Se cumplieron cinco años de firmados los acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc. Tiempo en el que se han presentado todo tipo de obstáculos, retos y recriminaciones de todos los sectores de la población, incluyendo al Gobierno, por situaciones que consideran incumplimientos, injusticias, falta de garantías o exceso de beneficios. Por cinco años el choque de perspectivas ha dirigido la agenda del debate.
Muchas cosas han sucedido desde aquel 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, donde se firmó el segundo acuerdo de paz, luego de que el documento inicialmente acordado fuese derrotado en las urnas cuando se decidió someterlo a plebiscito. De ese primer episodio en Cartagena, registra en la memoria colectiva el susto que se llevó Timochenko, entonces líder de las Farc y hoy dirigente del partido Comunes, cuando un avión militar pasó por encima del evento que ponía punto final a más de 50 años de guerra.
“Esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas”, señaló Rodrigo Londoño en su discurso. Una frase que al día de hoy mantiene su vigencia, con más de 13.200 personas sometidas a la Jurisprudencia Especial para la Paz, de las cuales 9.800 son ex guerrilleros, 3.313 de la Fuerza Pública, 151 agentes del Estado, así como 12 vinculadas con hechos de protesta social.
A pesar de las vicisitudes, la paz continúa y aún son muchos los que permanecen comprometidos con ella, tanto los que creen fielmente en lo inicialmente pactado, como en aquellos que abogan por la figura de la “paz con legalidad”. Tras cinco años, el país presenció una escena por demás histórica: Iván Duque, crítico de los acuerdos, saludando de mano a Londoño, Humberto de la Calle (negociador decisivo) y al expresidente Juan Manuel Santos.
El hecho sucedió en el marco del acto conmemorativo ‘Tejiendo un acuerdo para la vida’, que contó con la presencia, entre otras personas, del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutérrez. Dicho funcionario, por su parte, reafirmó el apoyo total de dicha organización al Acuerdo de Paz y señaló que está “seguro que Colombia se mantendrá en este camino de construcción de paz y persistirá en la superación de los desafíos”.
Por otro lado, el presidente Iván Duque dio un largo discurso en el que precisó los retos y virtudes del proceso: “Alcanzar la paz significa la ausencia de violencia, alcanzar la paz significa el triunfo de la convivencia, alcanzar la paz significa que en nuestro país nadie se sienta en situación de indefensión y temor por las razones de su pensamiento, de sus creencias, de sus actividades o a los grupos a los que pertenece”.
Entre otras cosas, resaltó la labor de la justicia ordinaria, de la Ley de Justicia y Paz, así como el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), eje transversal del acuerdo con las Farc. Aún así, fue enfático en que más allá de las rencillas, aún son muchos los retos por sortear en esta materia.
Las cifras del proceso de paz
En materia de justicia transicional, la JEP informa que en cinco años de conflicto ha adoptado 52.306 decisiones judiciales, se han recibido 471 informes de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado, entre otras labores que adelanta el tribunal.
De acuerdo con lo asegurado por el presidente Duque, “el 95 % de las personas que han estado en proceso de reincorporación –y estaremos muy pronto llegando al 99 %– tienen acceso a la seguridad social, a los bienes y servicios del Estado”. Ese mismo porcentaje corresponde a excombatientes que estarían cumpliendo a cabalidad con lo acordado.
El mandatario también señaló que al momento se adelantan 3 mil proyectos productivos individuales por parte de los reincorporados, así como resalta la priorización de los 170 municipios más golpeados por la violencia, procurando que se incluyan los Planes de Desarrollo Territorial como eje central de su planificación.
Sin embargo, también es conveniente mencionar que en muchas ocasiones los firmantes de la paz han manifestado que no existen garantías para la implementación. Empezando por la cifra de asesinatos de excombatientes, que según Indepaz ya alcanza los 43 en lo que va del año. Las cifras oficiales registran 254 desde la firma de los acuerdos.
A la par, Colombia se vuelve un país cada vez más peligroso para ejercer liderazgos sociales y ambientales. De acuerdo con Indepaz, 152 líderes y lideresas han perdido la vida como consecuencia de la persecución de las voces disidentes. El nuevo mapa de la violencia está marcado por las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN, Los Caparros y un buen número de bandas dedicadas al narcotráfico y otras actividades delictivas.
Así las cosas, mientras algunos territorios han notado mejoras considerables en materia de seguridad, tejido social, desarrollo, etcétera, otros se han visto en la penosa ironía de un país en paz que vive en medio de la guerra. La guerra de unos pocos que afecta a todos y que no respeta el grito de un país que desea el fin de todas las violencias.
