Se abre un espinoso debate en el Congreso por cuenta de la Resolución 971, expedida por el Ministerio de Salud, la cual establece el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia en el país. El documento contiene las indicaciones para las organizaciones y funcionamiento del Comité Científico-interdisciplinarios, para hacer efectivo el "derecho a Morir con dignidad a través de la eutanasia".
Las disposiciones para la aplicación de la eutanasia están dirigidas al talento humano en salud y personal médico, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (Eapb) y los ciudadanos colombianos y las personas extranjeras domiciliarias en el país.
"Se debe tener la presencia de una condición clínica de fin de vida, enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal o agonía, presentar sufrimiento secundario a esta y estar en condiciones de expresa la solicitud de manera directa a través de un Documento de Voluntad Anticipada (DVA)".
Agrega que las diferentes entidades de salud que presten servicios de oncología crónico para pacientes terminales tendrán que tener unos comités para estudiar cada uno de los casos y las peticiones realizadas.
"Las Instituciones prestadoras de Salud (IPS) que tengan habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización oncológica, de atención institucional o domiciliaria para paciente crónico, que cuente con protocolos de manejo para el cuidado paliativo, conformarán al interior de cada entidad un comité científico-interdiciplinario para el Derecho a morir con Dignidad a través de la eutanasia", reza en el documento.
MinSalud definió que este comité estará integrado por un médico con la especialidad de la patología que padece el paciente, un abogado, un siquiatra o psicólogo clínico, quienes no podrán ser objetores de conciencia del procedimiento de la eutanasia.
Desde el Congreso es escuchan voces en contra de la resolución emitida por la cartera de Salud. El senador Jhon Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, rechazó el documento porque, según él, en la Constitución no se autoriza el derecho a una muerte digna, por el contrario, en el artículo 11 se expone el derecho a la vida.
"El Estado tiene la responsabilidad de quitar el sufrimiento del ser humano, pero no de acabar con la vida del ser humano que sufre. Tomaremos todas las acciones legales necesarias para preservar y defender la vida como lo establece la Constitución", sostuvo.
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Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático calificó de "inaceptable" que el Ministerio de Salud vía resolución vuelva derecho fundamental la eutanasia y la reglamente, "desconociendo que el Congreso no aprobó ley al respecto. La vida hay que cuidarla no acabarla por resolución. Duele que el gobierno desconozca el derecho fundamental a vivir".
Y agregó: "El Estado debe priorizar los cuidados paliativos. El objetivo de todos como sociedad debe ser siempre el trabajar en beneficio del ser humano y no en su contra, reafirmando el respeto a la vida y no tomando como salida al dolor la eutanasia".
El documento expedido por MinSalud no convence ni a los defensores de le eutanasia. El representante Juan Fernando Reyes Kuri, del Partido Liberal, cuestionó los lineamientos que se establecen para acceder a la muerte digna.
"La resolución del Ministerio de Salud sobre eutanasia en lugar de avanzar, a mi juicio, retrocede en la garantía al derecho a morir dignamente de todos los colombianos, porque le pone más trabas al ejercicio del derecho, pero además hace una cosa que a mi juicio es equivocada y es que para acceder a la eutanasia condiciona a todos los pacientes a que primero pasen por los cuidados paliativos, y esto no debe ser obligatorio, debe ser una opción que se le da al paciente y que él escoge de manera voluntaria", detalló.
Cabe señalar que, el proyecto de ley estatutaria que pretendía regular la eutanasia en Colombia se hundió en la Cámara de Representantes en junio pasado. La votación final del informe tuvo como resultado 82 votos a favor y 60 en contra, y requería de una mayoría de 85 votos a favor, por lo cual se archivó inmediatamente.
La iniciativa de Reyes Kuri planteaba una serie de requisitos para acceder al derecho de muerte digna, para que en caso de que un paciente que padeciera una enfermedad incurable, en fase terminal o una condición médica que afectara su calidad de vida de manera grave, y deseara morir de manera anticipada y asistida tuviera el respaldo médico para que le realizaran el procedimiento.
