La pelea del distrito por recuperar el parqueadero del estadio El Campín duró más de 23 años, tiempo en el que la administración distrital perdió cerca de 12 mil millones de pesos. Pero, ¿quién fue el dueño durante todo este tiempo de uno de los aparcamientos más rentables de la ciudad?
Todo empezó, como cuenta el Concejal de Bogotá Julio Cesar Acosta, a mediados de 1995 cuando el arrendatario original del predio Miguel Moreno Ramos, le cedió el contrato de arrendamiento a un particular empresario que tenía unas oficinas cercanas al predio, Bruno Felipe Acero Salamanca.
El contrato decía que la primera función de Moreno era prestar el servicio de parqueadero cuando hubiera eventos en el estadio, pero el Instituto Distrital de Recreación y Deporte se dio cuenta que en ocasiones Moreno no abría el parqueadero y los asistentes al centro deportivo congestionaban las calles y no encontraban donde estacionar. Por eso, dos años después de firmado el contrato, el 14 de octubre de 1994, el IDRD ordenó su caducidad y la restitución del bien.
Pero en una jugada maestra, el arrendatario cedió la posesión del bien a Bruno Felipe Acero, quien lo mantuvo desde la fecha hasta el pasado 17 de septiembre cuando la Alcaldía de Bogotá logró recuperar el bien. Aún cuando esa transferencia era ilegal, como lo estipulaba el contrato, Acero explotó el bien durante 23 años.
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Según el registro de Cámara de Comercio de Bogotá, Bruno Felipe Acero es un empresario con actividades de comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, actividades de espectáculos musicales en vivo, y alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo.
Es dueño de la empresa Comestibles Acero, una empresa creada en 1987, la cual, según el mismo registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, aparece como embargada en 2013 y nuevamente en 2014, de esta última no se encuentra decreto de desembargo hasta la fecha. Esta empresa tiene dirección comercial a escasas diez cuadras del parqueadero del estadio.
El empresario también es dueño de Fantas y Caribean Circus, una empresa de espectáculos en vivo con matricula de 1986, con la misma dirección de la otra compañía de Acero. Esta también cuenta con un decreto de embargo de la Cámara de Comercio emitido en 2015.
Respecto al patrimonio de Acero, se encuentra que tenía un activo total de 707 millones de pesos para 2013, pero desde esa fecha se empieza a devaluar el capital del empresario, que cayó a 54,450,000 de pesos en 2014, año del embargo de la primera empresa. A 2018 tiene un activo total de 15,000,000 de pesos.
Luego de que el IDRD solicitara la restitución del bien al distrito en 1994, Moreno presentó querellas y apelaciones con el fin de mantener el control del parqueadero por los 3 años restantes estipulados en el contrato. Este lío jurídico llevó a que el proceso se estancara hasta el 2011 cuando el Consejo de Estado decretó que se debía restituir el bien.
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En ese momento, para ahorrar un tiempo de dos años que costaba presentar la querella a la Alcaldía de Teusaquillo, el IDRD acordó entrar en conciliación con Acero. Este dijo que lo restituiría en 2012, según relata el concejal Acosta, pero luego pidió suspender la diligencia.
En una conciliación ante la Procuraduría, el empresario Acero solicitó una indemnización por cerca de 900 millones por concepto de sueldos y transporte. La solicitud fue negada por el IDRD y la entidad decidió interponer la querella aún cuando costara dos años tener una resolución.
Entre apelaciones y querellas pasaron cuatro años más, hasta el 19 de enero de 2018 cuando el Consejo de Justicia ordenó restituir el bien y la Alcaldía de Teusaquillo declaró como contraventor de las normas de espacio público a Bruno Felipe Acero.
El pasado 17 de septiembre, el secretario de Gobierno de Bogotá Miguel Uribe anunció que el distrito espera recuperar este predio en los próximos días y ponerlo bajo administración del IDRD, gracias a un fallo del Consejo de Estado.
Sin embargo, reconoció Uribe, la plata que dejó de recibir el distrito por concepto de arrendamiento, de 30 millones diarios y más de 12 mil millones de los 23 años de explotación ilegal, quedarán en veremos.
