El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó a la Corte Penal Internacional un mayor compromiso con los delitos cometidos por el Gobierno en Venezuela. Según un informe de la ONU, presentado este viernes 22 de junio las detenciones y procesos arbitrarios en barrios pobres representan una grave afectación a los derechos humanos.
El informe fue publicado este viernes luego del análisis de diversos testimonios de organizaciones sociales y víctimas de la represión del Estado, que fueron enviados a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
En el informe se determinó que las autoridades venezolanas no han responsabilizado a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura.
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Uno de los resultados más graves tiene que ver con 'falsos positivos' cometidos por las autoridades venezolanas en los barrios pobres del país durante las denominadas 'Operaciones de Liberación del Pueblo', OLP. El informe determinó que las Fuerzas de Seguridad del Estado incursionaron en los barrios pobres, detuvieron jóvenes sin orden judicial, asesinaron personas con cierto perfil común y simularon enfrentamientos armados para justificar las muertes.
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“Un conjunto de elementos aparece indicar más bien que las OLP constituyeron un instrumento para que el Gobierno mostrara supuestos resultados con respecto a la reducción de la delincuencia”, señaló el informe.
“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según el informe, la Oficina de Derechos Humanos no ha recibido información de las más de 397 investigaciones abiertas desde 2015 en contra de funcionarios de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Al parecer, el Estado ha callado respecto a los casos de violaciones de derechos humanos, lo que implica impunidad.
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“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia,” añadió Zeid Ra’ad Al Hussein.
El informe abordó la grave crisis social y humanitaria que vive el país y consideró que las autoridades no han hecho esfuerzos en disminuir las cifras de hambruna y falta de servicios básicos a los habitantes. En cifras de la ONU, el 87 por ciento de la población ha sido afectada por la pobreza y el 61 por ciento se encuentra en pobreza extrema. Además, el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a reconocer la magnitud de la crisis de su país.
"Vimos cifras que no podemos comprobar porque no tenemos acceso al país, pero cifras importantes, hemos documentado una situación en cuanto al derecho a la alimentación y la salud muy preocupante porque el universo de víctimas es inmenso", aseguró Amanda Flores, oficial de la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.
