Kienyke.com consultó al senador de la Alianza Verde Jorge Londoño, para conocer de qué trata el Referendo Campesino que está impulsando, el cual a grandes rasgos propone modificar siete artículos de la Constitución Política y crear uno nuevo, en beneficio del reconocimiento constitucional del campesinado como plenos sujetos de derechos y como sujetos de especial protección constitucional y la consagración de la seguridad y la soberanía alimentaria.
El campesinado colombiano ha enfrentado un panorama sombrío por cuenta de los tratados comerciales con otros países y el abandono estatal que traduce en el abandono de sus territorios para migrar a las ciudades, en donde encuentran más y mejores oportunidades de trabajo, ya que el negocio de la agricultura, principalmente, dejó de ser rentable por las importaciones de productos agrícolas.
Estudios encargados por la Oxfam demuestran que el TLC con Estados Unidos impactó negativamente el 70% del campesinado en Colombia. Por lo cual, la economía campesina no ha logrado ser un sector estratégico para el desarrollo económico del país, sumado a ello por la puesta en marcha de políticas que han llevado a la quiebra de un gran número de campesinos.
En 2019 la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, informó de la pérdida de 22 productos agrícolas indispensables en la canasta de consumo de los hogares del país, puesto que la producción de estos productos se ha vuelto no rentable para los campesinos.
Las propuestas del Referendo Campesino
El Referendo propone lineamientos que protejan al campesinado como actor clave para la seguridad alimentaria. Pretende incluir como criterio a las relaciones exteriores en materia económica y comercial la protección de la producción nacional y de los intereses nacionales. Lo cual tiene el potencial de reorientar los acuerdos comerciales internacionales, en beneficio no solo del campesinado, sino del aparato productor del país de los distintos sectores económicos.
Busca que el Estado adopte todas las medidas para asegurar un acceso material a la justicia, la permanencia en el territorio y evitar el desplazamiento forzado de las campesinas y de los campesinos. Igualmente incluye el deber del Estado de reconocer y proteger la cultura campesina; proteger y fomentar la asociatividad campesina; y adoptar las políticas y programas de atención integral dirigidos a esta población.
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Establece que el servicio militar sea de carácter voluntario para el caso de los campesinos. Esto porque cuando el campesino se va a prestar el servicio militar, por lo general, no vuelve al campo y eso ha hecho que el campo esté despoblado, lo que beneficia la importación de productos agrícolas porque en la medida que no haya mano de obra que pueda producir alimentos pues se debe comprar en otros países.
"El 85% de quienes están en las fuerzas armadas pertenecen a los estratos 0, 1 y 2, el 10% a los estratos 4 y 5 y a los estratos altos sólo el 5%, eso indica que quienes han ofrendado sus vidas en todo este conflicto armado han sido los campesinos y obviamente las campesinas que ven morir a sus esposos, hijos y nietos, entonces es hora de que en vez de que ellos sean carne de cañón sean sujetos de reconocimiento constitucional", explicó Londoño.
Propone un ingreso básico condicionado, cuya finalidad es garantizar la subsistencia y vida digna del campesinado y un mínimo de 4% de asignación del presupuesto general de la nación correspondiente a inversiones, destinado al fomento y fortalecimiento de las actividades de economía campesina.
"Los jóvenes ya no están viendo el campo como un contexto de realización, entonces están emigrando a la ciudad y si nosotros podemos promover un ingreso básico seguramente mucha de la gente que ha migrado a las grandes ciudades regresará al campo a trabajar las tierras y los que están en el campo pues verán que su actividad es reconocida por el Estado".
Estipula que el uso del suelo rural esté orientado a la producción de alimentos, con las limitaciones ambientales a las que haya lugar, un deber de garantía de precio justo y de sustentación para la producción campesina, y el control directo de los precios de insumos agropecuarios que utilizan. Introduce la protección constitucional de semillas nativas y tradicionales. También pretende facilitar la adecuación en materia crediticia del sector agropecuario para la situación diferencial del campesinado.
De acuerdo con el senador Londoño, el Referendo está concebido bajo la aspiración de contar con elementos constitucionales que permitan crear condiciones de justicia social para los campesinos. Justicia que requiere un compromiso real por parte de todos los niveles del Estado en materia de reconocimiento, redistribución y participación en su favor.
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¿Por qué un Referendo?
El senador Lóndoño señaló que el campesinado es actor clave en materia alimentaria. En el contexto reciente de la pandemia de Covid-19 el país evidenció que el trabajo abnegado del campesinado previno una hambruna generalizada. Por lo tanto, es importante garantizar condiciones dignas en el campo y así evitar el desplazamiento.
"Lamentablemente el esfuerzo de este importante segmento poblacional no se ve debidamente retribuido en nuestra sociedad. Las condiciones del mercado, la apertura económica precipitada y sin medidas de protección a la producción interna, el modelo de transporte y de distribución alimentaria, la falta de acceso al crédito, entre otras causas, están sumiendo al campesinado, cada vez más en la absoluta precariedad", detalló.
Londoño explicó que para que el Referendo sea aprobado deben conseguir cerca de 2.500.000 firmas, con plazo hasta junio. La pandemia ha complicado la recolección de las firmas, por lo que el proceso también se está realizando de manera virtual a través de la página web del Refrendo Campesino.
El comité promotor del Referendo está conformado entre sectores sociales, políticos y académicos: Jorge Londoño, senador por la Alianza Verde, Ángela Velandia, diputada a la Asamblea de Boyacá por la Alianza Verde, Luis Alejandro Jiménez, presidente de la ANUC; junto con dos integrantes de la asociación, Julialba Ángel, ex decana de Ciencias Agrarias y vicerrectora de la UNAD y Juan Felipe García, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana.
