El caso de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, ha dado un giro inesperado tras su vinculación a un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En la mañana del miércoles, una jueza de Bogotá decidió imponerle prisión preventiva, pero en lugar de un centro penitenciario común, será enviada a una guarnición militar mientras avanzan las investigaciones en su contra.
La decisión se dio luego de que la Fiscalía presentara elementos probatorios que, sustentarían la medida de aseguramiento. En sus declaraciones, la jueza destacó que la exfuncionaria debía ser trasladada a un centro que garantizara su derecho a la vida e integridad, dada la gravedad de los cargos en su contra y la naturaleza del escándalo.
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El caso se remonta a los señalamientos realizados por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien reveló que Ortiz habría actuado como intermediaria para entregar 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name. Estos fondos, según la investigación, fueron obtenidos de manera ilícita y utilizados en un esquema de corrupción relacionado con la malversación de recursos públicos.
El escándalo de corrupción involucra un desfalco de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de camiones cisterna para llevar agua a comunidades de La Guajira. Los contratos, sin embargo, no cumplían con los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida de estos recursos.
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¿Qué futuro le espera en este proceso judicial?
A pesar de los cargos de tráfico de influencias y lavado de activos que enfrenta Ortiz, la jueza reconsideró la decisión inicial de enviarla a un centro penitenciario convencional. En lugar de ello, optó por un traslado a una guarnición militar, asegurando que el traslado fuera supervisado por la Policía Nacional, con el fin de salvaguardar su integridad física. Esta medida responde a la necesidad de protección, ya que el Buen Pastor, el centro penitenciario inicialmente designado, no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar su bienestar.
La jueza también solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se busque un nuevo centro donde se pueda asegurar la seguridad de Ortiz mientras continúa su proceso judicial.
