La propuesta del voto obligatorio en Colombia vuelve a ser objeto de discusión en el Congreso de la República. Actualmente hace su trámite un proyecto de acto legislativo que establece la reglamentación legal del deber de votar como un deber de obligatorio cumplimiento por un periodo de 12 años.
Con esta propuesta se le apunta a incentivar la participación electoral de los colombianos, y así combatir la abstención que supera el 50%, promover la gobernabilidad y la participación, proteger los recursos públicos que se destinan a la organización de elecciones y combatir la corrupción en época electoral
"Esta propuesta se presenta con el total convencimiento de que ninguna medida o cambio va a reparar las fallas estructurales que hay en nuestro sistema político. Sin embargo, a través de la generación de ideas concretas se puede aportar poco a poco a la transformación, a largo plazo, en el comportamiento electoral de los colombianos", señalan los autores de la iniciativa.
Es clave mencionar que, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018, la Registraduría Nacional de Estado Civil reportó que el abstencionismo fue del 46%, ya que solo sufragaron 19.511.168 colombianos de los 36.783.940 habilitados para votar.
Aunque se trata de una importante cifra de personas que decidieron no sufragar, ese registro fue el más bajo en 20 años en el país. De hecho, fue el periodo de mayor participación electoral en el siglo XXI. Históricamente, en el país, el porcentaje de abstención nunca ha sido inferior al 40%.
Y aunque el abstencionismo ha venido en bajada, los autores del proyecto consideran que es sumamente importante legislar para reducir la tasa de abstención en las contiendas electorales, pues se trata de disminuir su protagonismo y por tanto su impacto en los resultados de las elecciones.
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Esta propuesta está en buena medida basada en los modelos que han ejercido países como Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú o Uruguay, que registraron avances significativos para la disminución de la abstención.
Colombia y Nicaragua son los únicos países de la región que no cuentan con la implementación del voto obligatorio. De acuerdo con posturas de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, "El nivel de abstención desciende notablemente en aquellos países que establecen el llamado voto obligatorio". En casos como Perú y Argentina, donde está implementada la obligatoriedad del sufragio, el abstencionismo electoral ha llegado (en las elecciones presidenciales de 1995) al 27% y al 21% respectivamente.
Sin embargo, en la audiencia pública en la Cámara de Representantes, convocada por los promotores del proyecto, el registrador delegado, Nicolás Farfán, expresó su rechazo a esta iniciativa porque no contribuiría al fortalecimiento de la democracia.
"El hecho de que el voto sea una facultad implica en esencia que existe una discreción en su ejercicio. Es decir, que se puede ejercer o no. Si bien es cierto que el voto obligatorio se desprende de la dimensión del deber que hoy existe respecto al voto, también lo puede convertir en una restricción desproporcionada, al ser un deber de obligatorio cumplimiento, castigado mediante sanciones", señaló.
También recordó que la Corte Constitucional ha reconocido que "la abstención es una forma legítima de participación. Y los ha protegido jurídicamente. Esa abstención puede ser entendida como un descontento de la opinión pública frente al sistema político en su conjunto, al sistema electoral, o a la oferta de organizaciones políticas y candidatos que participan en una contienda".
Cabe mencionar que este es un proyecto de reforma constitucional, por lo que debe superar ocho debates en el Congreso de la República, cuatro en Cámara y cuatro en Senado.
