El asesinato del líder ambiental, defensor del páramo de la Yerbabuena y guardián del Loro Orejiamarillo de Roncesvalles, Tolima, Gonzalo Cardona Molina, conmocionó a los colombianos. Desapareció el 8 de enero y el 11 del mes en curso fue encontrado muerto con impactos de bala en la vereda La Unión, Municipio de Sevilla (Valle del Cauca).
El oriundo de Roncesvalles estuvo vinculado a Proaves desde 1998 y desde allí se dedicó a defender a esta ave en peligro de extinción en la vereda Yerbabuena. Razón por la cual se convirtió en uno de los más expertos en conocer esta especie. De acuerdo con un amplío sector político del país, la vida de este líder se habría podido salvar entre muchas medidas con la ratificación del Acuerdo de Escazú.
¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú?
El acuerdo busca garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno. Impone obligaciones en cuanto a la generación y divulgación de información ambiental, sistemas de información, acceso a la justicia en asuntos ambientales y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.
En el artículo 9 hace referencia a los "Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales", plantea que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Adicionalmente, cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente.
Ordena que se tomen "medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el acuerdo".
En pocas palabras, estipula las medidas que habrían impedido el asesinato de Gonzalo Cardona. Kienyke.com consultó al senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino para conocer los pormenores de las dilaciones que se han presentado para su ratificación, luego que fuera radicado en el Congreso desde el pasado 27 de julio de 2020.
El senador Sanguino señaló que el país es calificado como "el primer o segundo país más peligroso en la defensa de los derechos ambientales. Sólo en el 2019 fueron asesinados 69 líderes ambientales en Colombia. El 30% de los líderes ambientales asesinados en el mundo murieron en el país", de manera que la ratificación del Acuerdo tiene una connotación especial en nuestro contexto.
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¿Por qué no ha sido ratificado?
Como se hizo mención anteriormente, el proyecto de ley ya fue radicado, sin embargo, aunque tiene carácter de urgencia (que reduce la cantidad de debates) desde allí no ha avanzado en ninguna instancia.
"Pareciera ser que el presidente restringió su compromiso a radicar el proyecto, porque luego de ello no ha hecho ningún esfuerzo para que su bancada y su coalición acate el mensaje de urgencia y tramite exitosamente la ratificación del Acuerdo", sostuvo el senador.
Así mismo comentó que el "freno de mano y la operación tortuga" que impusieron la bancada de la Coalición del Gobierno en el Congreso y en particular la bancada del Centro Democrático, hizo que Colombia aún no haya ratificado el Acuerdo.
"Prácticamente la propia bancada de Gobierno desacató el mensaje de urgencia del presidente Iván Duque. Es como si el presidente se hubiese lavado las manos y ahora tenga como pretexto o como argumento de la ratificación del acuerdo, endilgarle la responsabilidad al Congreso", aseveró.
Sanguino declaró que distintas bancadas del Congreso han insistido en que el Acuerdo se ratifique, pero no ha sido posible porque las mesas directivas, los presidentes de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara y la coalición de Gobierno ha obstruido y ha saboteado el proceso de votación.
Finalmente hizo referencia a la posición de algunos políticos que se oponen a la votación, como la senadora María Fernanda Cabal, quien en varias oportunidades ha dicho que el Acuerdo es parte de una propaganda ambientalista que quiere someter todo el desarrollo del país a la decisión de terceros.
"Es una actitud deliberada para sabotear la aprobación del Acuerdo. Todos sabemos la relación que tiene la senadora con el gremio ganadero, con sectores de la producción que piensan que cualquier regulación ambiental que obligue a incorporar consideraciones ambientales en los procesos económicos, va en contravía de sus intereses".
