Tal como lo anunció el pasado 26 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe socializó ante la bancada del Centro Democrático el primer borrador de su propuesta de amnistía general. Incluye la recuperación de derechos políticos y un tratamiento diferencial para las Fuerzas Militares.
Uribe señaló que en el país se debería discutir una ley de amnistía general para resolver el desequilibrio judicial, en el que algunas personas pagan largas condenas y otras siguen libres o reciben sentencias menores pese a la gravedad de sus delitos.
En el documento se plantea que los condenados o procesados recuperen sus derechos políticos. Expresa literalmente que "se permitirá por una sola vez que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular, o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia".
No obstante, aclara que esta propuesta solo acogería a quienes no estén implicados en infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. "Se exceptúan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación pública", detalló.
El líder del Centro Democrático propone que la ley, por una sola vez, ampliará los subrogados penales a favor de personas condenadas o procesadas, salvo por los delitos mencionados en el inciso anterior. Cuando el beneficiario de esta norma realice una conducta penal posterior, la pena se agravará en la mitad, advirtió.
En la propuesta se lee que los integrantes de las Fuerzas Armadas condenados por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este eventual acto legislativo, que hayan completado 5 años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos.
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Uribe indicó que quienes se beneficien de esa norma deben reparar a las víctimas y contribuir a la verdad. "Será deber de los beneficiarios de esta norma realizar una reparación a las víctimas, con pedido de perdón, cuando se haya causado el daño. Se exigirá el reconocimiento de los hechos o en su defecto la contribución a la verdad, sin que esto implique auto incriminación", expuso.
En ese sentido, los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos podrán avalar candidatos beneficiarios de dicha ley, a menos que se presente una sanción penal por hechos posteriores.
Al final del borrador se encuentra una de las propuestas más llamativas, la cual refiere a que en la Justicia Especial para la Paz (JEP) habrá una estructura especial para la investigación y juzgamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, por hechos ocurridos hasta el primero de diciembre de 2016.
"El principio de imparcialidad del juez debe garantizar que los miembros de esta estructura no hayan participado en denuncias, investigación, juzgamiento o pronunciamientos públicos en contra de quienes estén sometidos a esta jurisdicción", sostuvo Uribe.
El documento concluye con que las desmovilizaciones de grupos armados al margen de la ley, posteriores a la promulgación de esa ley, se rijan por la ley 975 de Justicia, Paz y Reparación; así como un beneficio para los desmovilizados en el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El exmandatario presentó dicha propuesta ante la colectividad que dirige con el objetivo de que que la bancada lo discuta, lo examine con el Gobierno y con las otras fuerzas políticas. Por lo que el debate sobre la amnistía general empieza a tomar forma.
