El alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, ha sido un verdadero dolor de cabeza para el uribismo desde su llegada al máximo puesto de la ciudad. Un territorio que históricamente había mantenido una tendencia política diferente, pero que en 2018 dio una vuelta sorpresiva para un Centro Democrático que proponía para tal puesto a Alfredo Ramos y que además venía del triunfo presidencial y de las elecciones legislativas.
Por esa razón, casi desde el momento uno ha encontrado una feroz resistencia por parte de esta fuerza política, que aún ve de lejos lo que otrora era un bastión de su movimiento. Precisamente, una de las políticas más críticas de su gestión es la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que en un reciente tuit incluso calificó a Quintero como un “pequeño tirano”.
“Todo un pequeño tirano. Que bárbaro. “Los concejales que hagan perder $2 billones a EPM tendrán que responder”: Quintero”, trino la senadora del Centro Democrático.
El mensaje de María Fernanda Cabal llegó como respuesta a un artículo del diario El Colombiano, en el que se recogen las recientes declaraciones del alcalde sobre “la venta de la participación accionaria de EPM en UNE e Invertelco”. En síntesis, se trata de la puesta en marcha de una propuesta de campaña de Daniel Quintero, en la que aseguró que reevaluaría la participación de EPM en UNE, empresa en la que actualmente Millicom, propietaria de Tigo, tiene la mayor capacidad de decisión.
“Desde que era candidato prometí que de ser elegido alcalde no íbamos a seguir siendo los “socios bobos” de Millicom y que haría uso de la Cláusula de Protección del Patrimonio Público establecida gracias a la presión del Concejo. “Nos compran o los compramos””, señaló Quintero en su columna del diario La República.
Por esa razón, actualmente se encuentra a la espera de debate en el Concejo de Medellín el proyecto que avalaría la venta de la participación accionaria de EPM, ya que con ello se podría dar luz verde a la “cláusula de Protección del Patrimonio Público”, que cambiaría las reglas de juego para EPM y Millicom.
“La decisión está en manos del Concejo, pero no es una decisión política, es una decisión técnica. Los concejales que por hacer oposición o por razones políticas le hagan perder $2 billones a EPM o a la ciudad, tendrán que responder ante los organismos de control”, señaló Quintero.
En su columna en La República, el alcalde afirmó que los resultados del proyecto, de ser aprobado, podrían ser dos: que Millicom compre las acciones de UNE al precio que EPM determine o que venda las suyas en una subasta internacional, en caso de que no se llegue a un acuerdo y ambas participaciones deban ponerse a la venta.
“Si la cláusula se venciera Millicom ya no quedaría obligado a nada y si quisiéramos vender nuestras acciones, perderíamos al menos $2 billones dado que en el mercado hay poco interés de comprar acciones que no dan dividendos”, señala Quintero en su escrito.
En ese orden de ideas, de no poder cambiar su participación en UNE, señala que podría darse un detrimento patrimonial y por eso desde ya empieza a hablar de posibles sanciones para los concejales que se opongan. Algo que no ha caído muy bien en ciertos oídos, entre ellos los de algunos concejales de la ciudad.
Cabe recordar que UNE se encuentra privatizada desde 2013, cuando se autorizó su fusión con Tigo y desde entonces, según asegura Quintero, EPM perdió el control de la compañía, además de cualquier tipo de utilidades y opción de prestar servicios de telecomunicaciones.
