El Senado de la República aprobó este viernes 19 ascensos militares y de Policía que se habían presentado por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, la discusión reiteró que dos de los ascendidos a generales del Ejército tienen cuestionamientos por ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’.
“El régimen de ascensos debe variar en Colombia, no solamente porque debe tener una cláusula en donde las personas que están siendo sindicadas por violaciones de derechos humanos, por acción u omisión, no pueden ascender, sino porque además debería tener una democratización, una consulta ciudadana allí donde se ha desenvuelto el oficial, debería ser consultado con el cuerpo de sargentos”, señaló el senador Gustavo Petro.
La senadora Aida Avella anunció que se retiraba de la sesión, junto a la bancada de la oposición, pues consideró que aunque había militares y policías honorables para ascender, dos de ellos tenían graves cuestionamientos y la votación es general y no individual o independiente.
“No todos tienen fallas, pero hay situaciones muy difíciles para nosotras las mujeres de pasar por alto. No nos pueden, en el parlamento, obligar a votar simplemente por la fuerzas, es decir una lista para votar por todos, quisiéramos votar por algunos que no tienen absolutamente nada que reprocharles, pero no es posible y prácticamente nos obligan a retirarnos de las sesiones cada vez que hay ascensos”, señaló la senadora de la Unión Patriótica.
Por su parte, los senadores ponentes de los ascensos militares, Paola Holguín y Ernesto Macías señalaron que tras la evaluación de los perfiles se encontró que no hay sentencia judicial o investigación en contra de los militares señalados, por lo que invitaron a aprobar los ascensos.
El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien compareció en la sesión, afirmó que se debe respetar el principio de presunción de inocencia y que los juicios le corresponden a las instancias judiciales. El jefe de la cartera aseguró que las críticas eran “una campaña de desprestigio” a la Fuerza Pública.
“Desconocer el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y todas las que están consagradas, es un atentado a la institucionalidad. De esta manera se materializa la campaña de deslegitimación contra la fuerza pública. La muerte de colombianos duele y genera rechazo, la violación de la ley duele y genera rechazo, pero las responsabilidades individuales no pueden ser determinadas por quien no tiene la competencia para hacerlo”, aseguró el ministro de Defensa.
Los militares cuestionados
Los dos militares cuestionados son los brigadieres generales Evangelista Pinto Lizarazo y Edgar Alberto Rodriguez Sánchez, quienes ascendieron a generales del Ejército. Desde su postulación, la organización Human Rights Watch y los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, señalaron que fueron responsables de brigadas del Ejército durante el tiempo que se cometieron ejecuciones extrajudiciales en las zonas de su responsabilidad.
Evangelista Pinto, según los senadores, es investigado por la Fiscalía General de la Nación, por la presunta participación en 41 ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, cometidos en los batallones de Antioquia y Huila.
Este general fue designado comandante del batallón Anastasio Girardot entre octubre de 2006 y abril de 2007, que según José Miguel Vivanco director de HRW, al cual la Fiscalía investiga como posible responsable de 23 ejecuciones extrajudiciales en 2006 y 22 en 2007.
Así mismo, Pinto fue el comandante del batallón Magdalena entre 2007 y 2009, estructura militar que sería responsable de 18 ejecuciones extrajudiciales en 2008 según investiga la Fiscalía.
“El brigadier general Marcos Evangelista no sólo no ha tomado las acciones debidas para evitar que estos hechos se repitan, sino que ha promovido la estigmatización de las organizaciones campesinas del Catatumbo. Bajo ninguna consideración merece ser ascendido”, señalaron los senadores.
HRW también documentó que Edgar Alberto Rodriguez Sánchez comandó el batallón Magdalena entre 2006 y 2007, que según la Fiscalía sería responsable de 7 presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2006 y 25 en 2007.
