A través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro le hizo una solicitud especial a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación: hacer una revisión exhaustiva del inventario de bienes en extinción de dominio, entregado a la Dirección Nacional de Estupefacientes (SAE).
Para el primer mandatario es urgente efectuar tal investigación pues considera que "podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia".
Daniel Rojas Medellín, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, ha sido uno de los funcionarios que más énfasis ha hecho al respecto.
Rojas señaló que, una vez llegó a la SAE, halló un desorden que decidió poner en conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía General de la Nación.
Tanto la SAE como la Contraloría acordaron una intervención especial para detectar todas las irregularidades posibles y abrirle un nuevo camino a las acciones de la entidad.
Rojas Medellín estuvo recientemente en el Congreso de la República señalando que el gran problema de la SAE "son los inventarios. No tenemos certezas sobre el valor catastral, el valor comercial de la mayoría de los activos, y mucho menos de las sociedades (...) la Fiscalía no hace avalúos, pero sí hace unas estimaciones económicas para medir el impacto".
Dijo que la información de los activos que se organizan deben ser organizados y actualizados. Señala que se requiere una "estandarización de los activos".