Esta semana se confirmó, a poco más de dos años de iniciar la pandemia, la llegada a Colombia de un debate que ya ha hecho parte de la agenda de varios países: la exigencia de la vacuna contra el covid-19 para asistir al trabajo y si ello representa o no una afectación a los derechos laborales de las personas. Como se sabe, desde este miércoles la medida empezó a aplicarse para todos los trabajadores de sitios públicos en Colombia.
La decisión fue dada a conocer a través de la circular 003 del 12 de enero del 2022 del Ministerio de Trabajo, por medio de la cual se dictó la “exigencia de esquema de vacunación covid-19 a trabajadores de los sectores productivos abiertos al público”, en aras de igualar las exigencias sanitarias en estos espacios y velar por la salud de todos los involucrados en este importante sector de la economía.
Cabe mencionar que hasta el momento, según el Decreto 1615 de 2021, en Colombia es obligatorio el porte del carné de vacunación físico o digital para el ingreso a eventos presenciales que impliquen asistencia masiva y espacios como bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, parques de diversiones, museos, ferias, bingos, así como eventos deportivos y otras actividades de ocio. Mismas reglas que ahora aplican para sus trabajadores.
De ahora en más, de acuerdo con el documento del MinTrabajo, los empleadores deberán solicitar el carné de inmunización que acredite debidamente la aplicación de las dos dosis de la vacuna.
“Trabajadores y empleadores que adelanten sus funciones en los establecimientos abiertos al público o que implique atención al público deberán tener en cuenta que la vacunación no solo constituye una medida preventiva para el propio individuo, sino también sanitaria para evitar la propagación del covid-19”, reza el documento compartido de la entidad.
La polémica por los derechos laborales
Detrás de todo ello, se le da la bienvenida a Colombia de un debate de grandes tallas y cientos de aristas: ¿La exigencia del carné de vacunación en el plano laboral afecta el derecho al trabajo de los ciudadanos? Una conversación que ha tenido focos importantes en Estados Unidos y Europa, donde de un tiempo para acá se viene exigiendo este documento para poder ocupar distintos puestos de trabajo.
En Estados Unidos, por ejemplo, resultó llamativa la pelea entre los sindicatos de bomberos y policías de Nueva York contra la administración local por la exigencia de estar vacunados para poder trabajar y recibir salario. Por lo menos hasta finales de 2021, este pulso había atravesado casi todos los escenarios, incluyendo el jurídico, mientras las autoridades anunciaron que aquellos que no se inyectaran serían sancionados sin paga. Eso sin mencionar que los maestros también entraron en este grupo de empleados que tenían la inmunización como condición para regresar al trabajo.
En el viejo continente, tomando a Italia como ejemplo, empezó a operar desde finales de 2021 el “Greenpass”, que consiste básicamente en la obligación de todo trabajador de presentar una prueba negativa de covid o un certificado de vacunación. Una medida que suscitó en su momento toda una serie de manifestaciones por parte de sectores como el del transporte.
En Colombia, este debate también está presente y en parte está liderado por grupos antivacunas o religiosos. Precisamente, luego del anuncio, el exconcejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, activista provida y conocido como el ‘concejal de la familia’, convocó una marcha para el próximo 21 de enero frente a las instalaciones del Ministerio para exigir que se eche abajo la exigencia del carné sanitario en el plano laboral.
Tanto para él como para su hijo Esteban Ramírez, candidato al Senado por el partido Conservador, esto representa para la sociedad colombiana una “extorsión laboral”.
La misma historia pero con diferentes protagonistas y en el fondo el mismo miedo por el tema de las vacunas que tiene un pie en las creencias personales y otro en la desinformación que ronda entre los escépticos de la pandemia y los antivacunas. En ese sentido, teniendo en cuenta que según la OMS y la ONU vacunarse reduce la posibilidad de síntomas graves y de propagación del virus, ¿no es acaso más importante la salud pública, el ‘cuidémonos todos juntos’, que otros derechos que han entrado en la balotera como el libre desarrollo de la personalidad? ¿Acaso dos años de crisis sanitaria no han igualado las prioridades para todos?
