Tras las quejas de la oposición por el supuesto 'embolate' del debate de moción de censura a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo del contrato que suscribió con la Unión Temporal Centros Poblados, el cual tiene a las ías del país buscando los $70.000 millones de un anticipo, se conoció que el próximo lunes se podría establecer una fecha para dicha diligencia.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, afirmó que el próximo lunes se reunirá con la mesa directiva de la corporación para evaluar si se cumplen los requisitos para que se lleva a cabo la moción de censura. De encontrar sustento jurídico para adelantar dicho trámite se definiría ese mismo día la fecha del debate.
"Vamos a revisar si la solicitud de moción de censura cumple las condiciones legales para llevarse a cabo el debate y de ser así, establecer una fecha en la que la ministra pueda estar en el Congreso", dijo Arias.
La presidenta de la corporación expresó que la intención es que se pueda conocer la realidad de lo que está ocurriendo, que se pueda escuchar a las partes y se pueda saber cual es la solución para la conectividad de estos territorios, que a día de hoy tiene en veremos la llegada del internet, pues no se ha adjudicado el contrato a otro consorcio.
Es importante mencionar que, el representante León Fredy Muñoz fue quien denunció que supuestamente le estaban haciendo 'conejo' al debate. "Hablé con la presidenta de la Cámara para que agendara la moción de censura y ella dice que va a citar para lunes la Mesa Directiva y ahí van a analizar si es conveniente o no. Y luego de ahí se llevan 10 días y me dice que, para principios de septiembre, pero que hay dudas porque entra la reforma tributaria".
Lo dicho por el congresista quiere decir que la Mesa Directiva estaría dándole largas a la discusión para poner fecha del debate de moción censura para que este coincida con el trámite de la reforma tributaria, que tiene mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque y, además, mayor interés de agendarse y priorizarse en la agenda.
Otro punto clave en este tema son las pocas probabilidades que hay de que el Congreso de la República remueva de su cargo a la ministra Abudinen, esto se puede explicar bajo los siguientes argumentos:
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el contrato adjudicado por el MinTIC a la Unión Temporal Centros Poblados. Sin embargo, el nombre de la funcionaria no aparece entre los investigados.
Al trámite fiscal, que está a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría, fueron vinculados Adriana Vanessa Meza, representante legal delegada de Funtic; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual; Camilo Alberto Jiménez, supervisor del contrato 1043 de 2020; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; Carlos Enrique Páramo Samper, representante legal de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera, representante legal de ICM Ingenieros S.A.S, entre otros.
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Por otra parte, los antecedentes de las mociones de censura anteriormente adelantadas evidencian que es un trámite que, al menos en este periodo, no sirve para nada, pues las mayorías del Gobierno aplastan a la oposición -convocante de las mociones- en las votaciones de dichos debates.
La primera persona que enfrentó a la oposición por una moción de censura fue el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla en octubre de 2018 cuando fue citado por la polémica de los bonos de agua. De este debate Carrasquilla salió ileso cuando la Cámara rechazó la censura en una votación 122 por el no y 22 por el sí.
La segunda en responder ante el Congreso en un debate de moción de censura fue la ministra de Transporte, Ángela María Orozco el 1 de octubre de 2019 cuando la citaron por su supuesta relación con entidades financieras en medio del escándalo de Odebretch y la Ruta del Sol ll. La votación quedó 61 votos rechazando la censura y 17 por el sí. Hasta ahora, Orozco se mantiene en el cargo.
El exministro de Defensa Guillermo Botero respondió el 10 junio de 2019 por el asesinato de Dimar Torres, un excombatiente que murió a manos de un soldado del Ejército, como se comprobó tiempo después. Obtuvo 121 votos a su favor contra 20 de los citantes.
Luego, el 5 de noviembre de 2019, se dio un nuevo debate contra el hoy embajador de Colombia en Chile, por el bombardeo adelantado por el Ejército en Caquetá en agosto de ese año donde habían caído menores de edad. Ante el pronóstico de votos que apuntaban a que sería el primer ministro censurado en el país, renunció el 6 de noviembre. Sin embargo, aunque la futura votación quedó 49 apoyando la censura y cuatro negándola, no alcanzó los votos necesarios que eran 55.
Tras la salida de Botero, el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, asumió el cargo y en octubre de 2020 la Cámara lo citó por los hechos ocurridos en Bogotá en septiembre de 2020 que dejó a más de 10 personas muertas tras las manifestaciones que se dieron por la muerte del estudiante de derecho, Javier Ordóñez, a manos de la Policía. Terminó con una votación de 136 votos a su favor y 23 pidiendo su censura.
En mayo de 2021 se adelantaron dos debate de moción de censura contra el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, por los hechos ocurridos en el marco del paro nacional. La aprobación de la moción recibió 36 votos a favor y 109 en contra, en Cámara, y 69 votos en contra y 31 a favor en Senado, tampoco prosperó.
