La paz total del gobierno de Gustavo Petro se juega episodios decisivos para salir adelante, ya con un marco jurídico oficializado desde el año pasado que avala al presidente para negociar con varios grupos o pactar las condiciones de su sometimiento. Sin embargo, en este mismo momento la paz en Colombia se encuentra a merced de varias condiciones que la ponen en peligro.
Una de las situaciones más graves es sin duda lo que está sucediendo en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño con el paro minero, que por más de una decena de días tuvo paralizadas a más de 250 mil personas. Aunque este martes el presidente aseguró que ya existía “plena normalidad” en los 16 municipios que permanecían afectados en la zona, lo cierto es que ni el comercio ni la vida “normal” de la población se ha llegado a restablecer.
Así lo dejó en evidencia, por ejemplo, el alcalde de Remedios, Jhon Jairo Uribe, quien señaló a Noticias Caracol que hasta el momento el comercio sigue “totalmente cerrado”, así como aún hay miles de niños que siguen sin asistir al colegio. Misma situación que han denunciado varios alcaldes de los municipios aledaños.
El problema de fondo es que, pese a que se logró restablecer el flujo normal en las carreteras, continúa la escasez de elementos básicos y el miedo a que la situación de orden público se pueda salir de control. La razón principal de que algunas personas prefieran seguir resguardadas, es el rumor que ha venido creciendo de la incidencia del Clan del Golfo en el paro minero como respuesta a la explotación de unas nueve dragas ilegales, maquinaria de gran tamaño utilizada para la explotación de minerales (principalmente el oro).
Este grupo armado, uno de los más violentos en el panorama actual de Colombia, tiene presencia activa por lo menos en 17 departamentos de Colombia según Insight Crime, siendo claves departamentos como Antioquia o Chocó, donde ejercern actividades como el microtráfico, el narcotráfico, la extorsión, el asesinato o la minería ilegal. Misma que ahora se ha convertido en el talón de Aquiles de la paz total.
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Hasta el momento, se relaciona la inhabilitación de estas dragas ilegales en el Bajo Cauca Antioqueño con la entrada del Clan del Golfo al paro minero, que en principio era de mineros artesanales de la zona. Al final, la situación escaló de tal manera que se descubrió que el grupo ilegal pagaba unos 300 mil pesos a cada persona que participara en los desmanes.
Sin embargo, la gota que derramó la copa parece haber sido el atentado al sistema de acueducto en Tarazá, que mereció incluso que el presidente Petro asegurara públicamente que el Clan del Golfo había roto el cese al fuego. Aunque el grupo armado niega su participación en estos hechos, el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, le aseguró a Blu Radio que tenía la seguridad de que este grupo realizó estas acciones para cortar el suministro de agua a los policías de la zona.
El propio gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, uno de los políticos que más ha tenido que enfrentar esta situación, ha sido uno de los primeros en señalar que con todo esto lo que busca el Clan del Golfo es “mostrarse fuerte de cara a la paz”, como lo dijo en Blu Radio. De hecho, considera que lo que están haciendo estos grupos es aprovecharse de la voluntad de paz del gobierno, interpretando el cese como el fin de las operaciones militares en su contra, mientras no demuestran mucho interés en respetarlo por su lado.
Lo cierto es que el Clan del Golfo continúa en operación delictiva sin mostrar señales importantes de paz. Así sucede por ejemplo en el Chocó, donde fuentes militares confirmaron a Kienyke.com que existía hasta hace unas semanas una disminución importante de operaciones en contra de este y otros grupos armados, que por supuesto no era correspondida por los grupos que se dividen con plena normalidad la actividad delictiva alrededor del Río Atrato. De hecho, por la zona abundan las paredes pintadas con las siglas de las autodefensas.
Algo que va muy en línea con la revelación que hace días hizo la revista Semana, haciendo público un radiograma militar dirigido a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, con la orden expresa de detener operaciones en contra de las disidencias, el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, los Comandos de Frontera, entre otros grupos.
El futuro de la paz total
En medio de todo ello, mientras la mitad del país los señala, el Clan del Golfo emite un comunicado asegurando que no están “impulsando ni apoyando en modo alguno el paro que adelantan pequeños mineros en toda la zona del Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el Nordeste Antioqueño”. De hecho, también acusaron al gobierno de actuar de forma “facilista” al culparlos de los desmanes.
“No somos las Autodefensas Gaitanistas los que hemos roto el cese al fuego que hemos cumplido a cabalidad. Como en todo proceso, existen fuerzas oscuras interesadas en torpedear todos los esfuerzos que se hacen por la paz”, aseguraron, antes de señalar al ELN y a las disidencias como los verdaderos actores detrás del paro minero. No obstante, el propio presidente Petro parece haberles cerrado las puertas luego de asegurar en una entrevista que el Clan del Golfo “no fue capaz de dar un paso hacia el sometimiento colectivo”.
Por otro lado, mientras el Gobierno supera este pulso con el Clan del Golfo intentando no restarle apoyo popular a su iniciativa de paz, hay varios grupos armados en fila que están esperando seguir adelante. Por un lado el ELN, que como bien se sabe ya va por su segundo ciclo de negociaciones en México, mientras que ya se empieza a hablar de un “segundo proceso” con las disidencias. Esto, luego de que oficialmente se le levantaran órdenes de captura a unos 19 disidentes que estarán liderando las conversaciones.
Este último proceso es uno de los que resulta más polémico frente a la opinión pública, toda vez que se considera que estos grupos ya tuvieron en su momento la oportunidad de un proceso de paz (el de las Farc) y lo desaprovecharon para regresar a las armas. Sin embargo, desde el propio Gobierno se ha hecho énfasis desde el principio en que la búsqueda de la paz se hará con absolutamente todos los grupos, cambiando la figura empleada para cada quien.
Para los grupos guerrilleros, por ejemplo el ELN, se aplicará la figura de proceso de paz reconociendo su carácter político, mientras que para los grupos armados de crimen de alto impacto aplicará una ley de sometimiento que debe aún pasar por el Congreso de la República.
Hasta ahora, sumando al proceso que se anuncia con las disidencias, hay activos tres procesos en el marco de la paz total: sumando el laboratorio de paz urbano en Buenaventura con los “Shotas” y “Espartanos”; así como lo que se ha adelantado con la guerrilla del ELN, con quien ya se empieza a explorar la posibilidad de un cese al fuego bilateral y con la que se han logrado acuerdos importantes en materia humanitaria en el Bajo Calima (Valle del Cauca) y Medio San Juan (Chocó), entre otros.
En fin, una iniciativa de paz con tantos frentes que es posible que se pueda calificar como la más ambiciosa en la historia reciente de Colombia. Un trabajo arduo teniendo en cuenta que se estima que más de una veintena de grupos están interesados en participar de la paz total; no obstante lo cierto es que el verdadero reto para el gobierno es alcanzar la tan anhelada paz y no perderse en un mar de concesiones.
