El pulso político por las reformas del gobierno de Gustavo Petro sigue adelante. Con el antecedente arrasador de la tributaria o de la paz total en el Congreso de la República, lo cierto es que en principio el presidente podría tener algo de confianza para seguir adelante con su agenda de reformas. Una de ellas es precisamente la de la justicia.
El proyecto de ley, que por cierto no ha sido ajeno a la polémica, estará en cabeza del ministro de Justicia, Nestor Osuna, quien lleva meses defendiendo la necesidad de hacerle un cambio estructural al sistema judicial colombiano. Especialmente en lo que se refiere a la política penal del país.
La idea del ministro, según lo aseguró hace un par de días en medio de un conversatorio sobre su reforma, es reflexionar sobre “el sentido” de muchos de los castigos hoy contemplados para muchos delitos y el verdadero efecto de las cárceles sobre los presos. Precisamente por ello este documento fue bautizado como “proyecto de ley para la humanización y modernización del sistema penitenciario y carcelario”.
“¿Qué esperamos como sociedad de las cárceles? ¿Unos depósitos de seres humanos en condiciones infrahumanas por muchos años y a un precio elevadísimo? ¿Esperamos resocialización? ¿Las queremos como solución extrema o generalizada?”, señaló el ministro Osuna en medio del conversatorio.
Sin embargo, aunque en principio parecía que esta reforma no sería de las más complicadas para el Gobierno, todo parece indicar que habría una profunda preocupación de cara a no lograr el cambio deseado. Eso se puede entrever de la última actuación del ministro, quien pidió facultades extraordinarias para que el presidente Petro pueda realizar cambios en el sector de forma más directa.
Esto se dio a través de una carta dirigida a la Cámara y al Senado, especialmente a las comisiones primeras, que busca específicamente que el presidente tenga por seis meses la facultad para “suprimir, fusionar, modificar y/o determinar la estructura, organización y funciones de las entidades adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho que hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario”.
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En resumidas cuentas, el presidente podría tener injerencia directa de entidades como el Inpec, Uspec, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Notariado y Registro, según se puede corroborar en la página del Minjusticia.
El pulso con el ministro de Justicia
Lo cierto es que la carta del ministro Osuna calentó mucho más los ánimos dentro del Congreso de la República, donde de hecho los sectores de oposición piden desacelerar el proceso retirando el mensaje de urgencia al proyecto. Misma petición que en su momento se hizo con la reforma tributaria con la que, en su momento, varios miembros de la oposición denunciaron un supuesto “pupitrazo”.
Por su parte, el ministro Osuna defendió la necesidad de la petición de facultades extraordinarias, asegurando que eso hará “más eficiente el gasto y que administrativamente esos 3.2 billones de pesos tengan mejores frutos”.
Así las cosas, todo parece indicar que la oposición se prepara para un nuevo pulso, bastante complicado teniendo en cuenta a las mayorías legislativas del gobierno y la reacomodación de fuerzas que se dio con varios partidos de cara a la reforma a la salud. El proyecto que ha logrado romper un poco la cordialidad entre las bancadas de gobierno y que puso a Petro en la tarea de lograr consensos de cara a “construir sobre los construido”.
Tal es el caso, por ejemplo, del partido conservador, que decidió hacerse a un lado y no apoyar la reforma a la salud propuesta por la ministra Carolina Corcho, aliándose luego con liberales y el Partido de la U para hacer su propia “contrarreforma” en la que dejan vivas a las EPS. No obstante, eso no implica que su apoyo no esté para la reforma a la justicia.
Más facultades extraordinarias para Petro
Todo lo anterior sucede en un momento bastante complejo en el que, de hecho, ya se habían dado varias peticiones de facultades extraordinarias para el presidente. Una de ellas fue, por ejemplo, el caído decreto que le permitía a Petro asumir el control de la regulación de los servicios públicos en el país.
Dicho decreto, fechado el 16 de febrero, le permitía al presidente hacerse temporalmente con el control de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, luego de que el llamado a pacto para bajar las tarifas no diera los frutos esperados. Sin embargo, el pasado 2 de marzo el Consejo de Estado tumbó este decreto.
Y aunque eso ya fue lo suficientemente polémico, lo cierto es que el presidente está buscando por varias vías facultades excepcionales en diferentes ámbitos. Ejemplo de ello es el borrador del Plan Nacional de Desarrollo donde, aparentemente, Petro estaría buscando facultades para crear nuevas entidades, tener injerencia en la definición de los usos alternativos de cannabis y la hoja de coca, modificar y definir las funciones y competencias de las Superintendencias de Sociedades e Industria y Comercio, entre otras.
Con todo esto, quedan en el aire varias preguntas: ¿El presidente está viendo truncado el camino para lograr los cambios prometidos? ¿Han quedado en el pasado los tiempos de las mayorías legislativas para sacar adelante las reformas o el problema es de tiempo y requiere mucha más rapidez? Solo el desenlace de las cosas dirá hasta dónde le dará la gasolina y cuáles efectos tendrá la acumulación de funciones.
