El alcalde de Medellín sigue siendo objeto de controversia por el manejo de los recursos públicos del Distrito. Desde abril de este año, apenas cuatro meses después de iniciar su administración, inició un proceso contractual para arrendar 19 camionetas eléctricas de lujo destinadas al transporte de los empleados de la administración, lo que genera polémica y duda en la transparencia y legalidad de esta transacción es la cifra exorbitante del contrato, que asciende a 21 mil millones de pesos.
El contrato fue suscrito con la Unión Temporal Med-ATT, que está conformada por las empresas de transporte Turiscar SAS y la Asociación de Transportes Especiales A&S. En ambas empresas, el representante legal es el señor Jorge Iván Cartagena Ramírez, mientras que Transportes Especiales A&S SAS está representada por Paula Ximena Trujillo, sin embargo, estas empresas han sido objeto de cuestionamientos, porque presuntamente no tenían la capacidad financiera para celebrar el contrato.
Esta situación genera crecientes inquietudes sobre la idoneidad y legalidad de la transacción, especialmente dado que el acuerdo resultó en un costo significativamente mayor al de una adquisición directa, pues se estima que, con los 21 mil millones de pesos destinados al arrendamiento, el Distrito podría haber adquirido aproximadamente 110 camionetas, cada una por un valor de 190 millones de pesos, lo que representa una diferencia considerable, dado que el costo del arrendamiento podría haber permitido obtener 91 vehículos más de los que se arrendaron.
Además, Esteban Ramírez, secretario de Suministros y Servicios de Medellín, ha justificado públicamente el evidente detrimento al patrimonio público argumentando que el contrato no solo incluía el arrendamiento de los vehículos, sino también el servicio de conductor. Sin embargo, esta explicación resulta no solo irónica, sino profundamente cuestionable. ¿Cómo se puede justificar un incremento tan desproporcionado en el costo por la contratación de apenas 19 conductores? siendo importante resaltar que la Cooperativa de Transportadores contratistas, parte de la unión temporal, no cumplía con el índice de liquidez requerido en los estudios previos del contrato.
Durante su mandato como alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez se ha destacado por mantener un interés personal en diversos nombramientos y contratos de la administración. Este patrón se habría evidenciado previamente en el polémico proceso de privatización de Tigo Une y en el nombramiento de su hermana en Internexa, ambos generando suspicacias sobre posibles conflictos de interés y hoy se repite tras la adjudicación del contrato de arrendamiento de las 19 camionetas, donde surgen acusaciones de que presuntamente el pliego de condiciones definitivo fue ajustado deliberadamente para que COOMULTRANSCON cumpliera con el índice de liquidez exacto requerido.
Estas presuntas irregularidades podrían implicar una manipulación de los procesos contractuales en beneficio de intereses personales y políticos. Mientras tanto, los ciudadanos de Medellín siguen preocupados por la carga de los altos impuestos y la incertidumbre generada por el nuevo avalúo catastral. Sin embargo, en lugar de atender estas preocupaciones, el alcalde parece continuar impulsando la privatización de activos y el despilfarro de recursos que podrían destinarse a resolver los problemas prioritarios del Distrito.
Siendo esta una oportunidad para hacer un llamado urgente a los entes de control; es imperativo que se inicien las investigaciones pertinentes, el patrimonio público de Medellín, el bienestar de sus habitantes está en juego.
