En el Senado de la República se encuentra radicado un proyecto de ley que vuelve a poner sobre la mesa un debate médico global sobre la salud sexual, específicamente en lo relativo a la identidad de género y la libre autodeterminación sexual, partiendo también del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad.
En resumidas cuentas, se trata de una iniciativa de los conservadores Oscar Mauricio Giraldo (senador) y Luis Miguel López (representante), que busca prohibir las cirugías de afirmación de género y las terapias hormonales en menores de 18 años, entre otras cosas porque aseguran que la estadística de la Asociación de Psiquiatría da cuenta de que los niños y jóvenes que manifiestan disforia de género “lo superan al llegar a una edad adulta”. Un libro de 2013, lo que es un dato importante para entender el problema de fondo del proyecto.
Resulta pues que en el resumen conceptual del documento, los congresistas señalan que la disforia de género “es un trastorno mental que se presenta en un término de seis meses que consiste en una marcada incongruencia entre el sexo que el individuo siente o expresa y el que se le asigna”.
El problema parte de que, para sustentar a la disforia de género o transexualidad como trastorno mental, los congresistas conservadores citan el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, que es de 2013. Anterior a la disposición de la Organización Mundial de la Salud, que en 2018 retiró a la disforia de género de la lista de trastornos mentales y la incluyó como una “condición relativa a la salud sexual”.
Dicho cambio se hizo para la onceava versión de la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-11), donde la transexualidad fue reconceptualizada como “incongruencia de género”, orientada más hacia un problema de carácter físico que debe ser solventado desde la salud pública ofreciendo los servicios necesarios para que el individuo pueda “reafirmar” su género. La anterior versión, la CIE-10, cabe mencionar que a su vez fue pionera en retirar la homosexualidad de la lista, aunque mantuvo desde 1990 la transexualidad como un padecimiento mental.
Así las cosas, esa nueva forma de ver las cosas no está alineada ni con el objeto del proyecto de ley ni con sus conceptos, que es anterior a la decisión de la OMS. Ambos, esgrimidos en el texto de la iniciativa, sin anotar que no hacen parte de un mismo marco conceptual, sino que en realidad lo de la OMS se considera una decisión de avanzada para reducir la victimización de la población trans y garantizar su acceso a una salud digna.
Además, como si no fuera suficiente, un último capítulo del proyecto pretende contemplar a las personas que han accedido a estos procedimiento como “víctimas sometidas a la reafirmación de género”, instando al Estado a actualizar el Plan Obligatorio de Salud para incluir un protocolo de reversión de sus efectos.
Transexualidad, derechos y menores de edad
El argumento en específico de los congresistas conservadores apunta a la población menor de 18 años, en cuanto que consideran erróneas varias decisiones de la Corte Constitucional que en su momento fallaron a favor de los derechos de algunos menores, garantizando su acceso a terapias de hormonas y cirugías de afirmación de género.
Para ello, citaron un caso de 2017 en el que un menor de 17 años al que, incluso recibiendo tratamiento hormonal, se le habría negado su cambio de sexo en el registro civil. En su fallo, el máximo tribunal terminó apoyando al denunciante, lo que para los legisladores es “preocupante” al considerar que no existe regulación para la realización de estos procedimientos en menores de edad (denunciando la falta de una ley de género) y citando el mencionado manual de psiquiatría de 2013 que asegura que una gran mayoría de menores termina desistiendo de su disforia de género.
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Sin embargo, evita el mencionado proyecto ahondar en estadística alguna sobre personas que, ante la presión social, médica o familiar, terminan reprimiendo su identidad sexual y de género. En muchos casos derivando en problemas mentales que sí siguen en el manual de la OMS como la depresión y generando muchos más problemas a la larga. Incluso revictimizando a las personas, por ejemplo, con las mal llamadas “terapias de conversión” que nacen de relacionar la identidad con la salud mental.
Vea acá una entrevista sobre el tema con el exrepresentante Mauricio Toro y Danne Aro, víctima de las “terapias de conversión” y directora del Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans:
De hecho, esa misma conceptualización de la “incongruencia de género” o transexualidad como un trastorno mental, puede retornar los protocolos médicos al estado anterior al concepto de la OMS, generando filtros (o trabas) innecesarios desde el punto de vista psiquiátrico, que puedan terminar demorando e incluso impidiendo que un menor o adulto pueda acceder a los servicios de salud que garanticen su afirmación de género.
De hecho, en el proyecto en cuestión también se busca sumar un nuevo paso en los protocolos de quien quiera acceder a los procesos de afirmación de género (como si fuese necesario uno más), en el que se estipula que se le presente al paciente el procedimiento a realizar, sus efectos y carácter de irreversibilidad. Una cátedra que, ya en la letra menuda que evitan los congresistas, buscaría desincentivar a la persona y parte de una noción no probada de ignorancia en las personas que buscan este procedimiento.
De hecho, valdría la pena revisar a lupa este proyecto con base en la jurisprudencia disponible en Colombia sobre el tema, que en su mayoría ha terminado cobijando los derechos “a la salud, a la vida digna, a la identidad sexual y al libre desarrollo de la personalidad”. Ejemplo de ello la sentencia T-771/13, que terminó fallando a favor de una paciente que denunciaba trabas a su cirugía de reafirmación por parte de una EPS.
No obstante, todo parece indicar que ninguna de estas disposiciones son consideradas por el mencionado proyecto de ley, que retoma un debate atemporal para el estado actual de los derechos fundamentales y adquiridos por la comunidad LGBTI.
