseguramiento.
De acuerdo con el abogado penalista, el problema de que un miembro de la Primera Línea o un manifestante sea nombrado como gestor de paz y convivencia, dejando de lado momentáneamente sus órdenes de captura o medidas de aseguramiento, es que no existe en este momento un mecanismo que lo permita. Aún cuando el senador Bolívar, uno de los defensores de esta medida, señala que en el pasado se usó un modelo de mediación similar con miembros de grupos armados como las FARC o el ELN.
Para Francisco Bernate en este caso el problema es más que todo conceptual, ya que al aplicarle un modelo similar al utilizado con estos grupos, se le estaría dando un valor de interlocutor como si fuese un grupo delincuencial. Un mensaje que sería contradictorio a lo que busca el gobierno y que, además, podría abrir la puerta a que el modelo empiece a ser utilizado o solicitado por el resto de la criminalidad.
“Se pueden suspender las órdenes de captura, se puede establecer con la legislación vigente un proceso de diálogo. El problema no es tanto práctico, es conceptual ¿Le está dando el senador Bolívar el mismo nivel de interlocución a la Primera Línea que a las Farc, que al ELN, que a lo que ahora se pretende hacer con las disidencias y demás? Si se le quiere dar ese nivel de interlocución, que es el que corresponde a grupos delictivos organizados, pues eso tiene un mensaje que puede ser contradictorio”, señaló Bernate.
Además, precisa que no existe cosa tal como una facultad para indulto presidencial. Tampoco para nombrar gestores de paz y convivencia a manifestantes de la Primera Línea pues en todo caso, si se sacara adelante una modificación al código de procedimiento penal, esto derivaría en la creación de una nueva medida de aseguramiento que igualmente pasaría por la revisión de un juez para que se pueda asignar.
¿Son delitos políticos los cometidos por la Primera Línea?
Uno de los debates que siempre ha girado en torno al tema de la Primera Línea y la liberación de sus miembros procesados por numerosos delitos, es si estas conductas deberían o no entenderse en el marco de una lucha política. Un hecho que Francisco Bernate considera por completo erróneo, ya que existen muchos procesados que bajo ninguna revisión podrían justificarse como conexos con una lucha por cambiar el status quo.
Frente a ello, pide mantener la claridad de que los delitos políticos están exclusivamente relacionados con “la rebelión, la sedición y la asonada (...), que tienen la finalidad de impedir que las autoridades actúen o el normal desarrollo de las instituciones”. Mientras que, por otro lado, son conexos delitos como, por ejemplo, el porte ilegal de armas; es decir que no aplica para los miembros de la Primera Línea, generalmente “procesados por delitos como daño al bien ajeno, violencia contra servidor público, daño al bien ajeno agravado por ser cosas públicas, obstrucción de vías públicas y demás”.
“Aquí no estamos hablando de delitos políticos, sino de delitos comunes. ¿Qué de delito político tienen, por ejemplo, romper un comercio que abrió sus puertas ese día? ¿Qué de político tiene que una persona se muera en una ambulancia?¿Qué de político tiene golpear a palo a un policía? Yo creo que se están buscando caminos que no son los más adecuados”, añadió.
Así las cosas, pensar en una amnistía para la Primera Línea se ve como algo completamente inviable para Bernate. Incluso darles el rol de interlocutores podría ser un error sin un debido manejo con lupa, ya que Bernate piensa que puede abrir una puerta que ni el mismo gobierno quiere abrir: “que la ley de paz total termine siendo aplicable a fleteros, apartamentos y grupos de criminales”.
Según él, en aras de proteger la legitimidad del poder judicial y de garantizar un camino que no de sensación de impunidad, se debería hacer vía iniciativa legislativa o iniciando un proceso de diálogo con los mecanismos ya existentes, involucrando interlocución de las víctimas de los delitos por los cuales son procesadas estas personas.
“Puede sentarse el Gobierno Nacional, la Fiscalía, un representante de las víctimas, que puede ser la Andi, que puede ser Fenalco, que puede ser cualquiera de estas entidades y hagan un proceso de mediación donde haya una reparación a aquellos comerciantes que se vieron afectados, a los policías que se vieron afectados y se aplique, por ejemplo, un principio de oportunidad en el que se termina el proceso, la persona recupera la libertad, pero no queda el mensaje de impunidad”, propone Bernate.
En ese sentido, sopesa que para que esto (que considera una buena idea) pueda llegar a buen término, es necesario no olvidarse del carácter dual de esta problemática. Velar por los derechos tanto de los manifestantes de la Primera Línea como de las presuntas víctimas de actos de violencia en la protesta, garantizando reparación para todos los actores.
