El pasado miércoles 13 de noviembre, se conoció una de las decisiones judiciales más esperadas y polémicas en Colombia. Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto de los cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en el contexto del caso conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.
Este grupo paramilitar, que operó en el norte de Antioquia durante la década de los 90, está acusado de cometer múltiples crímenes, entre ellos extorsiones, asesinatos y "limpieza social". Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no está dispuesta a dejar que esta decisión quede en firme y ha anunciado su intención de apelar el fallo.
El juicio y la polémica detrás de la absolución
El juicio a Santiago Uribe Vélez comenzó formalmente en enero de 2021, pero el caso tiene raíces mucho más profundas. En 2017, el Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar al hermano del exmandatario por su presunta vinculación con ‘Los 12 Apóstoles’, un grupo paramilitar que operaba principalmente en los municipios de Santa Rosa de Osos, Yarumal y Campamento.
La investigación también abarcaba el asesinato de Camilo Barrientos, un campesino ejecutado en 1994 durante lo que se conoce como una "limpieza social" liderada por este grupo.
El expediente judicial en su contra es extenso, compuesto por 45 volúmenes y decenas de testimonios que intentaron vincular a Uribe con la creación y financiación de ‘Los 12 Apóstoles’ desde su finca, La Carolina, ubicada en el norte de Antioquia. A pesar de las pruebas presentadas, la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que absolvió a Uribe, ha generado una gran controversia. La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, sostuvo que las pruebas eran insuficientes, y acusó a la Fiscalía de basarse en "falsos testimonios" y manipulación mediática. En particular, Granados cuestionó las declaraciones del excomandante de Policía Juan Carlos Meneses, quien fue uno de los testigos clave en el juicio.
La reacción de la Fiscalía y la apelación
A pesar de la decisión de primera instancia, la Fiscalía no ha dejado de insistir en que existen suficientes pruebas que vinculan a Santiago Uribe con la creación y el financiamiento de ‘Los 12 Apóstoles’. Según el ente acusador, la finca La Carolina habría sido un centro neurálgico para la operación del grupo paramilitar durante los años 90. La Fiscalía sostiene que en este predio se fomentó el paramilitarismo y que Uribe desempeñó un papel crucial en la estructuración del grupo armado, que se dedicaba a actividades ilícitas como extorsiones y homicidios en la región.
Por lo tanto, la Fiscalía presentará un recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, buscando revertir la absolución de Santiago Uribe. El fallo de primera instancia es visto por el ente acusador como un obstáculo para lograr justicia en uno de los casos más emblemáticos de la violencia paramilitar en Colombia.
La noticia de la absolución de Santiago Uribe también ha generado reacciones en diversos sectores. Desde las víctimas del grupo paramilitar, hasta defensores de los derechos humanos, se ha cuestionado el fallo. Sergio Mesa, abogado de las víctimas de ‘Los 12 Apóstoles’, manifestó que apelarán la decisión en instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mesa, quien representa a 23 víctimas reconocidas por la Fiscalía, también aseguró que continuará luchando para que se profundice en las pruebas que, según él, han sido “engavetadas” por más de tres décadas.
A su vez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez celebró la absolución de su hermano a través de un mensaje en redes sociales, expresando su gratitud a Dios por el fallo favorable. Sin embargo, la controversia en torno al caso sigue siendo un tema candente en la política y la justicia colombiana.
Este caso pone de relieve la compleja relación entre la justicia, la política y la violencia en Colombia. Mientras la Fiscalía continúa con su apelación, las víctimas de ‘Los 12 Apóstoles’ siguen exigiendo justicia, y la sociedad colombiana observa atentamente el desarrollo de los próximos capítulos judiciales.
La apelación de la Fiscalía es solo uno de los elementos que podrían cambiar el curso de esta historia, que sigue siendo un reflejo de la lucha por la verdad y la reparación en un país marcado por décadas de conflicto armado y violaciones a los derechos humanos. Sin duda, el caso Santiago Uribe seguirá siendo un tema de debate y atención en el panorama judicial y político colombiano.
