Defensores de derechos humanos y líderes sociales de ocho localidades de Bogotá radicaron una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, en la que piden sancionar al alcalde Enrique Peñalosa, por la falta de acciones frente a la expansión de grupos paramilitares en la ciudad.
@DavidFlorezMP[/caption]
“Le exigimos a la Procuraduría, que así como suspendió al alcalde de Tierralta, Córdoba, por no hacer nada para proteger la vida de María del Pilar Hurtado, haga lo mismo y obre en consonancia contra el alcalde Enrique Peñalosa”, aseveró.
[single-related post_id="1134466"]
Otros datos de la Defensoría revelan que en los últimos tres meses ha habido más de ocho jóvenes asesinados en Bosa. En Ciudad Bolívar, se han registrado al menos otros 15 crímenes.
David Flórez también dijo que en diversas reuniones con las Secretarías de Seguridad y de Gobierno de la ciudad, la administración capitalina ha insistido que en Bogotá no existen estos grupos.
“El paramilitarismo crece en la ciudad, amenaza, extorsiona, asesina jóvenes de los barrios populares y Enrique Peñalosa no hace nada”, concluye.
Luceris Segura, líder de Ciudad Bolívar, estuvo presente al momento de radicar la queja. La mujer informó que aunque desde el año pasado se emitió una alerta temprana, los gobiernos local, distrital y nacional “no han hecho ninguna acción”, mientras que la localidad “sigue sufriendo riesgos y asesinatos”.
Mauricio Esguerra, defensor de derechos humanos de Bosa, indicó que desde 2018 en esta localidad han venido aumentando las intimidaciones y asesinatos de líderes comunales, y la difusión de panfletos amenazantes, particularmente contra organizaciones sociales.
“Este año se han presentado dos casos de desmembramiento, cuatro panfletos y constantes amenazas, como en el barrio Villa Karen II, donde dos personas se han tenido que ir”, detalló.
También ha habido casos de control territorial en varias zonas de esta localidad.
Por su parte, Andrés Camilo Rodríguez, de Kennedy, advirtió que sumado al contexto nacional, “Bogotá no es ajena a la problemática” de asesinato de líderes por la actividad política y comunitaria de organizaciones sociales.
Este líder social denunció hechos como que personas no identificadas pidan listas de quienes participan en reuniones de asambleas de juntas de acción comunal, murales o grafitis que dicen “soberanía paramilitar AUC”, así como mafias estructuradas con vínculos con la Policía, e incluso, con políticos locales.
@DavidFlorezMP[/caption]
Durante un acto en la ciudad de Cali, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, informó que al menos 983 líderes sociales están bajo amenaza de muerte. "Es necesario creer lo que dicen los panfletos amenazantes, los cuales no se pueden ignorar", dijo al instalar la Mesa por la Protección a la Vida de las Mujeres.
Los asesinatos a líderes sociales han aumentado en un 50% desde 2018 y se mantienen en la impunidad, pues en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen, de acuerdo a la ONG de derechos humanos Somos Defensores.
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 20 de mayo de este año, 702 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en todo el país, según el informe de 2019 del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz).
Escuche las noticias más importantes del día:
David Flórez, abogado, investigador y promotor de esta acción disciplinaria, aseguró que el mandatario capitalino “no ha hecho absolutamente nada frente a las diversas alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo” por el actuar de estos grupos.Según dijo Flórez ante periodistas en las afueras de la Procuraduría, desde inicios de 2018 organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, especialmente grupos paramilitares, en la localidad de Ciudad Bolívar, y sobre la expansión de los mismos en Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Bosa, Kennedy y Puente Aranda, sur y suroccidente de la capital colombiana. “Las comunidades denuncian, la Defensoría corrobora este riesgo y afirma que efectivamente viene creciendo el paramilitarismo. La Alcaldía de Enrique Peñalosa no hace absolutamente nada (mientras) el mal se sigue propagando”, afirmó. La presencia de estas organizaciones criminales amenaza a más de 1’400 mil personas en esta zona de la ciudad, según cifras de la propia Defensoría. De acuerdo a la denuncia, las agrupaciones “posdesmovilización y paramilitares” están controlando el tráfico de drogas en la ciudad, extorsionan a pequeños comerciantes y articulan las mafias que funcionan en dichas localidades. También amenazan constantemente líderes comunitarios y son responsables de violaciones de derechos humanos, como asesinatos selectivos. Flórez cuestionó si, lo que llamó una “relación de convivencia de la Alcaldía Distrital con el paramilitarismo, tiene que ver con la presencia de partidos en su coalición de Gobierno, claramente ligadas” a este fenómeno criminal, como el oficialista Centro Democrático. [caption id="attachment_1135185" align="alignnone" width="1024"]Radicamos queja disciplinaria contra @EnriquePenalosa junto a líderes y lideresas de diferentes localidades de la ciudad, porque el alcalde no puede seguir desconociendo la presencia paramilitar en Bogotá. pic.twitter.com/7m8ioRNGdy
— David Flórez (@DavidFlorezMP) 4 de julio de 2019
@DavidFlorezMP[/caption]
“Le exigimos a la Procuraduría, que así como suspendió al alcalde de Tierralta, Córdoba, por no hacer nada para proteger la vida de María del Pilar Hurtado, haga lo mismo y obre en consonancia contra el alcalde Enrique Peñalosa”, aseveró.
[single-related post_id="1134466"]
Otros datos de la Defensoría revelan que en los últimos tres meses ha habido más de ocho jóvenes asesinados en Bosa. En Ciudad Bolívar, se han registrado al menos otros 15 crímenes.
David Flórez también dijo que en diversas reuniones con las Secretarías de Seguridad y de Gobierno de la ciudad, la administración capitalina ha insistido que en Bogotá no existen estos grupos.
“El paramilitarismo crece en la ciudad, amenaza, extorsiona, asesina jóvenes de los barrios populares y Enrique Peñalosa no hace nada”, concluye.
Luceris Segura, líder de Ciudad Bolívar, estuvo presente al momento de radicar la queja. La mujer informó que aunque desde el año pasado se emitió una alerta temprana, los gobiernos local, distrital y nacional “no han hecho ninguna acción”, mientras que la localidad “sigue sufriendo riesgos y asesinatos”.
Mauricio Esguerra, defensor de derechos humanos de Bosa, indicó que desde 2018 en esta localidad han venido aumentando las intimidaciones y asesinatos de líderes comunales, y la difusión de panfletos amenazantes, particularmente contra organizaciones sociales.
“Este año se han presentado dos casos de desmembramiento, cuatro panfletos y constantes amenazas, como en el barrio Villa Karen II, donde dos personas se han tenido que ir”, detalló.
También ha habido casos de control territorial en varias zonas de esta localidad.
Por su parte, Andrés Camilo Rodríguez, de Kennedy, advirtió que sumado al contexto nacional, “Bogotá no es ajena a la problemática” de asesinato de líderes por la actividad política y comunitaria de organizaciones sociales.
Este líder social denunció hechos como que personas no identificadas pidan listas de quienes participan en reuniones de asambleas de juntas de acción comunal, murales o grafitis que dicen “soberanía paramilitar AUC”, así como mafias estructuradas con vínculos con la Policía, e incluso, con políticos locales.
- Lea también Cuatro hijos y cuatro despedidas en la olvidada Soacha
- Lea también Bernando Beltrán, otro colombiano que no regresó
- Lea también Brigitte Baptiste, prueba tangible del futuro sexodiverso
@DavidFlorezMP[/caption]
Durante un acto en la ciudad de Cali, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, informó que al menos 983 líderes sociales están bajo amenaza de muerte. "Es necesario creer lo que dicen los panfletos amenazantes, los cuales no se pueden ignorar", dijo al instalar la Mesa por la Protección a la Vida de las Mujeres.
Los asesinatos a líderes sociales han aumentado en un 50% desde 2018 y se mantienen en la impunidad, pues en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen, de acuerdo a la ONG de derechos humanos Somos Defensores.
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 20 de mayo de este año, 702 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en todo el país, según el informe de 2019 del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz).
