Para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas (CSMLV), el esfuerzo fiscal requerido para el financiamiento de la Ley en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 debería ser de aproximadamente $129.29 billones de pesos, lo que supera el valor estimado por el Gobierno Nacional en $28.4 billones.
Según la Comisión, esto evidencia que tanto la ejecución como los recursos han sido insuficientes. Si se toma como referente el valor ejecutado para esta política pública en 2017, que fue de $13.5 billones, se calcula que para cumplir con los requerimientos de la ley se requieren cerca de 10 años adicionales.
Así mismo, se identificaron fallas de planeación e inconsistencias en los reportes sobre el cumplimiento de los indicadores del Conpes 3726. La Comisión aseguró que existe una insuficiente incorporación del enfoque étnico en la política de víctimas, consideró que se debe garantizar un escenario real de financiamiento y una mayor eficiencia financiera y administrativa para asegurar el cumplimiento de los derechos de las víctimas, por lo anterior, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta las conclusiones en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
La Comisión condenó el asesinato de 333 líderes sociales ocurridos entre el 1° de enero de 2016 y el 3 de agosto de 2018, según reportes de la Defensoría del Pueblo, así como la situación de riesgo en la que se encuentran los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, comunidades y autoridades étnicas.
Según reportes de la Unidad Nacional de Protección del total de las víctimas que tienen nivel de riesgo de seguridad extraordinario, solo el 24% tiene medidas de protección implementadas, lo que evidenciaría la limitada capacidad de esta entidad para brindar protección a las mismas.
Teniendo en cuenta que aún falta por indemnizar el 88% de las víctimas, la Comisión consideró que el Gobierno debe realizar un análisis frente a la capacidad presupuestal y administrativa para poder cubrir el monto total de los cobijados. Se recomendó a la Unidad para las Víctimas mejorar los reportes de información sobre la indemnización a comunidades étnicas y avanzar en la aplicación de las encuestas de caracterización y asesoría de la reparación, teniendo en cuenta las particularidades étnicas.
