Esta semana fue noticia el enfrentamiento violento entre la Policía y la Comunidad Emberá en Bogotá, que lleva más de cinco meses en el alojamiento transitorio de la Unidad de Protección Integral La Rioja, en el centro de Bogotá. Un lugar en el que por cierto se han vuelto pan de cada día los problemas con las autoridades por distintas actitudes que están prohibidas en el establecimiento público.
Cabe recordar que todo este proceso inició en diciembre pasado, cuando la Alcaldía de Bogotá logró acordar la salida de las comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional, desde donde salieron varios grupos hacia sitios de alojamiento transitorios, mientras que se gestionaba el regreso a sus territorios de origen. Eso nunca pasó.
Para La Rioja, por ejemplo, fueron a parar más de mil personas. Desde entonces, esta Unidad de Atención lleva presentando varias denuncias de peleas, fiestas interminables, consumo de alcohol, condiciones de poca salubridad, violencia intrafamiliar e incluso se señala que la población de menores estaría corriendo serios riesgos.
De acuerdo con la Personería, que ha sido varias veces agredida en su labor diaria con los indígenas de La Rioja, los niños Emberá que están alojados allí tienen una alta probabilidad de caer en la mendicidad u otro tipo de explotación similar. Fuentes de esa misma entidad le habrían dicho a la Revista Semana que se han presentado actos sexuales abusivos en contra de los gestores de convivencia y funcionarios de la Alcaldía.
Esa actitud desobligante con la autoridad habría quedado en evidencia el pasado 19 de octubre, en medio de las manifestaciones frente al edificio de Avianca, que terminaron con escenas de varios Emberá lanzando piedras y golpeando a policías, gestores cívicos e incluso enfrentándose con la Fuerza Pública mientras tenían bebés colgados en sus espaldas.
Sin embargo, este desenlace no es una sorpresa para una violencia que se lleva cultivando durante meses en La Rioja y que ahora enfrenta las posiciones del Distrito con la de los representantes indígenas. De hecho, ya se conocen imágenes de cómo ha sido la convivencia entre la Comunidad Emberá y los funcionarios de la Alcaldía que controlan que todo esté en orden en el alojamiento temporal.
En el material que se ha dado a conocer, se evidenciaría no solo el tema de las riñas, sino también los constantes roces por el ingreso y consumo de alcohol a las instalaciones de La Rioja, algo que está prohibido.
“Eso no es alcohol, vea”, le dice un hombre a los gestores de convivencia en uno de los videos, mientras sostenía una botella de aguardiente Rey de Reyes y sus acompañantes iban con cerveza en mano. Al final esos mismos hombres terminaron agrediendo a los funcionarios para ingresar a la fuerza y evitar que les tomaran fotos.
En esa misma línea, han sido numerosas las denuncias sobre fiestas interminables en La Rioja, con sonido al máximo y ya se conocen Imágenes de bolsas de basura repletas de botellas de ron y aguardiente Rey de reyes.
A la par, las autoridades tienen que lidiar con las pocas o nulas condiciones de salubridad en las zonas comunes, reduciendo la capacidad para lidiar con brotes y enfermedades, poniendo en peligro a población vulnerable como los niños y la tercera edad. Un edificio de nadie, por el que nadie responde y que por supuesto nadie asea.
¿Quién responde por La Rioja y los Emberá?
Como una crónica de una muerte anunciada la situación de los Emberá de La Rioja terminó con la situación del pasado 19 de octubre, indignando a medio país por la violencia observada. Sin embargo, el papel gubernamental acá es clave para entender la posición de los indígenas y por otro lado, el cómo la negligencia ha llevado todo a una problemática social cada vez más insostenible.
Hasta ahora, ya con el agua al cuello, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional definieron finalmente la hoja de ruta para “seguir garantizando los derechos de la comunidad Emberá en Bogotá”, tras instalar el Puesto de Mando Unificado. Una tarea que hasta hoy había estado en el ping pong de las responsabilidades, con las autoridades nacionales señalando lo que las locales tenían que hacer y viceversa. Así pasaron meses, con un alojamiento previsto inicialmente para poco más de 20 días.
Ahora bien, las medidas adoptadas por la administración de Claudia López incluyeron: la revisión de los servicios públicos en La Rioja, de ciertas denuncias que existían sobre la alimentación, la entrega de kits para dormir, un refuerzo en materia de atención en salud, rutas escolares y facilidades para la educación de los niños.
A la par, se adoptaron compromisos institucionales importantes como la revisión de las condiciones de retorno por parte del Gobierno Nacional, la revisión de aspectos puntuales del manual de convivencia, así como de los acuerdos alcanzados tras la salida del Parque Nacional y la evaluación de algunos bienes de la Sociedad de Activos Especiales que podrían servir para liberar el hacinamiento que se viene presentando.
Sin embargo, este será un proceso de reconciliación bastante difícil, teniendo en cuenta las declaraciones públicas que llegaron a darse por parte de Claudia López al inicio de todo el pleito, quien calificó como lamentable la forma de actuar de algunos miembros de la comunidad Emberá con “la única ciudad y Alcaldía que los ha acogido y atendido estos 2 años”. Eso, al tiempo que se tiraban la pelota con el Gobierno Nacional, al que se le pide una solución estructural a los problemas de los indígenas en sus territorios.
Sin embargo, sin eludir la responsabilidad de fondo y el sentido de pertenencia que dichas comunidades deberían tener con un sitio que les sirve como alojamiento provisional, resulta curioso cómo en Colombia se sigue esperando a que aparezca el caos para tomar decisiones. Una situación en la que reina la ausencia de culpas y la responsabilidad de una papa que está cada vez más caliente, y que refleja ese olvido que siempre aparece como la causa de tantos problemas sociales en el país.
