Momentos antes de que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se enfrente al inicio de su juicio por presunto fraude procesal y soborno a testigos, una declaración emitida desde su residencia en Llanogrande ha sacudido el escenario judicial colombiano.
Uribe, líder del Centro Democrático, ha arremetido contra lo que considera una persecución política por parte de sus opositores, insistiendo en que el proceso en su contra está influenciado por intereses políticos y plagado de irregularidades. Desde su hogar, el exmandatario afirmó que sus adversarios políticos se han convertido en sus acusadores judiciales, algunos de ellos con vínculos cercanos a grupos como las FARC.
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En un mensaje dirigido a sus compatriotas, Uribe reiteró su inocencia, negando haber buscado activamente testigos para su defensa. Sin embargo, reconoció haber solicitado verificar múltiples informaciones sobre presuntas ofertas de beneficios a reclusos a cambio de acusaciones en su contra, en lo que él considera un derecho irrenunciable de defender su honor.
La cita de Uribe ante la juez 44 del circuito de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, marca un hito en la historia judicial del país, siendo el primer proceso penal de esta magnitud en contra de un exjefe de Estado colombiano.
El expresidente también lamentó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llevar a juicio al magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, acusado de sobornar testigos para favorecerlo. Según Uribe, esta acción es injusta y desproporcionada, manifestando su indignación ante las acusaciones que vinculan al magistrado Prada con supuestas acciones a su favor.
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El juicio de Álvaro Uribe ha desatado un debate nacional sobre la imparcialidad de la justicia colombiana y la influencia política en los procesos judiciales. Mientras tanto, el expresidente se prepara para enfrentar un proceso legal que podría definir su legado político y su posición en la historia del país sudamericano.
