Luego de que el domingo se diera a conocer que el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, podría no haber cursado una maestría que afirmó tener en su hoja de vida, este lunes se radicaron dos denuncias penales por falsedad de documento público.
Las denuncias del periodista Yohir Akerman hicieron eco en la opinión pública, al punto de generar que la ciudadanía, indignada por la gravedad de la situación, tomara la decisión de denunciar al alcalde.
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Augusto Ocampo, abogado que trabajó en la Secretaría de Gobierno del exalcalde Gustavo Petro, solicitó formalmente a la justicia colombiana que se realicen las investigaciones necesarias: “El tema es delicado ya que la hoja de vida se utilizó para una posesión (…) indujo al engaño", aseguró Semana.com.
Pero el alcalde también fue denunciado por el colectivo 'Revoquemos a Peñalosa', encabezado por Carlos Carrillo y Juana Afanador, responsables de las investigaciones que pusieron en duda el doctorado en Administración Pública, de la Universidad de París, que el burgomaestre afirmó tener. También buscan que sea investigada la supuesta maestría en Gobierno que Peñalosa dijo cursar en el 'Institut International d Administration Publique' (IIAP).
“Enrique Peñalosa Londoño lleva bastantes años diciéndole mentiras a la ciudadanía y se colocó como alcalde de Bogotá haciendo uso de publicidad falsa”, dice un comunicado de 'Revoquemos a Peñalosa'.
La denuncia del colectivo fue por falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y falsedad personal. El grupo también convocó a una movilización que se realizará el día 9 de junio, llamada 'La Estampida', la cual consistirá en "correr por la revocatoria para decirle al señor alcalde de Bogotá que se equivocó", según el propio movimiento.
Por su parte, el gabinete del Alcalde ha sido enfático en que el problema de convalidación de los títulos, los cuales Peñalosa adquirió en 1979, se debería a que en la época no había un sistema que validara estudios de esa clase. Los títulos habrían sido aprobados en 1998 tras una sentencia de la Corte Constitucional, según la entidad.
