En el último periodo legislativo del actual Congreso de la República se discutirán diferentes iniciativas que pretender ahorrarle gastos al Estado a través de la reducción del número de congresistas y de sus asesores. Este tipo de propuestas no son nuevas y abre un intenso debate entre los partidos de Gobierno y los de oposición.
Pese a que el llamado a la austeridad se viene haciendo desde hace varios años parece que el tema adquiere más interés para los congresistas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. Es tal la atracción por esto que desde el Centro Democrático se escuchan varias propuestas para reducir el costo del Congreso, en especial reduciéndolo a la mitad.
Ante de analizar los beneficios y los perjuicios de este tipo de proyectos es clave mencionar que, Colombia adopta la bicameralidad para distribuir sus órganos legislativos, que consiste en tener dos cámaras legislativas, una baja (Cámara de representantes) y una alta (Senado). Este modelo también es usado en países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Suiza.
De acuerdo con un informe de ‘La Razón’, Reino Unido es el país con más diputados en relación con su población en Europa, ya que cuenta con 1.426 parlamentarios (650 en la Cámara de los Comunes y 776 en la Cámara de los lores) y tiene 66 millones de habitantes.
Le sigue Francia, que tiene casi 67 millones de habitantes y cuenta con 925 legisladores (577 en la Asamblea Nacional y 348 en el Senado). Por su parte, Alemania tiene 82 millones de habitantes y su número de parlamentarios es de 778 (709 hacen parte del parlamento y 69 del consejo).
En Colombia hay aproximadamente 59 millones de habitantes, y el Congreso se compone de 280 miembros, de los cuales 108 son senadores y 172 son representantes a la Cámara -grupo al que se suman las 16 curules de paz-. Es decir, pese a que no existe una fórmula exacta para calcular el número de congresistas para cada país, la cifra colombiana es acorde a la proporción que manejan otras naciones.
Ahora, se radicaron dos nuevas propuestas para reducir el Congreso. Las dos desde el Centro Democrático, una de la senadora Paloma Valencia y otra del senador Ernesto Macías. En la práctica tienen el mismo fin, pero varía la amplitud de la reducción a la que le apuntan.
La de la congresista plantea que el Senado de la República esté integrado por 64 miembros elegidos en circunscripción nacional, de listas únicas presentadas por los partidos o movimientos significativos de ciudadanos. Además, que un senador sea elegido en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas y otro por comunidades afrodescendientes.
Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarían una circunscripción territorial y habría dos representantes por cada circunscripción territorial. Además, de una curul por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, otra curul por la circunscripción de las comunidades indígenas, y una última curul por la circunscripción internacional. Lo anterior traduce a una disminución del 52 %, pues el Congreso se compondría de 135 curules.
El proyecto de Macías establece que el Senado esté integrado por 68 miembros elegidos en circunscripción nacional, con un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. En cuanto a la Cámara señala que se compondrá de 109 representantes, donde cada departamento y Bogotá tendrían derecho a una base de dos escaños y uno adicional por cada millón de habitantes en el respectivo territorio. Igualmente, se cuentan las curules para la población afro (2), raizal (1), indígena (1) y colombianos en el exterior (2), para una reducción del 36 %.
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Aunque la propuesta del uribismo traduce a un enorme ahorro al Estado colombiano, no convence en el Congreso. De hecho, la oposición ya ha criticado en repetidas oportunidades este tipo de iniciativas porque podrían afectar a las pequeñas colectividades y actuar en beneficio de los grandes partidos políticos.
A juicio de algunos legisladores de oposición, es más beneficioso reducir el salario de los congresistas a la mitad y no el número de congresistas, pues así se reducen costos y no se pierde representación democrática.
"Si usted reduce el número de los congresistas el Congreso se hace menos democrático, hay una relación entre el número del elegidos y la democracia, mientras que si usted reduce el pago mantiene esa proporcionalidad democrática y se hace el ahorro que se necesita hacer", explicó el senador Jorge Robledo.
La oposición señala que cuando los Congresos son muy pequeños son menos democráticos, ya que los voceros de los sectores populares nunca llegarían al Legislativo.
En ese orden de ideas, los pros de la iniciativa de reducir el Congreso son básicamente dos: el ahorro que le produce al Estado y la mejora del debate político.
Para el año 2021 el salario de los congresistas es de $34'417.000 pesos y disponen de hasta 50 salarios mínimos legales, es decir, alrededor de 45 millones de pesos (adicionales a su salario) para conformar su equipo de trabajo. Lo anterior sumado a otros gastos llega a una cifra cercana a los 90 millones de pesos, o sea, el Congreso le cuesta al país más de 25 mil millones de pesos cada mes.
Aplicar una reducción del 52 % o 36 % como lo plantean las propuestas de Valencia y Macías sí son un gran ahorro para el Estado. Básicamente, con ese dinero se podrían financiar los estudios universitarios de miles de jóvenes, ampliar programas sociales, etc.
Por otra parte, está el tema de la representatividad democrática. De ver luz verde alguno de estos proyectos varias colectividades tendrían que olvidarse de tener curules en el Congreso, pues son esos pequeños partidos los que se ven afectados con menos plazas en el Legislativo.
Además, podría hacer aún más marcada la diferencia entre la oposición y el Gobierno. En caso de ser menos congresistas seguramente sería del partido de turno, por lo que el poder de los opositores quedaría notablemente reducido.
Para que estos cambios se hagan realidad los proyectos radicados por Valencia y Macías deben superar ocho debates, no cuatro como es común, puesto que son actos legislativos y estos requieren de un trámite más amplio.
