Bastante desdibujada se ha visto la postura anticorrupción del presidente Gustavo Petro de cara a varios escándalos que han mancillado su gobierno y en los que el mandatario se ha mostrado tardío para tomar decisiones. A pesar de que durante su campaña a la presidencia la cero tolerancia con las irregularidades parecía ser ley, ahora desde el despacho presidencial ha sabido hacer ojos ciegos y oídos sordos a estremecedores entuertos protagonizados por sus alfiles cercanos.
Un ejemplo reciente de esta aparente ´política’, es el decreto 1002 del 20 de junio de 2023 expedido por la Cancillería de Colombia en el que Armando Benedetti, polémico embajador de Colombia en Venezuela, pese a sus comprometedores audios y temerarias amenazas, continuará en el cargo hasta el próximo 19 de julio y no hasta el pasado 23 de junio como señalaba el decreto 0917 de 2023.
Según explicó el ministerio de Relaciones Exteriores, esto se debió a que posterior a que fuera aceptada la renuncia de Benedetti, el también exsenador explicó que no le es posible hacer entrega efectiva del cargo según la fecha prevista “debido a la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionados con la reapertura de la embajada”.
Aunque la determinación está bien sustentada, al menos en lo que concierne al reglamento de la cancillería, no deja de significar un mal sabor de boca en medio de los graves acusaciones hechas por Benedetti en contra del presidente Petro y de las palabras del jefe de Estado que durante una ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova aseguró tanto Laura Sarabia, su exjefa de gabinete, como el embajador, deberían ser retirados de sus cargos para el buen desarrollo de las investigaciones por interceptaciones ilegales en el alto gobierno.
Por esa misma línea ha sobrevivido en su cargo el presidente del Fondo Nacional del Ahorro Gilberto Rondón Gonzáles, quien ante varios medios de comunicación señaló haber recibido hojas de vida presentadas por congresistas del Partido Liberal a cambio de obtener apoyos a las reformas que tanto en Senado como en Cámara han sido presentadas por el Gobierno Nacional.
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De hecho, por estos casos, la Procuraduría General de la Nación determinó una investigación disciplinaria “por el presunto manejo inadecuado de la planta de personal de la entidad al vincular y desvincular personas sin tener en cuenta los perfiles y requisitos exigidos para ocupar los cargos”.
Mientras tanto el presidente Petro, con el afán normal de la cabeza de Estado, no ha salido a condenar tales actuaciones quizá porque van en la misma vía de sus intereses: la aprobación de sus reformas en materia laboral, pensional y de salud, sin discriminar por lo menos públicamente si ello va en contravía de las prácticas que años atrás, como senador, tanto criticó.
