El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022 sigue generado más preguntas que respuestas. Previo a su segundo debate se encienden las alarmas por la posible adquisición de aviones de guerra, compra que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, había descartado por considerarla impertinente en los tiempos de austeridad que atraviesa Colombia.
Resulta que en la segunda ponencia de este proyecto que define cuánto dinero tendrá el país para sus diferentes responsabilidades e inversiones, se incluyó una partida presupuestal por 345 mil millones de pesos al sector Defensa, que en su mayoría se destinaría para flotas de la Fuerza Aérea y aeronaves de la Policía.
Ante dicha destinación que aprobaría el Congreso, el representante Mauricio Toro, del Partido Alianza Verde, le pidió explicaciones al ministro de Hacienda sobre el destino de la millonaria suma, partiendo de que hace unos meses afirmó que no se comprarían aviones de combate.
"Quiero saber si el ministro engañó o no al país porque aquí aparece una platica que se le adicionó en esta segunda ponencia: $345.000 millones, recursos que en su mayoría van para flotas de la Fuerza Aérea ($145.000 millones). Y para misiones de aeronaves de la Policía, ($200.000 millones). El ministro dijo que no iba a comprar los aviones, la pregunta es ¿esto es para aviones? Porque habla de la Aeronáutica, la Fuerza Aérea y para la flota de aviones", preguntó Toro.
El representante enfatizó en si se está maquillando la adquisición de aeronaves de combate cuando se le había asegurado al país que no se destinarían recursos para este fin. "¿Qué se necesitan o no? En este momento no, estamos en una crisis económica y lo pueden postergar", concluyó el congresista.
Hasta el momento el ministro José Manuel Restrepo no ha aclarado el destino de los 345 mil millones de pesos adicionados en la segunda ponencia del proyecto de presupuesto para 2022.
Vale la pena recordar que, en medio de la discusión de la fallida reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, se estudiaba la compra de 24 aviones de combate de referencia F-16 Bloque 70, por un costo de 4.500 millones de dólares que se pagarían en un plazo de entre 7 y 10 años.
Esa millonada que se iba a destinar a la compra de aviones de guerra pesaba en el proyecto de reforma tributaria y había generado un profundo descontento en el Congreso, ya que la reforma buscaba recoger 25 billones de pesos y el costo de esas aeronaves ascendía a 14 billones de pesos.
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Sin embargo, en sus primeros días como ministro de Hacienda, Restrepo expresó que la compra de aviones de guerra no significa una prioridad para el país y adicionó que analizaría detalladamente cada uno de los rubros del erario público que implican un gasto para el Gobierno.
"Le pedí al equipo de Hacienda que empecemos a revisar, rubro por rubro, el presupuesto de la nación. ¿Qué es prioritario y qué no? Hemos hecho una buena parte del ejercicio y les digo abiertamente a los colombianos: para esos aviones no hay plata, no son prioritarios", afirmó en su momento.
Presupuesto para 2022
Son en total 350,4 billones de pesos, un 5.3% más con respecto al presupuesto anterior, con esto el Gobierno pretende solventar los gastos de su último año al mando del Estado.
Además, el Ministerio de Hacienda ha señalado que el objetivo es aumentar la inversión en distintos sectores y también dar continuidad a programas sociales, entre ellos, Familias en Acción, Ingreso Solidario, compensación del IVA, asistencia a Primera Infancia y Colombia Mayor.
Los rubros por sectores se distribuirán de la siguiente forma: educación ($49,3 billones), defensa ($41,9 billones), salud ($41,2 billones), trabajo ($36 billones), hacienda ($23,9 billones) e inclusión social ($21,7 billones).
El ministro de Hacienda hizo énfasis en los incrementos para inclusión social y reconciliación, un ajuste del 39,9 % frente al de 2021; educación se incrementa un 16,2 %; y salud y protección social un 21,6 %. También se incrementará el sector de infraestructura de transporte, en 13,5 % con relación al de 2021.
Sin embargo, la oposición se mostró en desacuerdo con algunos puntos del proyecto. Entre ellos, la inversión para la implementación de los Acuerdos de Paz y con el artículo que establece la eliminación de la Ley de Garantías, el cual fue catalogado como un mico del proyecto presentado por el Gobierno de Iván Duque.