Este martes, 4 de febrero, el caso judicial en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, por delitos atribuidos como fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, puede tomar un nuevo rumbo debido a que el Tribunal Superior de Bogotá podría decidir incluir chuzadas hechas al exmandatario como evidencia en su contra.
En estos momentos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá está en determinación de cuáles pruebas documentales, testimoniales y técnicas serán admitidas de manera definitiva en uno de los casos más importantes del país.
Ante esta posibilidad, la defensa del expresidente ha indicado que necesitan que se excluyan varias pruebas, argumentando que fueron conseguidas de manera irregular, vulnerando los derechos fundamentales del acusado, según informe de Semana.
Estas pruebas han sido controversiales, ya que, en ellas se encuentran 28 interceptaciones telefónicas realizadas en el año 2018 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las que se escucha al que en ese entonces era senador de la república, conversando con su abogado Diego Cadena.
Sin embargo, pese a la solicitud de la defensa, estas pruebas habrían sido usadas previamente en agosto del 2020 para que la Corte Suprema ordenara la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Uribe, al considerar que este podría interferir en la investigación.
No obstante, el abogado penalista que está en defensa del exsenador, Jaime Granados, ha indicado que estas pruebas fueron interceptadas “por error” en su momento, pero que ingresarlas a la investigación sería una violación al debido proceso.
Dichas interceptaciones que ahora pueden dar un giro rotundo en la investigación en contra de Uribe, fueron recogidas por error, según relató la revista Semana, ya que en ese momento se encontraban en el marco de una investigación en contra del congresista Nilton Córdoba, en la cual habría sido incluido por accidente el número telefónico del ex primer mandatario.
Aunque desde el principio quedó claro que la persona interceptada había sido el expresidente, la investigación siguió, desencadenando los actos consecuentes que terminaron con el proceso de Uribe. Incluso, según testimonio de Óscar Álvarez, analista del CTI encargado de realizar las escuchas, se habrían percatado del error e informado a sus superiores, aunque dicho proceso continuaría.
La defensa sigue alegando que estas evidencias carecen de una justificación legal y que, además, vulneran el secreto profesional entre abogado y cliente, ya que estas interceptaciones también incluían a su representante legal, Diego Cadena.
