El Ministerio Público de Panamá y el procurador (e) Javier Carballo, informaron este miércoles sobre nuevos avances en las investigaciones por abusos cometidos en albergues infantiles de Panamá que, desde el pasado 1 de marzo, han dejado cinco capturados por delitos de peculado y maltrato de niño, niña y adolescente.
Además, Carballo detalló que se han realizado inspecciones oculares en un total de 56 albergues e instituciones afines a nivel nacional, dentro de las investigaciones que lleva adelante el organismo que dirige. Mientras que hay 18 investigaciones abiertas y al menos unas 20 víctimas identificadas que, según el procurador, podrían aumentar con el paso del tiempo.
"Se han hecho una serie de diligencias, entre estas entrevistas a 150 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional" explicó el Procurador General de la Nación.
El procurador encargado reiteró su compromiso para investigar los actos ilícitos e irregularidades en los albergues administrados por la Senniaf, en los que desde 2020 la institución trabaja por una denuncia relacionada.
Cabe mencionar que las investigaciones se dieron después de la denuncia que presentaron diputadas y organizaciones panameñas ante la Procuraduría General con el fin de investigar los casos de abusos físicos, psicológicos y sexuales perpetrados durante los últimos años en albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
Según el informe, en unos 14 albergues estatales se registraron de 2017 a la fecha abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, cometidos por los internos y el personal a cargo.
"Creemos que una parte importante es que se ordene de manera procesal el cierre de esos albergues", declaró la legisladora Kayra Harding, quien insistió en que los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial tienen que tomar cartas en el asunto, pues "los niños siguen siendo víctimas de sus abusadores".
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La diputada suplente Walkiria Chandler D´ Orcy advirtió que aún hay menores de edad que son vulnerados por los regentes de albergues que reciben subsidios del Estado.
Además, en la investigación se han conocido escabrosos relatos de menores que afirman haber sido embarazadas y obligadas a abortar por parte de religiosos que dirigían estos centros infantiles.
En particular, las críticas se han concentrado en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Panamá (Senniaf), cuyas autoridades tratan de salvar responsabilidades alegando que los albergues son administrados por organizaciones no gubernamentales e iglesias.
Por ahora, continúan las manifestaciones ciudadanas que reclaman claridad en estos hechos y piden que los responsables sean juzgados por la justicia panameña.
