El escándalo de los Ocad Paz es uno de los más grandes que se han dado en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, sobre todo por la fuerte pérdida patrimonial que habrían sufrido los recursos destinados a los territorios más golpeados por el conflicto armado. Todavía más grave es que nuevas informaciones indicarían que el exconsejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, conocía estas denuncias desde hace mucho tiempo.
Así lo indica una denuncia penal interpuesta por el contralor general Carlos Felipe Córdoba; el contralor delegado para la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Anibal José Quiroz Monsalvo; y el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón. Nombres que precisamente terminaron salpicados en la investigación de Blu Radio sobre presuntas coimas para la aprobación de proyectos de Ocad Paz, que habrían derivado en la pérdida de $500 mil millones de las regalías para la paz.
De hecho, en este documento del 25 de agosto de 2021 los funcionarios ya se mostraban preocupados, pues aseguraban estar siendo “víctimas de conductas de injuria y calumnia” en algunos correos anónimos enviados con copia a varias entidades y al propio Emilio Archila, que insinuaban “que miembros de este ente de control (Contraloría) han citado a alcaldes para ayudarlos”.
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El primero de estos correos, originario de una veeduría, señalaba: “Entre pasillos rumoran que el Contralor Delegado está aliado con Congresistas y la DSRG se presta para este juego (...) El decir es, que la CGR decide qué proyectos van y cuáles no”.
Un segundo correo fue del 11 de agosto de 2021, de nuevo con copia a Archila y era todavía más diciente: “Ahora ud Dr Archila patrocina a los senadores, para que extorsionen con la Contraloría, se amangualen presidencia, Contraloría, DNP y senadores. Vienen a nuestros municipios azotados por la violencia a extorsionar pidiendo plata por cada proyecto que saquen de las listas que la Contraloría sin bases reales presenta (...) Ud está patrocinando que los alcaldes nos robemos la plata”.
Finalmente, un tercer correo de una persona identificada como Carlos Manjarres, con copia a Archila y a la dirección del DNP, indicaba que existían supuestas presiones del director de regalías del DNP y el contralor delegado Carlos Gualdrón para frenar algunos proyectos “porque no se negociaron con el Contralor y el señor Ávila pagos de dádivas o incentivos por la aprobación de los mismos”.
“Están en una cruzada de presiones e intimidaciones al Ministerio de Transporte para que retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que cuentan con favorable del sector (...) Nos preocupa que el Ministerio ante el poder de estos señores, en especial del Contralor, en poder de realizar investigaciones indiscriminadas, termine cediendo a estas presiones y pueda echar para atrás estos favorables”, señala el texto citado en la denuncia por injuria y calumnia.
Así las cosas, Córdoba, Quiroz Monsalvo, Gualdrón y José Fredy Herrera, señalaron en este documento que “las conductas denunciadas resultan ser de la mayor gravedad pues pone en entredicho la honorabilidad de funcionarios públicos y de manera concomitante desdibuja la imagen de una entidad que goza de la mayor credibilidad ante la sociedad”. Razón por la cual exigieron la asignación especial de un fiscal delegado para el caso.
En este documento, dirigido al fiscal general Francisco Barbosa, los funcionarios pidieron además que se recojan dichos correos a través del laboratorio de informática forense de la Fiscalía, se solicite el acceso a las cuentas de correo electrónico de todos los involucrados y se individualice e identifique a los presuntos responsables de las supuestas injurias y calumnias.
El silencio sobre la corrupción de Ocad Paz
Hoy el escándalo finalmente ha estallado y probablemente no como los autores de la denuncia querían. Ahora, todos y cada uno de estos nombres están bajo escarnio público por la pérdida de 500 mil millones de pesos que originalmente estaban destinados para proyectos en algunos de los municipios más afectados por la violencia (o PDET).
Valeria Santos, una de las periodistas que sacó a la luz todo este entramado de corrupción junto a Sebastián Nohra, señala por ejemplo que el contralor delegado Anibal Quiroz Monsalvo y Carlos Gualdrón habrían exigido un 2% de comisión “para conceptuar favorablemente los proyectos”, añadiendo a ello toda una cadena de sobornos entre congresistas y demás políticos involucrados.
“Además de las coimas mencionadas, los testimonios recogidos aseguran que para lograr la viabilización de un proyecto en el OCAD-Paz se debía llegar apadrinado por un congresista para el visto bueno del sector, quienes también cobrarían entre el 5% y 12% del valor del proyecto”, señaló la periodista.
Así las cosas, Emilio Archila se defendió asegurando que: “Denuncié reiteradamente para que se iniciaran las investigaciones que corresponden por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, Contraloría, Consejería de transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”.
Luego, en su propia carta señaló que esas denuncias acusaban el presunto cobro de “peaje” para algunos proyectos de Ocad Paz, pero que él era ajeno a esa etapa decisoria ya que cuando estos llegaban a él, nunca distinguió entre proyectos y votó “favorablemente todos”. Sin embargo, en este punto hay mucha tela que cortar.
De acuerdo con Noticias Uno, el consejero Emilio Archila habría eludido una alerta de los organismos de control que indicaba que “de 447 proyectos que costaron 3.3 billones de pesos entre 2017 y 2020, en 11 departamentos los programas que beneficiaban a los municipios PDET, osea los más pobres del país, era ninguno”.
“Dentro de estos 11 departamentos, Atlántico, Guainía y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no tienen ningún municipio clasificado en zonas PDET ni ZOMAC. Lo anterior permite concluir que se están aprobando proyectos en el OCAD Paz en regiones no priorizadas en el Acuerdo Final de Paz”, señala la alerta citada en el informe periodístico.
Todo este tema, irónicamente, está relacionado en las denuncias que la Contraloría asegura haber hecho. Entre estas actuaciones se encuentran varios procesos de responsabilidad disciplinaria por irregularidades, errores en la ejecución de obras que generaron detrimento patrimonial, uso de materiales de mala calidad, fallas en las interventorias y “proyectos en el OCAD PAZ en regiones no priorizadas en el Acuerdo Final”.
A esto habría que sumarle que la entidad también había denunciado la construcción de obras que “no le apuestan al cierre de brechas de pobreza” e inequidad en el acceso a los recursos de regalías para la paz: “En 20 municipios se concentra aproximadamente el 50% del valor de los proyectos con recursos de regalías aprobados en el OCAD PAZ”.
No siendo todo esto suficiente, según Caracol Radio, a la Fiscalía llegaron las primeras denuncias por esta presunta corrupción desde marzo de 2021, específicamente a través de un oficio de la Consejería de la Estabilización que pedía investigar a Álvaro Ávila, secretario técnico de OCAD PAZ. Luego, en mayo, habría extendido esa petición también para el contralor delegado Carlos Gualdrón, aunque finalmente la Fiscalía no abrió investigación hasta ahora (15 meses después) con el llamado a declarar que le hizo a Archila para el próximo 8 de julio.
Así las cosas, una vez más la paz en Colombia queda en el tire y afloje de la corrupción en Colombia, con el añadido de una gestión de las regalías para la paz que estaría beneficiando principalmente a territorios no PDET. Es decir, que se estarían destinando recursos a municipios que no corresponden, mientras que Emilio Archila se limita a decir que la firma siempre iba sin falta alguna porque “cumplían con los requisitos”. Una vez más, Colombia le falla a la paz.
