El Gobierno defendió ante el Congreso el programa "Jóvenes en paz", que busca beneficiar a 100.000 jóvenes que están en situación de extrema pobreza, explotación sexual o vinculados a dinámicas de criminalidad, con ayudas estatales hasta por 244 dólares mensuales.
"Hay jóvenes que hoy las redes criminales están cooptando y les están pagando por matar, les están pagando por asesinar. Este programa entonces busca sacar a esos jóvenes de ese círculo de la violencia", dijo este martes la vicepresidenta Francia Márquez en una sesión de control en la Comisión Séptima del Senado.
El Ministerio de la Igualdad y Equidad, de la que es titular Márquez, tendrá a cargo el desarrollo del Programa Nacional Jóvenes en Paz, que se espera que se ponga en marcha en septiembre y aspira a prevenir la violencia y la criminalidad, promover la inclusión social y el desarrollo personal.
A esos jóvenes, de entre 14 y 28 años, se les pagará hasta un millón de pesos mensuales (unos 244 dólares o 224 euros) para que "salgan de ese círculo de violencia".
La vicepresidenta recordó que el programa tiene sentido porque "la mayoría son hijos de mamás cabeza de familia. La mayoría de esos jóvenes son negros, indígenas, campesinos empobrecidos. Entonces el que el Estado hoy esté desarrollando un programa para atender a esta juventud no puede verse como un incentivo a la delincuencia", remarcó.
Además, Márquez explicó que los jóvenes que sean acogidos en el programa están obligados a estudiar y también a desarrollar labores sociales en las zonas en donde estén, que son las más afectadas por la violencia del conflicto armado.
Cuestionó a los legisladores que han dicho que el programa busca beneficiar a la delincuencia. "Para mí es doloroso que ustedes como senadores digan que la juventud a la que vamos a beneficiar es delincuente. Son jóvenes entre 14 y 28 años que lo que necesitan es atención del Estado".
En este sentido, explicó que el programa "Jóvenes en Paz" está en un proceso de reglamentación y tiene definidos unos criterios para quienes aspiren a hacer parte de él, entre ellos, que no incluirá a quienes tengan una orden de captura o una condena.
Además, recalcó, que no se tratará de un subsidio sino de una "transferencia condicionada", pues los beneficiarios deberán estar inmersos en procesos de educación, al igual que deberán cumplir con un trabajo social, que será ofertado desde los entes territoriales y desde otras dependencias del Gobierno como el Ministerio de Ambiente".
Por otra parte, se espera que los ministerios de Educación y Trabajo den las condiciones necesarias para que estos jóvenes sigan en sus procesos formativos y encuentren oportunidades laborales.
"He escuchado a muchos decir que vamos a premiar delincuentes. Creo que, en otros tiempos, con esos jóvenes vulnerables, lo que tuvimos fue muerte", sentenció Márquez que atendió la citación en la Comisión Séptima en donde explicó los alcances y objetivos de la nueva cartera que estará a su cargo.
Para Márquez no se puede hablar de burocracia cuando de lo que se trata es de invertir recursos para el beneficio de los más vulnerables.
