La articulación de esfuerzos evidenciada este miércoles entre la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Fiscalía es una noticia que esperaban todas las comunidades afectadas río abajo del megaproyecto Hidroituango, marcado por múltiples denuncias de irregularidades, el reiterado riesgo de desastre, y el golpe ambiental contra el segundo afluente del país: el Cauca.
Tras dos días de recorridos por la zona, una visita a la cuestionada obra, y una audiencia en Medellín junto a los representantes de los afectados, tanto el procurador Fernando Carrillo como el contralor Carlos Felipe Córdoba expresaron que la prioridad ante todo lo que ha ocurrido con Hidroituango es adelantar investigaciones autónomas y diligentes.
"Con rigor y seriedad, objetividad e independencia, sin condescendencias ni juicios basados en amiguismos o regionalismos será ejercido por la Contraloría General de la República el control excepcional al proyecto Hidroituango, que abarcará cerca de 200 contratos que suman 6 billones de pesos", indicó Córdoba en una audiencia realizada en conjunto con Carrillo en Medellín.
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Mucho más asertivas resultaron las palabras del procurador, quien aseguró que el principal objetivo de sus pesquisas es el esclarecimiento de la verdad sobre las presuntas irregularidades de la obra y la protección de las comunidades. "Yo me quedo con las reclamaciones de la gente frente a la crisis de Hidroituango. Queda una gran tarea de restablecimiento de derechos por parte quienes están al frente del proyecto", dijo.
"Acá no podemos seguir con el secretismo para tapar realidades que les afectan a las comunidades que están acá. El Puesto de Mando Unificado, PMU, hay que fortalecerlo con la participación de los representantes de los afectados", agregó.
Y es que Carrillo no solo se quedó con el tema técnico en torno a la crisis de la obra, sino que durante su periplo por Antioquia se enfocó en dimensionar la magnitud de la afectación social y ambiental que se ha dado río abajo, tanto así que las afectaciones no se limitan a dicho departamento sino que incluyen a Córdoba, Sucre y Bolívar.
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De hecho Carrillo, quien dejó claro durante la audiencia Hidroituango que buscará "que se sepa toda la verdad" sobre el caso, anunció que presentará mañana jueves, en conjunto con los gobernadores de Córdoba (Sandra Devia), Sucre (Édgar Martínez) y Bolívar (Dumek Turbay), una acción popular "para garantizar los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto". Esto implica una articulación no solo entre entes de control, sino con las regiones.
También, que la hoja de ruta debe incluir cuatro parámetros: Mitigación de riesgos ambientales; restablecimiento de la normalidad del río Cauca; restablecimiento de derechos sociales y económicos de las poblaciones; y transparencia absoluta en la información.
En horas de la tarde, la Fiscalía se sumó a las acciones diligentes al anunciar imputación de cargos contra Luis Guillermo Gómez Atehortua, exgerente Hidroitunago S.A, y Luis Javier Vélez Duque, exgerente de EPM Ituango. También llamó a indagatoria a Álvaro Villegas Moreno, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Maximiliano Valderrama y Juan Esteban Calle Restrepo.
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Era apenas necesario que el Estado a través de sus instituciones empezara a responder ante las irregularidades que se han señalado en distintos momentos de este megaproyecto, protegiendo a los ciudadanos colombianos y el bien común, y velando por la preservación del patrimonio nacional.
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Pero resta mucho, porque los compromisos, aunque firmes, no representan todavía resultados, y las investigaciones deben llegar a puerto para determinar no solo responsables, sino la verdad sobre los factores y errores que llevaron al desastre técnico, humano y ambiental de Hidroituango.
