El aborto legal, seguro y gratuito en Argentina es una realidad. Tras años de lucha por parte de organizaciones sociales y feministas, el Senado aprobó el proyecto de ley que permite acceder libremente a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y establece un plazo máximo de 10 días desde que se haga la solicitud.
La discusión, que duró más de diez horas mientras miles de personas se aglomeraban a las afueras del Congreso, fue bastante reñida: 38 senadores dieron el “sí”, otros 29 estuvieron en contra y hubo una abstención.
La iniciativa ya había sido avalada en la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre. Antes de la aprobación de este proyecto, en Argentina solo se podía abortar legalmente si la mujer había sido víctima de violación o corría peligro su vida, ahora el único requisito será la voluntad.
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La legalización del aborto en Argentina generó un estallido en las redes sociales. En Colombia, líderes de opinión, políticos, abogados, miembros de organizaciones sociales y feministas han expresado sus opiniones a favor y en contra de lo que para algunos es un “derecho” y para otros “un atentado a las nuevas generaciones”.
La representante María José Pizarro aseguró que con la legalización del aborto, Argentina marcó la ruta en América Latina y que es importante que las mujeres tengan el derecho de decidir sobre su cuerpo.
“La lucha de millones de mujeres! Hablamos de derechos, de autodeterminación, de la libertad para decidir nuestro futuro, de romper ciclos que nos condenan a la miseria”, mencionó.
Por otro lado, la abogada Viviana Bohórquez, exintegrante de Las Igualadas, señaló que la legalización del aborto en Argentina demuestra la capacidad de movilización social, la negociación y la “resistencia a los argumentos de la oposición basados en mentiras y manipulación”.
Otros, por su parte, expresaron su rechazo a la legalización del aborto. La llamada bancada “Pro-vida” del Congreso de Colombia le envió una carta a la Cámara Alta Argentina antes de la votación manifestando su preocupación porque la interrupción voluntaria del embarazo en todas sus formas sea una realidad en ese país.
“Con gran preocupación nos hemos enterado de la propuesta de ley que busca legalizar el aborto en Argentina hasta la semana 14 del proceso gestacional, así como en niñas menores de 13 años de edad sin el consentimiento de los padres y además sin ninguna limitación de tiempo o causal”, inicia la misiva.
Después, dice: “El derecho a la vida es el primer derecho, si se le desconoce o se le niega todos los demás derechos desaparecen por sustracción de materia. Es fundamental para la democracia y la supervivencia de las naciones que este sea protegido sin ninguna cortapisa”.
Y finaliza de la siguiente manera: “Por eso creemos que tendría gravísimas consecuencias para el hermano pueblo argentino y para todo nuestro continente esta ley, por lo que invitamos a los honorables senadores a votar en contra de la misma para garantizar la vida de los más débiles e indefensos, los niños por nacer y sus madres”.
La carta, que ha generado polémica en redes sociales, está firmada por algunos congresistas del Partido Conservador, del Centro Democrático y Colombia Justa Libres.
Incluso, el senador John Milton Rodríguez se fue con toda en contra del presidente argentino, Alberto Fernández, quien se comprometió a sacar adelante el proyecto para legalizar el aborto desde su campaña electoral.
"Qué vergüenza que el presidente Alberto Fernández y las mayorías del Senado de Argentina sean los promotores de la desgracia de su pueblo, atentado contra la vida de sus nuevas generaciones. Pero ánimo a los legisladores y grupos Provida a no desfallecer”, indicó Rodríguez.
Y agregó: “Esa es una de las banderas del mal llamado progresismo, por eso aquellos que defendemos la vida sin discriminación alguna debemos ser firmes y valientes y pronunciarnos en todo lugar, en especial en las urnas para no votar por pro-abortistas Colombia es Provida”.
¿Qué opinan expertas?
Natalia Bernal Cano, doctora en derecho constitucional y abogada demandante ante la Corte Constitucional en la causa de la prohibición del aborto, explicó a KienyKe.com el porqué se debería penalizar la interrupción del embarazo en todas sus formas.
Bernal Cano fue la persona que en 2019 interpuso las dos acciones públicas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que los niños en gestación tengan los mismos derechos que los que ya nacieron, lograr que se prohíban los abortos legales en los hospitales y así “evitar los dolorosos riesgos que tiene este proceso en las mujeres”.
La abogada indicó que hay estudios que demuestran que los métodos para interrumpir el embarazo no son el 100 % seguros y que causan "graves complicaciones en la salud física y mental de quienes se someten a ellos”.
“No se les debe permitir a las mujeres acceder al aborto porque van a sufrir graves daños en su salud y en su vida. En todas las pruebas que yo demostré en los procesos de constitucionalidad dejé establecido que las mujeres que abortan así sea en la forma legal sufren daños irreversibles, tanto físicos como mentales”, aseguró.
Según dijo, el debate sobre el aborto debe volver a ser prioridad en el país debido a que la decisión que en marzo profirió la Corte Constitucional “hubo muchas irregularidades y violación al debido proceso”.
Viviana Bohórquez, abogada feminista, dijo por su parte a KienyKe.com que el delito de aborto tiene que ser eliminado del Código Penal porque pensar en este momento histórico que por interrumpir el embarazo una mujer debe ser condenada y privada de su libertad "es totalmente desproporcionado".
La experta aseguró que, al contrario, el aborto debería ser despenalizado y establecido como un derecho para las mujeres en el sistema de salud, en el que se tenga en cuenta un sistema de plazos y ciertos requisitos fundamentales.
“Quitarlo del Código Penal se hace necesario para confiar en la capacidad de las mujeres. Simbólicamente la penalización del aborto es muy fuerte y, aunque por abortar una mujer no va a la cárcel, queda en la mente esa idea de que es algo malo y solo se presta para la desinformación”, señaló.
Bohórquez mencionó que en la discusión sobre el aborto hay que tener en cuenta a las mujeres que viven en zonas rurales y que no tienen la suficiente capacidad económica, pues ellas son las que generalmente corren el riesgo de acudir a procesos en sitios inseguros y perder la vida.
“Esto se vuelve un tema de salud pública, de inequidad social e injusticia. Todas las mujeres deberíamos tener los mismos derechos al decidir sobre nuestro cuerpo. Sería más justo que el aborto fuera legal en todos los casos con algunas reglas y que dejara de ser un crimen. Llevamos muchos años con ese delito en el Código Penal y las mujeres no han dejado de abortar y tampoco se ha logrado un cambio social”, afirmó.
Por ahora, el aborto en Colombia sigue bajo las tres causales que establece la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional: malformación del feto, problemas de salud física o mental de la mujer y/o violación.
El alto tribunal constitucional estudia actualmente una demanda presentada por el Movimiento Causa Justa para eliminar el delito de aborto del Código Penal.
