La Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de imputar cargos a los exfuncionarios de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortua, exgerente de Hidroitunago S.A y Luis Javier Vélez Duque, exgerente de EPM Ituango. El ente investigador formulará cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales el próximo mes de marzo en una audiencia.
Además, el jefe del ente acusador sostiene que toda la construcción del megaproyecto fue subcontratada, lo que terminó con la aceleración del proyecto para que este concluyera en diciembre de 2018, fecha que no se cumplió.
Según la Fiscalía, que inició la investigación en 2017, en 2009, la junta directiva de Hidroituango decidió dejar en manos de un tercero el desarrollo de las obra, de tal manera que asumiera su construcción con autonomía, recursos propios y responsabilidad individual sobre los riesgos”.
Así las cosas, en 2009 la empresa convoca a empresas internacionales interesadas en realizar la obra; seis empresas se presentaron, pero un año después “la junta directiva de Hidroituango se reunió y suspendió el proceso de subasta por unas semanas, hasta que la misma junta se volviera a reunir y decidiera si reabría el proceso o lo daba por terminado, de tal forma que todos los precalificados tuvieran tranquilidad en el proceso. Sin embargo, los socios avanzaron en una negociación directa con una de las firmas, era EPM E.S.P., según consta en el acta núm. 111 del 9 de junio de 2010”.
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Y es el 10 de septiembre de 2010 que el IDEA de Medellín y EPM deciden “que las Empresas de Servicios Públicos de Medellín asumirían la construcción, financiación, operación y mantenimiento”.
Así las cosas, los oferentes internacionales fueron informados de que el proceso de subasta quedaba cerrado y se contrató la construcción de Hidroituango con EPM “por ser una empresa regional y, por consiguiente, autorizó el reembolso a los oferentes de los dineros pagados al iniciar el proceso, algo más de 19 millones de pesos”.
Esos hechos, considera la Fiscalía, fueron irregulares y dejaron por fuera otras empresas con más experiencia y eficiencia a la hora de construir una presa del tamaño de Hidroituango.
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“Yo no podría decir, ni la Fiscalía podría establecer una causalidad con las contingencias que han sucedido en la región en los últimos meses por virtud del proceso que se surtió, pero lo que queda claro es que se privó al proyecto de la competencia de empresas internacionales muy reconocidas y se optó por asignar a dedo este proyecto a las Empresas Públicas de Medellín”, dijo la cabeza del ente acusador, Néstor Humberto Martínez. Para la audiencia que se adelantará en marzo también están citados los exfuncionarios: Álvaro Villegas Moreno; Ana Cristina Moreno Palacios; Hugo Alejandro Mora Tamayo; Juan Felipe Gaviria Gutiérrez; Jesús Arturo Aristizábal; Maximiliano Valderrama Espinosa; Luis Javier Vélez Duque (calidad de gerente EPM Ituango) y Juan Esteban Calle Restrepo (gerente de EPM). Según el fiscal, “en el 2010 cuando se suspende la selección de contratista se convino que la obra fuera llevada por EPM sin concurrencia, sin competencia y sin el cumplimiento de los requisitos debidos para la contratación pública”.
Además, el jefe del ente acusador sostiene que toda la construcción del megaproyecto fue subcontratada, lo que terminó con la aceleración del proyecto para que este concluyera en diciembre de 2018, fecha que no se cumplió.
Según la Fiscalía, que inició la investigación en 2017, en 2009, la junta directiva de Hidroituango decidió dejar en manos de un tercero el desarrollo de las obra, de tal manera que asumiera su construcción con autonomía, recursos propios y responsabilidad individual sobre los riesgos”.
Así las cosas, en 2009 la empresa convoca a empresas internacionales interesadas en realizar la obra; seis empresas se presentaron, pero un año después “la junta directiva de Hidroituango se reunió y suspendió el proceso de subasta por unas semanas, hasta que la misma junta se volviera a reunir y decidiera si reabría el proceso o lo daba por terminado, de tal forma que todos los precalificados tuvieran tranquilidad en el proceso. Sin embargo, los socios avanzaron en una negociación directa con una de las firmas, era EPM E.S.P., según consta en el acta núm. 111 del 9 de junio de 2010”.
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Y es el 10 de septiembre de 2010 que el IDEA de Medellín y EPM deciden “que las Empresas de Servicios Públicos de Medellín asumirían la construcción, financiación, operación y mantenimiento”.
Así las cosas, los oferentes internacionales fueron informados de que el proceso de subasta quedaba cerrado y se contrató la construcción de Hidroituango con EPM “por ser una empresa regional y, por consiguiente, autorizó el reembolso a los oferentes de los dineros pagados al iniciar el proceso, algo más de 19 millones de pesos”.
Esos hechos, considera la Fiscalía, fueron irregulares y dejaron por fuera otras empresas con más experiencia y eficiencia a la hora de construir una presa del tamaño de Hidroituango.
