El debate por la Ley de Garantías vuelve al Congreso de la República. La senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, radicaron un proyecto que pretende acabar con esta ley por considerar que perdió vigencia.
La Ley de Garantías (ley 996 de 2005), prohíbe a las entidades estatales celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección. Esta prohibición cobija a todos los entes del Estado, sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía.
"Radicamos esta iniciativa en vistas de que la ley de garantías ya no es funcional; se creó a raíz de la reelección presidencial, pero como esta se eliminó desde 2015 ya no tiene mucho sentido, sobre todo en esta época, donde por la pandemia se paralizó casi un año el tema de contratación pública", detalló la senadora Holguín
De hecho, la crisis derivada por la pandemia de Covid-19 es uno de los puntos principales que llevó a los dos congresistas del Centro Democrático a impulsar este proyecto de ley en el Congreso. Según explicaron, lo que se busca es apoyar a las autoridades locales en la reactivación económica.
Además, consideran que la Ley de Garantías es un bloqueo en la gestión administrativa y financiera de departamentos y municipios por un término equivalente a un 25% del periodo de los mandatarios.
"Consideramos que es importante derogarla, entre otras, porque las demás normas que están dentro de esta ley ya existen en otras leyes. Y lo que ha incentivado, al impedir los convenios interadministrativos, es que se dispare la contratación a dedo, lo que tiene consecuencias de corrupción", dijo Holguín.
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También argumentaron que, quienes quieren utilizar los recursos del Estado para corrupción o para favorecer campañas electorales lo hacen con o sin Ley de Garantías. "Lo que se termina castigando es la ejecución, el avance de alcaldes y gobernadores".
La iniciativa seguramente despertará polémica en distintos sectores políticos que piensan que la celebración de contratos a pocos meses de de las elecciones podría incentivar hechos de corrupción en el país.
Previamente, desde el uribismo y la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) se ha mostrado a favor de eliminar la norma, argumentando que limita la labor de los mandatarios locales y teniendo en cuenta la crisis generada por la pandemia es un buen momento para intentar derogar la Ley de Garantías.
Para que este proyecto se convierta en ley de la República tendrá que superar cuatro debates en el Congreso.
