El Tribunal Supremo Federal de Brasil suspendió por diez votos a uno el traslado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) a una cárcel del estado de São Paulo.
El relator del caso, Edson Fachin, fue el primer juez en votar a favor de la suspensión de la transferencia, "para asegurar al paciente (Lula) el derecho a permanecer en Sala del Estado Mayor, tal como se encuentra en este momento", y su decisión fue seguida por amplia mayoría.
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El miércoles,
la Justicia Federal de Paraná, había determinado que Lula dejase la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde se encuentra actualmente, y fuese trasladado a una cárcel del estado de São Paulo.
Piden que sea puesto en libertad
La defensa de Lula recurrió ante el Supremo para anular el traslado, alegando que por su condición de expresidente debería tener derecho a una Sala de Estado Mayor, una sala reservada diferente de las celdas de los presos comunes.
También pidieron al Supremo que termine de evaluar la petición de habeas corpus que pide que Lula sea puesto inmediatamente en libertad alegando que Moro nunca actuó de forma imparcial, por lo que la condena debería ser anulada.
El traslado que no fue
El miércoles 7 de agosto, juez Paulo Eduardo de Almeida Sorci, de la justicia estadual de São Paulo, determinó que el expresidente fuera trasladado a la cárcel de Tremembé, en el interior de ese estado, según informó el portal de noticias G1.
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La decisión del juez llegó a horas de que la jueza Carolina Lebbos, que se encarga de la ejecución de la pena de Lula, determinara el traslado desde Curitiba, donde cumple condena actualmente, a São Paulo, por ser éste el estado donde el exmandatario tiene su domicilio y donde residen sus familiares.
Según la prensa local, su cárcel donde iba a ser trasladado alberga a presos comunes famosos por crímenes que tuvieron mucha repercusión mediática, como
Gil Rugai, quien mató a su padre y a su madrastra, o
Cristian Cravinhos, quien asesinó a un matrimonio por orden de la hija para hacerse con la herencia.
Lula continuará preso en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba; desde abril de 2018 está cumpliendo una pena de ocho años y diez meses de prisión por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
