Hace más de un año, Colombia estaba paralizada ante la posibilidad de que el proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), ubicado en el departamento de Antioquia, se derrumbara.
Las aguas del río Cauca se habían desbordado en las riberas y playas aledañas al área de la represa, obligando a cientos de familias a desplazarse hacia los municipios, después de perder sus viviendas y modo de sustento.
El proyecto hidroeléctrico más grande e importante del país se convirtió en una tragedia de enormes dimensiones para miles de colombianos. Aunque las labores de recuperación están en curso, todavía hay interrogantes sobre la continuidad de la obra.
Según determinó en marzo de 2019 un estudio de la firma noruego-chilena Skava, la obstrucción de un túnel auxiliar (conocido como GAD) de la hidroeléctrica, el 28 de abril de 2018, puso en peligro el proyecto, con el riesgo de un desbordamiento de las aguas por encima del muro del embalse, que se encontraba entonces a una altura de 278,03 metros sobre el nivel del mar (msnm).
Varios municipios aguas abajo de la represa fueron declarados en alerta roja, puntualmente Puerto Valdivia, Valdivia, Cáceres, Tarazá y Puerto Antioquia, que debían seguir la orden de evacuación inminente.
EPM[/caption]
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra las empresas que conforman la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. por delitos ambientales y por fraude procesal, al argumentar que la licencia ambiental solicitada a la ANLA para construir el túnel “se basó en documentación falsa”, por lo que se debía declarar ilegal.
Un año después de la emergencia y tras haber recorrido los municipios afectados en ese momento, la Agencia Anadolu hace un seguimiento a la situación de Hidroituango, tanto en las instalaciones de la obra, donde pudo conocer de cerca los trabajos de construcción e indagar sobre sus actuales condiciones de estabilidad, como también en la audiencia judicial donde un juez reconoció los derechos de las víctimas por las afectaciones causadas por el proyecto.
Esta creciente que mencionó la Fiscalía, que en palabras de un funcionario de EPM "no es una creciente, sino la conformación del embalse", afectó a las poblaciones de pescadores y mineros artesanales en las playas aguas arriba del río, que tuvieron que huir hacia municipios como Sabanalarga.
Así lo contó entonces María Olivia Herrera, minera artesanal: "El jueves pasado [10 de mayo de 2018], el agua se nos metió, todo quedó entre el agua. A mí lo que más me duele, doñita, es que si uno tuviera a dónde llegar, pero mirá dónde estoy porque no tengo un rancho donde vivir, no tengo casa, porque si yo tuviera un ranchito, ahora, ¿qué esperanza tenemos?”.
Al preguntarle por una cifra total de afectados del año pasado, Isabel Zuleta asegura que "nadie sabe cuántos somos y por eso es uno de los puntos de mayor discusión. EPM dice que los únicos damnificados son los que perdieron su vivienda y la Unidad de Gestión del Riesgo dice que no, porque la norma dice que hay diferentes tipos de población damnificada, entonces todo es un caos".
El juez 75 de control de garantías avaló el miércoles en su fallo la petición de la Fiscalía General de la Nación de reconocer como víctimas a las poblaciones de “Buriticá, Liborina, Caucasia, Tarazá, Toledo, Briceño, Ituango, Sabanalarga, Nechí, Valdivia, Peque, Cáceres, Ayapel, San Marcos, Majagual, Guaranda, Achí, San Jacinto y Magangué (...), que totalizan (según el censo del DANE 2005) 59.121 habitantes”.
Como expuso la Fiscalía durante el primer día de la audiencia el lunes, “todas esas personas son presuntamente afectadas por estar dentro del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango”. Para estas poblaciones, la Fiscalía solicitó adoptar "medidas urgentes e inmediatas encaminadas a salvaguardar los derechos fundamentales de la vida, la salud, el mínimo vital, la vida digna, la sostenibilidad alimentaria, el derecho al medio ambiente, a la salubridad pública de la que son titulares".
En este momento, el corregimiento de Puerto Valdivia es reconocido por EPM como el lugar donde aún permanece la alerta roja y por eso también continúan allí las labores con las comunidades damnificadas.
Trujillo afirma que en la actualidad, hay "2.600 familias afectadas en Puerto Valdivia, 1.100 aún continúan evacuadas, porque están dentro del caudal de los 8.100 m3 por segundo. Están autoalbergadas y EPM les brinda un apoyo económico. En apoyos económicos, se han entregado 23.000 millones de pesos".
Aparte de la casa de máquinas, también se cuentan varias afectaciones ambientales graves, señaladas por el juez en su decisión por delitos ambientales.
Una de las más conocidas ocurrió el pasado 5 de febrero de 2019 y los días posteriores, cuando "el nivel del río Cauca disminuyó exponencialmente, según el criterio de sus habitantes aledaños, el río se secó. Esto a raíz de la decisión de EPM de cerrar las compuertas que regulan el caudal, tras advertir fisuras en la casa de máquinas", según expuso la Fiscalía en la audiencia judicial.
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Esto generó la mortandad de unos 57.309 peces, según reportó EPM en febrero. Al respecto, Juan Fernando Morales, coordinador del equipo de recursos naturales de Hidroituango, afirmó que "ya fue informado oficialmente a la autoridad ambiental la muerte de unos 80.000 individuos pequeños, que suma alrededor de unos 800 kilos de biomasa. Es importante resaltar también que logramos rescatar y liberar nuevamente vivos al río casi 800.000 peces, una proporción de menos del 12% de peces que se afectaron".
Morales señala: "Es importante aclarar que el río nunca estuvo completamente seco. Siempre hubo suficiente agua, aguas abajo, estimamos de un metro o metro y medio en algunos sitios, pero siempre hubo agua suficiente para mantener las condiciones".
Otra de las preocupaciones que manifestó la Fiscalía durante la audiencia fue la proliferación del buchón de agua o las macrófitas sobre el cuerpo hídrico. La visita de unos peritos de la Fiscalía General de la Nación a la zona, el 24 de marzo de este año, "evidenció la presencia propagada de macrófitas, comúnmente conocidas como buchón de agua, sobre el espejo hídrico. Al momento de la visita se tenía una longitud de 8,5 kilómetros de presencia de buchón de agua".
Esta proliferación del buchón de agua, según la Fiscalía, genera un efecto llamado eutrofización del agua, que "elimina todo el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas acuáticas (...), que disminuye la producción de oxígeno dentro del cuerpo de agua, afecta el componente hidrobiológico, ya que al reducirse el oxígeno disuelto, se causa un desequilibrio a los ecosistemas acuáticos y se disparan poblaciones anóxicas que alteran la calidad del agua".
Sobre esto, Morales plantea que el buchón de agua era "un asunto que nosotros teníamos previsto en el proyecto, está establecido así en el plan de manejo ambiental que se elaboró desde el año 2009 y en la licencia ambiental con la cual el proyecto se está construyendo".
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Sostiene que el manejo que están haciendo de la planta "hasta ahora básicamente ha sido de extracción manual y mecánica, de acuerdo con nuestra licencia, dentro de los límites que podemos considerar estables de la macrófita, no hay motivo de preocupación por ahora y eso es un mensaje de tranquilidad que queremos dar".
Con respecto a la extensión de la planta, "hace un par de semanas, tuvimos un techo máximo en el que hemos alcanzado unas 220, 230 hectáreas de buchón de agua, como lo informó el gerente, y ahora el último dato que tengo son entre 130 y 135 ha", asegura Morales.
Sin embargo, la Fiscalía expuso que "se ha evidenciado que el manejo actual no es el idóneo, porque se evidencia la súper población del buchón de agua. El índice de crecimiento y reproducción de la planta es alto, superando la capacidad de remoción que está ejecutando EPM con el método utilizado".
Por ahora, EPM apeló la decisión del juez 75 de garantías y se espera sea resuelta en los próximos días. Los trabajos en la construcción de la obra parecen no dar marcha atrás, mientras la decisión judicial vuelve a abrir la discusión sobre la viabilidad del proyecto Hidroituango y su posible suspensión, temporal o definitiva.
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EPM[/caption]
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra las empresas que conforman la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. por delitos ambientales y por fraude procesal, al argumentar que la licencia ambiental solicitada a la ANLA para construir el túnel “se basó en documentación falsa”, por lo que se debía declarar ilegal.
Un año después de la emergencia y tras haber recorrido los municipios afectados en ese momento, la Agencia Anadolu hace un seguimiento a la situación de Hidroituango, tanto en las instalaciones de la obra, donde pudo conocer de cerca los trabajos de construcción e indagar sobre sus actuales condiciones de estabilidad, como también en la audiencia judicial donde un juez reconoció los derechos de las víctimas por las afectaciones causadas por el proyecto.
La alerta roja continúa
Al interior de las obras de Hidroituango el trabajo es intenso, sin pausa, constantemente monitoreado. Sin embargo, la alerta roja no ha descendido y esto significa que el riesgo de una catástrofe permanece latente. De eso son conscientes todas las personas que rodean el proyecto: trabajadores, contratistas, funcionarios y pobladores afectados. William Giraldo Jiménez, vicepresidente de proyecto Generación Energía EPM, quien lidera las obras en el complejo, le dijo a la Agencia Anadolu que "este primer año, después del 28 de abril [de 2018], que ocurrió la contingencia, ha sido un año complicado, difícil, porque nos ha tocado a punta de esfuerzos grandes recuperar y encauzar las aguas de este río Cauca". Uno de esos trabajos que se realizan es el sellamiento de los dos túneles que causaron la creciente súbita del río Cauca. Según Giraldo, "venimos empeñados en sacar esos taponamientos adelante para levantar la alerta roja que tenemos hoy en las comunidades de Puerto Valdivia". Según Myriam Trujillo, profesional ambiental y social de la vicepresidencia de proyectos de EPM, la empresa ya ha presentado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) “todos los elementos técnicos para que la alerta roja se baje a naranja, porque el proyecto ya ha alcanzado los hitos técnicos necesarios y esos riesgos inicialmente calificados como altos ya fueron minimizados”.- Lea también Vía Bogotá-Villavicencio: ¿Quién responde?
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¿Cuántas son las víctimas?
Frente al número de personas damnificadas por la emergencia del año pasado y los municipios que fueron afectados, no hay una cifra única y tampoco un consenso sobre quiénes deben ser declaradas víctimas. Según las cifras que maneja EPM, en el pico de la emergencia, 17.000 personas fueron evacuadas, puntualmente en los municipios del norte de Antioquia, aguas abajo de la hidroeléctrica. En este punto hace énfasis Myriam Trujillo: "Las poblaciones afectadas a partir de la contingencia, donde se generó la evacuación, estaban aguas abajo (...): Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia; Tarazá, Cáceres, Nechí y Caucasia. Solo esos cinco municipios podrían verse afectados producto de la contingencia, porque hicieron parte de las circulares en las cuales la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo trabajó los diferentes escenarios de riesgo y se hicieron unas alertas para cada una de estas poblaciones". Lo ocurrido a las poblaciones de los municipios aguas arriba, en consenso de los funcionarios de EPM que hablaron con la Agencia Anadolu, "es una situación totalmente diferente" de la contingencia. Ángela Benavides, abogada y asesora en materia de derechos humanos para el proyecto Hidroituango, aseguró que "las personas damnificadas del proyecto se encuentran aguas abajo del proyecto. Esto no lo decide propiamente EPM, se presenta por una circular emitida por el Sistema Nacional de Alertas Tempranas y por ende, las personas que se encontraban en una situación de damnificados están desde Valdivia hacia abajo del proyecto". [single-related post_id="1121958"] Sin embargo, la Fiscalía citó en el primer día de la audiencia judicial, el pasado 10 de junio, que "el 7 de mayo del año pasado, EPM informó que en la madrugada de ese lunes, se había presentado un nuevo derrumbe que había causado el taponamiento completo del túnel de desviación del río Cauca, generando un crecimiento de su nivel de aguas arriba y una inundación aguas abajo de la presa".
Esta creciente que mencionó la Fiscalía, que en palabras de un funcionario de EPM "no es una creciente, sino la conformación del embalse", afectó a las poblaciones de pescadores y mineros artesanales en las playas aguas arriba del río, que tuvieron que huir hacia municipios como Sabanalarga.
Así lo contó entonces María Olivia Herrera, minera artesanal: "El jueves pasado [10 de mayo de 2018], el agua se nos metió, todo quedó entre el agua. A mí lo que más me duele, doñita, es que si uno tuviera a dónde llegar, pero mirá dónde estoy porque no tengo un rancho donde vivir, no tengo casa, porque si yo tuviera un ranchito, ahora, ¿qué esperanza tenemos?”.
Al preguntarle por una cifra total de afectados del año pasado, Isabel Zuleta asegura que "nadie sabe cuántos somos y por eso es uno de los puntos de mayor discusión. EPM dice que los únicos damnificados son los que perdieron su vivienda y la Unidad de Gestión del Riesgo dice que no, porque la norma dice que hay diferentes tipos de población damnificada, entonces todo es un caos".
El juez 75 de control de garantías avaló el miércoles en su fallo la petición de la Fiscalía General de la Nación de reconocer como víctimas a las poblaciones de “Buriticá, Liborina, Caucasia, Tarazá, Toledo, Briceño, Ituango, Sabanalarga, Nechí, Valdivia, Peque, Cáceres, Ayapel, San Marcos, Majagual, Guaranda, Achí, San Jacinto y Magangué (...), que totalizan (según el censo del DANE 2005) 59.121 habitantes”.
Como expuso la Fiscalía durante el primer día de la audiencia el lunes, “todas esas personas son presuntamente afectadas por estar dentro del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango”. Para estas poblaciones, la Fiscalía solicitó adoptar "medidas urgentes e inmediatas encaminadas a salvaguardar los derechos fundamentales de la vida, la salud, el mínimo vital, la vida digna, la sostenibilidad alimentaria, el derecho al medio ambiente, a la salubridad pública de la que son titulares".
En este momento, el corregimiento de Puerto Valdivia es reconocido por EPM como el lugar donde aún permanece la alerta roja y por eso también continúan allí las labores con las comunidades damnificadas.
Trujillo afirma que en la actualidad, hay "2.600 familias afectadas en Puerto Valdivia, 1.100 aún continúan evacuadas, porque están dentro del caudal de los 8.100 m3 por segundo. Están autoalbergadas y EPM les brinda un apoyo económico. En apoyos económicos, se han entregado 23.000 millones de pesos".
Las afectaciones
Los hechos de mayo de 2018 ocasionaron un retraso en la apertura de Hidroituango. Su fecha de inicio de operaciones, antes de la emergencia, se estimaba para el 1 de diciembre de 2018. Los derrumbes al interior de los túneles y la descarga del agua del embalse hacia la casa de máquinas para evitar el colapso, el 10 de mayo de 2018, retrasó la entrega del proyecto para diciembre de 2021. Entre los daños más notorios causados por la emergencia, está sin duda el de la casa de máquinas de la hidroeléctrica, por donde circuló agua durante 271 días. Para descender hacia ella, se exige contar con un estricto esquema de vacunación. Unos túneles llevan hacia las cavernas de la almenara y casa de máquinas, donde el calor y la humedad son intensos, el piso es un poco resbaloso y del techo se observan algunas filtraciones de agua a lo largo del camino. La vista de la caverna es impresionante. Paredes derrumbadas, restos de las turbinas que ya estaban instaladas y columnas agrietadas conforman el escenario. William Giraldo apunta hacia la parte de arriba de la galería, donde se aprecia una textura rugosa: “Miren, la bóveda quedó intacta”, haciendo énfasis en la forma curva del techo, que se mantuvo, a pesar de la presión del agua. “Las turbinas 3 y 4 se perdieron”, señala el líder de la obra.
Aparte de la casa de máquinas, también se cuentan varias afectaciones ambientales graves, señaladas por el juez en su decisión por delitos ambientales.
Una de las más conocidas ocurrió el pasado 5 de febrero de 2019 y los días posteriores, cuando "el nivel del río Cauca disminuyó exponencialmente, según el criterio de sus habitantes aledaños, el río se secó. Esto a raíz de la decisión de EPM de cerrar las compuertas que regulan el caudal, tras advertir fisuras en la casa de máquinas", según expuso la Fiscalía en la audiencia judicial.
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Esto generó la mortandad de unos 57.309 peces, según reportó EPM en febrero. Al respecto, Juan Fernando Morales, coordinador del equipo de recursos naturales de Hidroituango, afirmó que "ya fue informado oficialmente a la autoridad ambiental la muerte de unos 80.000 individuos pequeños, que suma alrededor de unos 800 kilos de biomasa. Es importante resaltar también que logramos rescatar y liberar nuevamente vivos al río casi 800.000 peces, una proporción de menos del 12% de peces que se afectaron".
Morales señala: "Es importante aclarar que el río nunca estuvo completamente seco. Siempre hubo suficiente agua, aguas abajo, estimamos de un metro o metro y medio en algunos sitios, pero siempre hubo agua suficiente para mantener las condiciones".
Otra de las preocupaciones que manifestó la Fiscalía durante la audiencia fue la proliferación del buchón de agua o las macrófitas sobre el cuerpo hídrico. La visita de unos peritos de la Fiscalía General de la Nación a la zona, el 24 de marzo de este año, "evidenció la presencia propagada de macrófitas, comúnmente conocidas como buchón de agua, sobre el espejo hídrico. Al momento de la visita se tenía una longitud de 8,5 kilómetros de presencia de buchón de agua".
Esta proliferación del buchón de agua, según la Fiscalía, genera un efecto llamado eutrofización del agua, que "elimina todo el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas acuáticas (...), que disminuye la producción de oxígeno dentro del cuerpo de agua, afecta el componente hidrobiológico, ya que al reducirse el oxígeno disuelto, se causa un desequilibrio a los ecosistemas acuáticos y se disparan poblaciones anóxicas que alteran la calidad del agua".
Sobre esto, Morales plantea que el buchón de agua era "un asunto que nosotros teníamos previsto en el proyecto, está establecido así en el plan de manejo ambiental que se elaboró desde el año 2009 y en la licencia ambiental con la cual el proyecto se está construyendo".
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Sostiene que el manejo que están haciendo de la planta "hasta ahora básicamente ha sido de extracción manual y mecánica, de acuerdo con nuestra licencia, dentro de los límites que podemos considerar estables de la macrófita, no hay motivo de preocupación por ahora y eso es un mensaje de tranquilidad que queremos dar".
Con respecto a la extensión de la planta, "hace un par de semanas, tuvimos un techo máximo en el que hemos alcanzado unas 220, 230 hectáreas de buchón de agua, como lo informó el gerente, y ahora el último dato que tengo son entre 130 y 135 ha", asegura Morales.
Sin embargo, la Fiscalía expuso que "se ha evidenciado que el manejo actual no es el idóneo, porque se evidencia la súper población del buchón de agua. El índice de crecimiento y reproducción de la planta es alto, superando la capacidad de remoción que está ejecutando EPM con el método utilizado".
Por ahora, EPM apeló la decisión del juez 75 de garantías y se espera sea resuelta en los próximos días. Los trabajos en la construcción de la obra parecen no dar marcha atrás, mientras la decisión judicial vuelve a abrir la discusión sobre la viabilidad del proyecto Hidroituango y su posible suspensión, temporal o definitiva.
