Este viernes, la Contraloría General de la Nación dejó en firme el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso de Hidroituango. En segunda instancia, se confirmó la declaratoria a título de culpa grave, contra 26 personas, entre ellas, el exgobernador y precandidato presidencial Sergio Fajardo. ¿Puede seguir en la contienda electoral?
Para la Contraloría, en este caso se produjo una destrucción del valor presente neto del proyecto Hidroituango en cuantía de más de $3.1 billones y se originó un lucro cesante superior a $1.1 billones. Además, confirmó la declaratoria como tercero civilmente responsable de Seguros Generales Suramericana S.A., haciendo efectiva la Póliza de Responsabilidad Civil para Directivos y Administradores.
De acuerdo con el fallo, la problemática de Hidroituango es la conclusión de acciones y omisiones cometidas por diferentes funcionarios entre el 2008 y el 2015. Lo cual llevó a que se desencadenara una serie de errores respecto a la planeación, diseño, ejecución y control de la obra.
El pronunciamiento de la Contraloría abre el interrogante sobre el futuro político de Fajardo, quien actualmente es precandidato presidencial e integrante de la Coalición de la Esperanza. Según la normativa vigente, la decisión del ente fiscalizador podría sacarlo de la carrera presidencial. Sin embargo, hay varios caminos que el antioqueño puede tomar para evitar que esto suceda.
Para iniciar hay que hacer mención de Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, la cual establece que quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente.
De acuerdo con esa norma, la inhabilidad solo cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría excluya al responsable del boletín de responsables fiscales. Pero pagar 4.3 billones de pesos parece una tarea imposible.
En ese sentido, Fajardo podría seguir en campaña, pero en caso de resultar ganador no se podría posesionar como Jefe de Estado por la inhabilidad que se le genera tras el fallo de la Contraloría. En términos más prácticos, tendría que abandonar la carrera por la Presidencia.
No obstante, Fajardo tiene varios caminos jurídicos para evitar la inhabilidad. Primero, la sanción fiscal interpuesta por la Contraloría por expresa disposición legal debe ser controlada por el Consejo de Estado, quedando suspendida hasta ese entonces. Sobre esto Mauricio Pava, abogado de Fajardo, le dijo a la W Radio: "Las cortes en nuestro país son jueces en verdad ponderados y resolverán esto de manera ponderada".
Dicho tribunal ha inaplicado el control automático por considerarlo inconstitucional. Sin embargo, no ha establecido que la inhabilidad quede en firme solo con el fallo de la Contraloría. En resumen, no hay inhabilidad hasta que se pronuncie el Consejo de Estado, y aún si ese tribunal respalda el fallo, hay más caminos que le permitirían a Fajardo llegar a la Presidencia.
"Si el Consejo de Estado vuelve e inaplica el control automático (que debe hacerlo caso a caso porque no es competente para inhabilitar una norma de manera general) entonces Sergio Fajardo tampoco estaría inhabilitado porque la Convención Americana y su interpretación autorizada por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideran que una entidad del ejecutivo (como es la Contraloría) no puede privar de derechos políticos (ser elegido) a un ciudadano", explica el abogado Santiago Trespalacios.
Si pese a esto se insistiera en la inhabilidad, no sólo se vulneraría la señalada prohibición, sino que también se estaría atentando contra la garantía de no repetición, pues el Estado colombiano a partir del caso Gustavo Petro vs Colombia, asumió el compromiso de adecuar su normativa para que lo acontecido con el ahora senador no volviera a ocurrir, es decir, para que en Colombia una autoridad administrativa no volviera a inhabilitar a un ciudadanos.
"Si se aplica la ley el fallo estaría suspendido. Si se inaplica la ley entonces la Convención (que es parte de la Constitución) exige no inhabilitar. Y si se hace caso omiso a la Convención estaría Colombia realizando una más grave vulneración de los derechos humanos", explica Trespalacios, dejando claro que todos los caminos conducen a la no inhabilidad.
En todo caso, Fajardo afirmó que se encuentra estudiando las 2.106 páginas del fallo de la Contraloría para tomar las decisiones que correspondan. "La verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren", precisó.
Por su parte, la Coalición de la Esperanza reiteró su plena confianza en la trayectoria de Fajardo y sus correctas actuaciones como servidor público. "Ha demostrado un férreo compromiso en la lucha contra la corrupción y confiamos en que en las instancias correspondientes se demostrara la rectitud de su comportamiento", señalaron.
