El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ha hecho públicas nuevas y alarmantes pruebas sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dirigida por Juan Felipe Harman.
Esta denuncia marca una continuación de lo que Uribe describe como un "saqueo millonario" en la ANT, con evidencias que destacan un crecimiento exorbitante en la contratación y una red de favoritismos políticos.
Entre enero y agosto de 2024, la ANT ha desembolsado la asombrosa cifra de $358.000 millones en contratos de prestación de servicios, posicionándose como la entidad del Gobierno Nacional con mayor cantidad de contratos, con un total de 8.712.
De estos, 5.143 están activos y 3.569 han concluido, evidenciando un incremento del 440% en comparación con el año 2022. Esta expansión desmedida en la contratación refleja un aumento considerable en la burocracia bajo la dirección de Harman.
Red de favores políticos
Uribe Turbay denuncia que, de los contratos gestionados, 231 personas que previamente trabajaron con Harman en la Alcaldía de Villavicencio han recibido un total de $11.625 millones. Según el senador, esta situación demuestra que la ANT se ha convertido en una plataforma para fortalecer el proyecto político de Harman, utilizando la entidad para consolidar apoyos y pagar favores políticos.
- Casos de contratación irregular
El senador ha expuesto cuatro casos concretos que ilustran las presuntas irregularidades en la ANT:
1. Roberto Arroyave: Exfuncionario de la Alcaldía de Villavicencio, Arroyave posee un contrato mensual de $18 millones en la ANT. Aunque su función oficial es acompañar actividades de la Dirección General, sus informes indican que se dedica a labores de inteligencia y contrainteligencia, funciones que están reservadas para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esta situación plantea serias dudas sobre la legalidad y transparencia de sus funciones en la ANT.
2. José Manuel Sandoval Garzón: Exconcejal de Villavicencio y dos veces diputado del Meta, Sandoval recibe $18 millones mensuales por realizar un supuesto "seguimiento de redes y equipos". Sin embargo, su falta de experiencia en esta área ha suscitado preocupaciones, ya que en la práctica, Sandoval se involucra en reuniones reservadas y participa en la asignación de tierras, generando un evidente conflicto de intereses entre su rol técnico y sus ambiciones políticas.
3. Alexandra Pineda Ortiz: Excandidata a la Cámara de Representantes por el Cesar del Pacto Histórico, Pineda Ortiz tiene un contrato en la ANT con un salario de $18 millones mensuales. A través de su cuenta de X, promueve las marchas de los Comités Municipales de la Reforma Agraria, sugiriendo que su papel en la entidad está más vinculado a actividades políticas que a labores técnicas.
4. José Rodrigo Toro Montes: Exalcalde de Santa Rosa de Cabal, Toro Montes tiene dos contratos: uno en la ANT por $28 millones y otro en la Cámara de Representantes por $90 millones. A pesar de no contar con una formación profesional adecuada, Toro Montes realiza labores como coordinador del eje cafetero en la ANT, revelando una preocupante falta de meritocracia en la contratación.
Miguel Uribe Turbay ha calificado estos actos de "descaro" e "ilegalidad", afirmando que el derroche en la contratación pública y el uso de la ANT para fines políticos no solo compromete la integridad de la entidad, sino que también es un reflejo de una corrupción generalizada. La denuncia ha generado un llamado a la transparencia y una exigencia de responsabilidades para garantizar que los recursos públicos sean gestionados con honestidad y en beneficio de la ciudadanía.
