Casi todo el mundo sueña con una boda de grandes proporciones, un banquete de reyes, fiesta por lo alto, pirotécnia y toda la parafernalia que amerita el festejo por la unión de dos personas que se aman. En efecto, poco debería importar un tema como estos en el ámbito noticioso, pero todo cambia cuando se trata de la millonaria “boda del siglo” del contralor delegado para la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Anibal José Quiroz Monsalvo, salpicado en la investigación de Blu Radio sobre el cobro de coimas para la asignación de los recursos de la paz.
Este señor, de acuerdo con la periodista Valeria Santos, fue nombrado junto con el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, como una parte del entramado de corrupción que habría derivado en la apropiación de unos 500 mil millones de pesos de las regalías destinadas para las territorios más golpeados por el conflicto armado.
Santos señala, entre otras cosas, que Gualdrón y Monsalvo habrían exigido un 2% de comisión por “para conceptuar favorablemente los proyectos”, añadiendo a ello toda una cadena de sobornos entre congresistas y demás políticos involucrados. Una asignación que en el papel estaría inclinada a favorecer el desarrollo con enfoque territorial (PDET), pero que en la práctica habría terminado mediada por una enorme infraestructura de corrupción.
“Además de las coimas mencionadas, los testimonios recogidos aseguran que para lograr la viabilización de un proyecto en el OCAD-Paz se debía llegar apadrinado por un congresista para el visto bueno del sector, quienes también cobrarían entre el 5% y 12% del valor del proyecto”, señaló la periodista.
La investigación liderada por Valeria Santos y Sebastián Nohra ha desatado uno de los escándalos más grandes relacionados con los recursos de la paz en este gobierno. Entre otras cosas, porque afecta a una de las joyas de la corona de la paz, los OCAD PAZ, que es la encargada de darle vía libre a los proyectos de regalías que favorezcan la implementación de los acuerdos de La Habana. Figura en la que tiene un papel protagónico el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Entre todo ello, resulta cuando menos llamativo el papel de Anibal José Quiroz, candidato a contralor que en noviembre celebró su boda por lo alto, con un evento que requirió de siete meses de preparación, cinco días de montaje y al menos 100 personas trabajando en ello, según los propios organizadores.
Una boda que, de acuerdo con el director del movimiento ‘Ciudadanía inteligente’, Adolfo Rivas, habría valido cerca de mil millones de pesos. Una situación que podría pasar de agache teniendo en cuenta su hoja de vida, donde se cuenta varios cargos entre la Alcaldía de Valledupar, el propio DNP, Artesanías de Colombia, Acción Social, entre otros. Aunque, por otro lado, no deja de ser la “boda del siglo” de un funcionario que en su historial acumula varias quejas por numerosas situaciones.
En este evento, asegura Rivas, además se presentó (entre otros) el músico vallenato Rafa Pérez, que “cobra entre 60 y 70 millones por concierto”. Una suma millonaria que complementa la denuncia de Santos y Nohra, quien se limitó a responder sobre la boda: “Gracias por darle voz a la denuncia. Hay fotos de esa noche una maravilla”.
De la paz a candidato a contralor
Anibal José Quiroz ya tomó su posición respecto al escándalo de los OCAD PAZ: amenazar con denunciar por injuria y calumnia a quien hable de él y respaldarse en el apoyo que le brindó la contraloría (de la que él hace parte). Su papel no es poco relevante, al ser parte de los nombres que decidieron los proyectos de este órgano de la paz en 2021, junto a Gualdrón, Emilio Archila, Martín Zuleta, Marcelino Chacón, José Facundo Castillo y Álvaro Ávila.
“La Contraloría General de la República respalda a los funcionarios Juan Carlos Gualdrón y Aníbal José Quiroz en cada una de sus actuaciones y conmina respetuosamente, en el marco de la colaboración armónica entre las instituciones, a que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación investiguen a profundidad cada una de las actuaciones realizadas por los funcionarios mencionados, de manera que determinen si su accionar implica alguna responsabilidad en lo Penal o Disciplinario, y se llegue hasta las últimas consecuencias al respecto”, señaló la Contraloría en un comunicado.
Ambos funcionarios, Gualdrón y Quiroz, son hoy candidatos a reemplazar al actual contralor general de la república, Felipe Córdoba. Así las cosas, sobre Quiroz el ente de control señala que su papel fue determinante para revelar una cartelización de proyectos de paneles solares, que tiene en curso un proceso de responsabilidad fiscal contra varias personas por más de 66 mil millones de pesos. Un escándalo de gran tamaño que curiosa (o convenientemente) salió a la luz casi a la par con la denuncia de Blu Radio.
No obstante, esta no es la primera vez que Anibal Quiroz aparece nombrado en medio de un escándalo, siendo el más reciente su registro en la carta que le envió la Fiscalía al Senado de la República como respuesta a un derecho de petición que buscaba verificar los problemas judiciales que tendrían los candidatos a contralor.
Los resultados no fueron alentadores: tres de diez aspirantes sí tenían líos pendientes con la justicia y Quiroz Monsalvo era uno de ellos. En este caso específico se manifestó que “tiene activa una investigación por el delito de prevaricato por omisión en un despacho de la Fiscalía en el Cesar. Además le figura otro proceso inactivo por archivo por delitos contra la administración pública”.
Como respuesta a dicho escándalo, el funcionario le manifestó a El Tiempo hace un par de meses que no existe delito alguno por el cual esté imputado y que todo esto sería en realidad una serie de represalias por varios hechos de corrupción denunciados. “No existe imputación en mi contra y además los hechos no existieron”, le manifestó al medio. Por otro lado, en Blu Radio Quiroz desestimó las denuncias en su contra y señaló que a “iniciativa propia” compulsó copias por el escándalo de OCAD PAZ.
Varias comunicaciones de 2021, indicadas en una denuncia en la que los funcionarios salpicados pedían detener las afirmaciones “injuriosas”, dejan en evidencia que todo este caso ya estaba en conocimiento del ex Consejero Presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, desde hace ya varios meses.
“Ahora ud. Dr Archila patrocina a los senadores para que extorsionen con la Contraloría, se amangualen presidencia, Contraloría, DNP y senadores. Vienen a nuestros municipios azotados por la violencia a extorsionar pidiendo plata por cada proyecto”, decía uno de los correos que habría recibido Archila en agosto de 2021. Hechos que el exfuncionario aseguró haber denunciado oportunamente.
Por su parte, la Fiscalía anunció que ya se encuentra en marcha un profundo proceso investigativo, con algunas dificultades por la falta de testimonios directos y que para seguir avanzando fue citado el doctor Archila para ampliar su versión el próximo 8 de julio.
Así las cosas, una vez más, la corrupción en Colombia termina sorprendiendo por los límites cada vez más irrelevantes en cuanto a apropiación del erario público se refiere. Esta vez resultando seriamente lesionada la paz, ese sueño que Colombia empezó hace más de cinco años y que ahora sumaría otro traspié por parte de quienes se supone deben velar por su implementación. Ojalá, eso sí, “la boda del siglo” sea algún día entre Colombia y esa anhelada paz, con todos los colombianos como invitados de honor.
