En medio de la audiencia pública que realiza la Procuraduría General de la República en Medellín en la que participan diferentes actores involucrados en la emergencia ambiental y social causada por las fallas en el proyecto Hidroituango, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que el departamento era una víctima más del retraso generado por los daños en esta hidroeléctrica y contó que el túnel 3 del proyecto se había hecho sin licencias ambientales ni se había aprobado el concepto técnico.
Entre las razones expuestas por el mandatario para considerar a su departamento una “víctima institucional”, señaló que los atrasos en el cronograma de ese proyecto han llevado a que otras de las obras de infraestructura que había proyectado su administración en el Plan de Desarrollo, como el Ferrocarril de Antioquia, también sufrieran demoras “porque no hemos recibido los ingresos que esperábamos de noviembre 28 de 2018 en adelante”.
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Adicionalmente, dijo que su despacho no tiene claridad de cuándo empezará a recibir recursos pues Empresas Públicas de Medellín (EPM) no le ha notificado el cronograma de funcionamiento; es “indeterminado”.
Para defenderse de las eventuales responsabilidades por las que podía verse implicado en el proceso, Pérez dijo que si bien él figura como director de la junta administrativa del proyecto, existe un contrato que permite que EPM sea el encargado de construir y operar durante 50 años la hidroeléctrica sin que la junta pueda hacer control previo ni coadministrar.
En su intervención, la máxima revelación que hizo el mandatario antioqueño fue respecto al primer túnel que se taponó en el proyecto y causó la primera emergencia que obligó a desviar el agua del río Cauca por casa de máquinas. Según el gobernador esta fue la “semilla del descalabro del proyecto, el proyecto se realizó contra todas las advertencias”.
Pérez reseñó una serie de actas emitidas por la junta de asesores internacionales que tuvo EPM en las que, según dijo, se podía ver que no compartían la propuesta de hacer un túnel adicional y que estos vinieron a conocer el diseño técnico en julio de 2016, cuando su construcción había empezado en agosto de 2015.
Finalmente, el gobernador señaló que ya los entes de control nacionales habían dicho que esta parte de la obra se había construido sin su respectiva licencia ambiental y denunció que los constructores tenían conocimiento de que si algún día llegaba un caudal superior a 1.200 metros cúbicos por segundo este iba a estar en riesgo, hecho que era probable que pasaba porque durante abril el promedio del caudal del río era de 1.800 metros cúbicos por segundo y en 2014 este se había subido a 3.500.
A su turno el Procurador Fernando Carrillo sostuvo que se escuchó a las comunidades en la audiencia "a las comunidades hay que creerles el propósito fundamental de este encuentro era escuchar qué tenían que decir los habitantes, ese objetivo se logró enteramente".
https://twitter.com/fcarrilloflorez/status/1100874374545137666
En su intervención, la máxima revelación que hizo el mandatario antioqueño fue respecto al primer túnel que se taponó en el proyecto y causó la primera emergencia que obligó a desviar el agua del río Cauca por casa de máquinas. Según el gobernador esta fue la “semilla del descalabro del proyecto, el proyecto se realizó contra todas las advertencias”.
Pérez reseñó una serie de actas emitidas por la junta de asesores internacionales que tuvo EPM en las que, según dijo, se podía ver que no compartían la propuesta de hacer un túnel adicional y que estos vinieron a conocer el diseño técnico en julio de 2016, cuando su construcción había empezado en agosto de 2015.
Finalmente, el gobernador señaló que ya los entes de control nacionales habían dicho que esta parte de la obra se había construido sin su respectiva licencia ambiental y denunció que los constructores tenían conocimiento de que si algún día llegaba un caudal superior a 1.200 metros cúbicos por segundo este iba a estar en riesgo, hecho que era probable que pasaba porque durante abril el promedio del caudal del río era de 1.800 metros cúbicos por segundo y en 2014 este se había subido a 3.500.
A su turno el Procurador Fernando Carrillo sostuvo que se escuchó a las comunidades en la audiencia "a las comunidades hay que creerles el propósito fundamental de este encuentro era escuchar qué tenían que decir los habitantes, ese objetivo se logró enteramente".
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