El 3 de octubre de 2024, el ex Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante un evento en Montería.
En su discurso, Petro se refirió a la supuesta inacción de la Fiscalía bajo el mandato de Barbosa en la entrega de tierras a las víctimas del paramilitarismo, lo que llevó al ex fiscal a defender su legado y contrarrestar las acusaciones.
En su intervención, Gustavo Petro acusó a la Fiscalía de no cumplir adecuadamente su deber de entregar bienes confiscados a las víctimas de la violencia paramilitar, en un intento de "lavar la hoja de vida criminal" de Salvatore Mancuso, un ex líder paramilitar. Estas afirmaciones no solo cuestionaron la gestión de Barbosa, sino que también generaron un intenso debate sobre la responsabilidad de las instituciones en la reparación a las víctimas.
La respuesta de Francisco Barbosa
En su comunicado, Barbosa respondió contundentemente a las acusaciones. Defendió su gestión señalando que durante su administración, la Fiscalía entregó al Fondo de Reparación de Víctimas 1,600 bienes que suman 1.8 billones de pesos. Destacó que esta cifra cuadruplicó la cantidad entregada en los años anteriores, lo que subraya un compromiso claro con la reparación de las víctimas del conflicto.
Barbosa enfatizó que la administración y distribución de estos bienes corresponde a la Unidad de Víctimas, una entidad dependiente del gobierno de Petro, no a la Fiscalía. Esta aclaración busca desviar la responsabilidad del manejo de tierras y bienes a la administración del presidente, quien, según Barbosa, debería estar más atento a su rol como cabeza del Estado.
El ex fiscal también comparó las cifras de imputaciones al paramilitarismo durante su administración con las de períodos anteriores. Afirmó que bajo su mando se imputaron 85,085 hechos delictivos, mientras que entre 2006 y 2019 se habían imputado 56,401. Esto incluye 24,408 imputaciones específicas a Salvatore Mancuso, resaltando una intensificación en la persecución del paramilitarismo.
Este énfasis en las cifras busca reforzar la idea de que su administración no solo fue activa, sino también efectiva en la lucha contra las estructuras criminales, contrastando así con las acusaciones de Petro.
Otro punto clave que mencionó Barbosa fue el proceso de entrega de bienes bajo la ley de Justicia y Paz. Aclaró que la entrega de los activos al Fondo de Reparación de Víctimas se realizaba bajo procedimientos reglados y que la Fiscalía no tenía injerencia directa en estos procesos. Esto pone de relieve que, aunque la Fiscalía puede haber perseguido los bienes, su gestión final estaba en manos de la Unidad de Víctimas, dirigida por el gobierno actual.
Finalmente, Barbosa resaltó que fue durante su administración cuando se judicializó a 76 terceros implicados en la financiación del paramilitarismo. Esto pretende mostrar que no solo se enfocó en los líderes criminales, sino también en aquellos que facilitaron sus operaciones, una labor crucial en el proceso de justicia y reparación.
