El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, señaló que la gobernación contrató un grupo de abogados para encargarse de los cobros por las demoras en el proyecto Hidroituango, que se construye en el norte del departamento.
Según manifestó el mandatario de los antioqueños, son tres grupos de abogados los que trabajan para hacer efectivas las cláusulas penales de apremio y lucro cesante, por el retraso que presenta la culminación de la obra y la puesta en marcha de la producción energética.
“Cóbrale a tú amigo y lo perderás”, Luis Pérez sobre Hidroituango
Según señaló Pérez Gutiérrez, Hidroituango es un tema complejo y la Gobernación de Antioquia tiene la obligación de recuperarlo, porque le dejará al departamento en el futuro por lo menos 1 billón de pesos anuales. Por este motivo hay que salvarlo. “Nos va a dar muchísimos recursos para los 125 municipios de Antioquia”, reseñó el mandatario regional.
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La propia EPM definió el monto de las multas
Gutiérrez considera que su obligación como mandatario de los antioqueños es velar por los recursos que le pertenecen al departamento y a sus comunidades. En este caso, Empresas Públicas de Medellín (EPM) como constructor del proyecto "ha cometido graves errores, que no han permitido llevar a feliz término esta mega obra".
“Yo como gobernador no puedo dejar de cobrar esas multas porque la Contraloría me va a decir: ¿Usted por qué no defendió los recursos públicos de su departamento?”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que las multas que va a hacer efectivas el departamento, fueron fijadas por los mismos directivos de EPM a la firma del contrato.
“Yo estimo que esas cláusulas penales de apremio y lucro cesante, pueden estar costando entre 700.000 y 800.000 millones de pesos por cada año de retardo”, manifestó el mandatario local.
Se espera que la próxima semana, el grupo de juristas presenten las conclusiones de su trabajo y le expliquen al gobernador y a los abogados del área jurídica del departamento, cómo hay que proceder y cuáles son las medidas que se deben adoptar.
